El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, parece tener especial predilección por los salpicados por corrupción, delitos medioambientales y sobresueldos. Le ocurrió a principios de octubre del año 2018 cuando, de cara a los comicios que se avecinaban en 2019, rearmó su estructura. Y le ha vuelto a pasar. El pasado 31 de julio Casado comunicó públicamente los nombres de su nuevo núcleo duro, entre los cuales se encuentra Antonio González Terol, exalcalde de Boadilla del Monte y actual vicesecretario general de Política Territorial -el número tres de Casado-, quien ha sido salpicado recientemente por la Guardia Civil por la financiación irregular del Partido Popular en un informe del caso Púnica.
El exsubdirector General de Operaciones de ICM (Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid), Silvano Corujo, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la celebración de una presunta reunión mantenida en la Asamblea de la Comunidad de Madrid entre el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y José Martínez Nicolás, consejero delegado de ICM en aquella época. A la cita también acudieron Borja Sarasola (exdiputado de la Asamblea de Madrid y exconsejero del Gobierno de González), González Terol y personal del Canal de Isabel II, según la versión del denunciante.
En un informe policial fechado a 29 de mayo de 2019 al que ha tenido acceso ElPlural.com, la Guardia Civil da por probado que dicha reunión se celebró y tuvo lugar el 7 de junio de 2012. En ella, Ignacio González dio instrucciones para obtener dinero y sanear las cuentas del partido, mermadas tras los excesos de los comicios del año 2011.
“El objeto de dicha reunión, según manifiesta el denunciante, sería la petición de un millón de euros por parte de Ignacio González a José Martínez Nicolás para ‘sanear las cuentas del Partido’ tras los comicios del año 2011”, reza el informe.
Esta información fue investigada por el Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO de la Policía Judicial de la Guardia Civil en el marco de una pieza separada de la financiación ilegal de la formación popular en las elecciones del 2011; y se mentan varios delitos: blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, privados o mercantiles, cohecho, tráfico de influencias, malversación y fraude.
La conclusión del informe es que, efectivamente, tal reunión se produjo y las peticiones de González se materializaron.
La Guardia Civil investigó los registros de la Asamblea de Madrid de ese día y teniendo en cuenta la hora de la reunión, y las anotaciones del Departamento de Seguridad pone de manifiesto que “habría accedido en horario de tarde a la Asamblea personal de escolta y conductores de Vicepresidencia, así como conductores de Canal de Isabel II y del consejero de ICM”, dice la UCO.
Asimismo, las comunicaciones intervenidas del teléfono móvil de Martínez Nicolás revelaron que contactó con su conductor, “Julián”, nombre que coinciden con el de Julián Barranco, quien figura en el registro de la Asamblea. Además, los mensajes de Martínez Nicolás con Borja Sarasola confirman la reunión. “Ir al despacho de Inma”, dice Sarasola, a lo que Martínez Nicolás le responde que “estamos aquí”.
¿Estuvo Terol?
La UCO da por probado que la reunión se celebró y el objetivo era sanear unas cuentas mermadas a través de mecanismos irregulares. Sin embargo, queda en el aire si Terol, tal y como asegura Corujo, presenció los hechos.
Antonio González Terol ha negado a este periódico su presencia en ninguna reunión en la que “se haya solicitado financiación irregular para ningún partido, incluido el suyo”. “Si así hubiera sido, lo habría denunciado ante las autoridades competentes, como hice durante mi etapa como alcalde de Boadilla, en la que personé al Ayuntamiento como acusación particular”, argumenta.
“Además”, sigue respondiendo Terol, “el señor Corujo no afirma que estuviera presente en dicha reunión, lo único que señala es su duda de si yo estaba o no en la misma”. Por último, indica que “su presencia en dicha reunión hubiera sido absurda ya que no ostentaba en dicha fecha cargo ejecutivo alguno en la Comunidad de Madrid, ya que era diputado a dedicación parcial tan solo, y en el partido tan solo era el presidente del Comité de Afiliaciones”.
La financiación del millón
En la reunión, Ignacio González pide un millón de euros para sanear las cuentas del PP. Cabe recordar que se ha puesto de manifiesto en varios informes policiales que los populares superaron los gastos electorales permitidos en las campañas de 2007 y 201. Los excesos fueron ocultados a los oportunos organismos fiscalizadores y sufragados por empresas adjudicatarias.
En este sentido. La UCO recuerda que “se ha recogido en informes previos cómo Indra Sistemas S. A accedió en 2012 al requerimiento de ICM a la subcontratación de EICO Online Reputación Management S. L (empresa que también había participado en la campaña de 2011) en un contrato para la Dirección General de Medios de cara a incluir trabajos de medición de impacto en redes sociales”. “Además”, dice el informe, “consta que Indra no fiscalizó los trabajos de EICO, limitándose a sufragar las facturas presentadas por Alejandro de Pedro”.
“Con respecto a los pagos instados a través de ICM, Martínez Nicolás, en coherencia con lo declarado en sede policial, manifestó que el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid (Salvador Victoria Bolívar, le habría transmitido la necesidad de solicitar a Indra el pago de cantidades de dinero con destino a Alejandro de Pedro como consecuencia de la deuda”. La Guardia Civil confirmó la adjudicataria de ICM de Indra y cifró la facturación anual en unos 20 millones de euros. Los pagos entre Indra y De Pedro se habrían realizado “en metálico”.