PP y Vox han firmado su adhesión al Compromiso político con la actividad cinegética, un documentode la Real Federación Española de Caza, que considera que en España existe una “violencia animalista” y que eso menoscaba, entre otras cosas, las partidas de caza para disparar contra venados, jabalíes, tórtolas, patos, conejos, perdices o codornices.

Ese decálogo que han firmado dos de los partidos que pueden gobernar el próximo 23 de julio pide, entre otras cosas, “la creación de un Observatorio de la Violencia Animalista”. Una cuestión que contrasta y mucho con las decisiones que han ido tomando la derecha y la ultraderecha según han ido avanzando sus diferentes gobiernos en ayuntamientos y comunidades en las que han hecho desaparecer observatorios para combatir la violencia machista o las agresiones por LGTBIfobia.

Los primeros en firmar el documento fueron los de Abascal. De hecho, fue él mismo, su presidente, el que fijó su compromiso el 27 de junio de 2022. Ahora, el pasado 5 de julio fue la la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, la que se sumó.

En los comunicados con lao que la federación publicita sendos actos de firma destaca que se pide la derogación de la ley de bienestar animal –de cuyas disposiciones se liberó al sector de la caza tras una enmienda del PSOE–, pero no se hace referencia pública al punto en el que, al hablar de “favorecer la difusión de la imagen social positiva de la actividad cinegética”, se añade que “sin permitir la criminalización de conductas o juicios de valor previos que perjudiquen su imagen impulsando la creación de un Observatorio de Violencia Animalista”.

Casi paralelamente a la firma de Gamarra, se han producido los acuerdos para formar gobiernos entre PP y Vox como en Extremadura y la Comunidad Valenciana. En ambos territorios, donde se han asumido las tesis de Vox para no nombrar la violencia machista, sí han dado su respaldo a este concepto de “violencia animalista” promovido por los cazadores.

Lo cierto es que la caza da votos. Cada año la caza es mucho más minoritaria, pero es un voto fiel y tanto PP como Vox han hecho gestos en sus programas electorales para que se sientan representados y se lleven su voto.

Una muestra de ello es la Ley de Bienestar Animal que el Gobierno llevó al Congreso en agosto de 2022 fue enmendada –a petición de los diputados socialistas– para sacar a los perros de caza de la normativa en su aprobación final en marzo. 

Los datos demuestran que cada vez hay menos cazadores en España. Desde hace 30 años, las licencias han descendido un 53.%. De 1,4 millones a 680.000. De hecho, la propia Estrategia Nacional de Gestión Cinegética del Ministerio de Agricultura dice que el sector “se enfrenta a un envejecimiento de la población cazadora y a un escaso relevo generacional”.

Las mujeres y el colectivo LGTBI, olvidados

Sin embargo, los esfuerzos a favor del voto de los cazadores contrastan con la ofensiva que el PP ha asumido para pactar con Vox. Ni las mujeres, que representan más de un 50% de la población española, ni las personas LGTBI, que rondan el 10, están en las prioridades de ambos partidos y llevan años eliminando organismos que luchan contra las lacras de la violencia de género y la LGTBIfobia.

Por ejemplo, tras constituirse los ayuntamientos a mediados de junio, ya se empezaron a notar los efectos de la llegada de la extrema derecha a sus gobiernos. Ocurre por ejemplo en Orihuela, y en otros tantos ayuntamientos cercanos como ocurre en la provincia de Alicante. Allí, se ha eliminado la Consejería de Bienestar Social, Igualdad LGTBI y Desarrollo Rural. En cambio, en la localidad murciana contarán con la novedad de una Concejalía de Familia.

También Ciudad Real. La localidad tendrá por primera vez una Concejalía de Familia para "impulsar el apoyo familiar, el fomento de las familias y de la natalidad". Como exigencia, Vox ha conseguido fulminar las Concejalías de Igualdad de Género y la de Sostenibilidad-Agenda 2030.

En Burgos, el pacto PP-Vox ha hecho desaparecer la Concejalía de Mujer.

En septiembre de 2022 tanto PP como Vox votaron en contra de crear un Observatorio LGTBI en esa comunidad autónoma, en Castilla y León. La idea era que recogiera los delitos de odio contra el colectivo, pedido por toda la oposición.

Fue la procuradora socialista Nuria Rubio la encargada de presentar la proposición no de ley, desestimada en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, con el argumento de que es "necesario" y de que Castilla y León es la única Comunidad que no cuenta con este órgano.

"Está más que justificada su creación", indicaba asegurando que es "muy preocupante" el crecimiento de los delitos de odio que se estaba viviendo en la región.

Sin embargo, María Luisa Calvo (Vox) argumentó que los miembros de su partido sufren acoso y agresiones en mítines y no piden, por ello, la creación de un observatorio, mientras que Ricardo Gavilanes (PP) pidió esperar a la ley nacional para que no haya duplicidades. "No es el momento adecuado", indicó.