Tras su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado viernes, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno de Pedro Sánchez han llegado al Congreso de los Diputados aún sin una mayoría en el arco parlamentario que permita su aprobación. El principal socio de Sánchez es Pablo Iglesias, con quien pactó las cuentas. No obstante, en los últimos días, Podemos ha denunciado más de una decena de incumplimientos de aquel documento firmado entre el presidente y el líder morado, por lo que ni siquiera su apoyo está garantizado. Tanto es así, que Irene Montero, ya de vuelta tras su baja por maternidad, ha vuelto a lanzar un aviso a navegantes.

“Si no se cumple punto por punto el acuerdo presupuestario, no va a haber Presupuestos”, ha espetado Montero en los pasillos del Congreso.

La portavoz parlamentaria recuerda que llegaron a un acuerdo Sánchez e Iglesias y que, en consecuencia, el mensaje es sencillo: “Si no se baja el precio de la factura de la luz, si no se baja el precio del alquiler, si no se garantiza que haya permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles y 100% remunerados, no va a haber Presupuestos”.

Eso sí, Montero ha dibujado un atisbo de esperanza: “No nos cabe duda de que el Gobierno va a cumplir lo pactado punto por punto”.

La clave es que las medidas acordadas por el presidente del Gobierno y el secretario general de Podemos van más allá de los Presupuestos y su impulso no tendría su génesis en los Presupuestos como tal. Por este motivo, Montero pide que se inicie su desarrollo “antes de la aprobación de los Presupuestos”. En otras palabras, su apoyo estaría supeditado a la puesta en marcha de estos puntos. No contemplan otro escenario: “No nos cabe otra opción a que el Gobierno cumpla con lo pactado”.

Podemos señala, concretamente, once incumplimientos. Se trata de medidas para reducir el precio del alquiler, el de la factura de la luz, incluir en el Código Penal que “solo ‘sí’ es ‘sí’”, la baja de cuotas de los autónomas, la revalorización de las pensiones por ley, reducir las bonificaciones a la contratación, la derogación de los elementos más lesivos de la ley mordaza y el respeto e impulso del informe de los expertos en materia de justicia universal.