Advirtieron en junio que lo harían si, una vez transcurrido un tiempo razonable para que se diera marcha atrás en las amenazas de recortes anunciadas por Vox, no se producían cambios y, finalmente, UGT y CCOO han decidido prender la mecha de las protestas en las calles de todas las capitales de provincia de Castilla y León con manifestaciones el próximo 27 de noviembre, ante lo que consideran la destrucción del diálogo social.
Invocaron entonces al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, esperando que interviniera para pararle los pies a los consejeros del vicepresidente, Juan García-Gallardo, en concreto, a su consejero de Empleo, Mariano Veganzones, y ahora entienden que Mañueco es el principal responsable de que la Junta vaya a tener que devolver al Estado 100 millones de euros que el titular de Empleo va a dejar perder, si no abre las convocatorias para esas ayudas antes de fin de año.
Se trata precisamente de fondos para políticas de empleo: programas dirigidos a la formación en prevención de riesgos laborales, orientación para los trabajadores, inmigrantes, contratación de mujeres víctimas de violencia de género y un largo etcétera, 18 en total, e incluso el abandono de la Cátedra de Sindicalismo, que en la Universidad de Valladolid ha rescatado, con financiación propia, el Ayuntamiento vallisoletano, ante la retirada de apoyo por parte de la Junta.
Dos presidentes de la Junta, y Mañueco, “blindado en su torreón”
Los secretarios generales de ambos sindicatos mayoritarios, Vicente Andrés, de CCOO, y Faustino Temprano, de UGT, coinciden en “la destrucción de todos los acuerdos” que se habían alcanzado el año pasado, firmados por Mañueco y vigentes para los próximos años, relacionados con la Consejería de Empleo, de Vox, mientras que sí se han ratificado los que afectaban a las consejerías del PP: Familia, Educación y Medio Ambiente.
Coinciden, asimismo, en el desmantelamiento de la Consejería de Empleo “desde dentro” (dimisiones del gerente del Servicio de Empleo, ECYL, del viceconsejero, y cese de jefes de negociado) y en que “hay dos presidentes de la Junta, el de las consejerías del PP y el de las consejerías de Vox”, mientras Mañueco, afirmaba Andrés, vive “blindado en su torreón, donde no recibe, y desde donde permite que cada consejería tome sus decisiones”.
Como ya hicieron en junio, los dos sindicatos piden al presidente que rompa el pacto con Vox, destituya a los consejeros de Gallardo y gobierne en minoría para evitar que continúe la quiebra de la paz social, una “seña de identidad” de la Comunidad Autónoma basada en el éxito del diálogo social desde la época de Juan Vicente Herrera, y que, entienden, atrae a empresas a Castilla y León. “El consejero de Empleo debería de trabajar no sólo para el mantenimiento del empleo, sino para su creación”, afirman, “pero un grupo pequeño lo está destruyendo todo mientras Mañueco mira para otro lado”.
Manifestaciones, juzgados y organismos internacionales
Los líderes sindicales anunciaron, transcurridos casi cuatro meses desde que le dieron al presidente de la Junta “un margen para negociar y poner el diálogo social en el carril de los acuerdos”, protestas en las calles, requerimientos en los juzgados y visitas a organismos internacionales donde denunciarán lo que está sucediendo en Castilla y León tras la llegada de Vox al gobierno de la Comunidad, y el “ridículo constante” que la comunidad está haciendo a nivel nacional e internacional.
Por un lado, explicaron, y “por primera vez en la historia, los sindicatos vamos a plantear un proceso de movilización contra las políticas de Castilla y León”, de modo que el 20 de octubre celebrarán una asamblea de los 700 delegados y delegadas de las dos organizaciones en las nueve provincias, que se celebrará en la Feria de Muestras de Valladolid, para arrancar con el proceso de protesta, a la que seguirá la convocatoria de manifestaciones el 27 de noviembre en todas las capitales, “buscando la alianza con la sociedad civil organizada y los partidos que compartan el espacio de protesta”.
Simultáneamente, ambos sindicatos y la CEOE en Castilla y León han iniciado la presentación de varios procedimientos en la vía contencioso-administrativa de requerimiento a la Junta para el cumplimiento de los acuerdos firmados e incumplidos por Vox, y todas las “palabras que destilan odio ante el mundo sindical”, sin despreciar posibles iniciativas posteriores, y “los tribunales dirán”.
Por último, denunciarán, previsiblemente en la semana del 24 de octubre, ante las instituciones europeas (el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo, el Comisario de Empleo), así como ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en Ginebra, “la política de persecución a sindicatos, contra mujeres, inmigrantes, y todo lo que se mueve” por parte de Gallardo y sus consejeros de Vox.
Y lo harán, recordaron, ante la misma institución internacional en la que presentaron, precisamente acompañados por la Junta y CEOE, en su momento, su modelo de diálogo social, que fue calificado como referente.
