El Partido Popular (PP) no piensa dar tregua al Gobierno de coalición y prepara una ofensiva contra Pedro Sánchez que dará comienzo el mes de septiembre. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quiere a sus barones unidos y para ello les ha llamado a filas el próximo 6 de septiembre, buscando evitar así el excesivo volumen de algunas voces que en múltiples ocasiones se imponen a la suya. La encargada del llamado ha sido la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, y el frente prioritario escogido Cataluña, “un desafío histórico”.
Salvador Illa es ya el nuevo presidente de la Generalitat y a los socialistas les toca ahora dar cumplimiento a las concesiones prometidas a Esquerra Republicana (ERC). La definición de una financiación singular para Cataluña no gusta a casi la totalidad del resto de gobierno autonómicos, incluidos algunos encabezados por socialistas, y Feijóo ha citado el próximo 6 de septiembre a sus líderes territoriales para definir un argumentario común con el que bombardear al Ejecutivo, que recibe también el ataque desde el frente independentista, capitaneado por Carles Puigdemont.
El PP considera el acuerdo alcanzado entre PSC y ERC “un desafío histórico a nuestro marco constitucional” y “una reforma bilateral que rompe el sistema de financiación autonómica”, tal y como recoge la carta remitida por Gamarra a los barones territoriales y de la que se ha hecho eco ElMundo. La premisa parece clara; sin embargo, las evidentes diferencias territoriales entre los territorios gobernados por el PP y el temor de que el Ejecutivo central consiga convencer a las autonomías con reformas del sistema de financiación reclamadas históricamente quiere ser disipado por el presidente de los conservadores.
Nada tienen que ver los problemas de financiación que pueden sufrir Madrid, Valencia o Andalucía con el de regiones como Castilla y León, Baleares o Extremadura. Unas despobladas y otras con una población creciente, agudizada en épocas turísticas; pero todas con la mayor financiación estatal de su historia. El Gobierno central saca pecho con los más de 150.000 millones destinados a las arcas autonómicas y amenaza con atender a las realidades territoriales y poblacionales de cada territorio para abordar reformas de la financiación, lo que podría desmontar la estrategia de Feijóo.
Diversificación de ataques
La asunción de una posición común en materia de financiación territorial entre las diferentes autonomías es compleja. No obstante, el PP cuenta con más líneas de ataque que activará en septiembre para no dejar respirar al Gobierno. La crisis migratoria que afrontan las Islas Canarias, en cuya última contienda los populares se quedaron a medias entre el reparto solidario reclamado por el archipiélago y los partidos de la coalición y las tesis racistas y xenófobas de Vox; la figura de Óscar Puente, en el foco por los últimos problemas ferroviarios; y Venezuela son las otras vías de ataque.
El Grupo Parlamentario Popular ya ha registrado tres peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para abordar estas cuestiones, a las que se suman las que tendrá que valorar la diputación permanente el 27 de agosto y que afectan al ministro de Transportes, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.
Estas dos últimas, las dos figuras políticas más importantes de la parte socialista del Gobierno, han sido llamadas por los de Feijóo por la disputa nacionalista. Por la nueva financiación catalana, en el caso de la titular de Hacienda, y por la petición de que las federaciones deportivas catalanas y vascas puedan competir en algunas disciplinas deportivas. Por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ya ha desfilado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, donde dio respuesta a las acusaciones de apoyo a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y lo hará próximamente Puente.
Los conservadores suman a esta batería las peticiones de dimisión de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y Margarita Robres, ministra de Defensa, por la situación vivida con la vuelta y huida de Puigdemont. Septiembre llega cargado y promete una nueva entrega de enfrentamientos entre Gobierno y oposición, en la Cámara Alta y en la Baja, que devolverá a políticos y ciudadanos de las vacaciones a una realidad crispada ya habitual.