Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, solicita una condena de cuatro años de prisión y otros tres años de suspensión de empleo para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien acusa de un delito de revelación de secretos por difundir datos reservados sobre la investigación por fraude tributario de la que es objeto. Además, reclama una indemnización de 300.000 euros por los “perjuicios morales causados” y exige que tanto García Ortiz como Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid y también procesada, depositen una fianza de 400.000 euros en vistas al juicio.
En su escrito de acusación, González Amador sostiene que “las consecuencias de los hechos delictivos protagonizados por los acusados” han supuesto un “daño continuado e incesante” a su intimidad, protección de datos, presunción de inocencia, derecho de defensa y honor, al punto de considerarlos “de imposible restitución”. “Se han generado daños irreparables sobre todo aquello que, con esfuerzo, se construye durante años (...), sin que exista un solo día desde el 14 de marzo de 2024 en el que algún personaje político o periodístico no le denomine públicamente como delincuente o defraudador confeso”, añade el texto.
Las plegarias de González Amador
La acusación particular solicita, además, que se imponga a Álvaro García Ortiz una multa de 108.000 euros, recordando que su sueldo en 2023 fue de 133.525 euros anuales, distribuidos en doce pagas de 11.127 euros. También reclama su suspensión de empleo y sueldo durante tres años y su inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado.
En el caso de Pilar Rodríguez, a quien considera cooperadora necesaria de la filtración del correo, Gonzalez Amador exige una pena de tres años de prisión. Además, su petición incluye una multa de 33.000 euros, así como una suspensión de empleo y sueldo por un periodo de dos años, además de su inhabilitación para continuar como fiscal jefe provincial de Madrid.
Su vinculación con el Gobierno
No conforme con ello, González Amador vincula las filtraciones al Gobierno y al PSOE, señalando de forma directa al ex secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, y al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Según expone, los mensajes entregados al Tribunal Supremo por el ex secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, evidenciarían que ambos estaban al tanto de las maniobras destinadas a perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid mediante la difusión de sus correos electrónicos.
Entre los mensajes citados, figura uno en el que Cerdán insta a Lobato: “Pero no te quedes en si lo sabía, hay que pedir la dimisión. Tiene que salir todo el PSM pidiendo la dimisión de Ayuso”.
La defensa de González Amador subraya además que, en paralelo a estas conversaciones, el propio Pedro Sánchez reclamó públicamente la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, y sostiene que su pareja “había pasado a formar parte del contenido de la política de comunicación del Gobierno de España y del Partido Socialista Obrero Español”.
Los correos electrónicos, añade el escrito, llegaron a Moncloa, circunstancia que ya fue recogida por el magistrado Ángel Luis Hurtado en su última resolución, donde concluyó que García Ortiz habría filtrado el material “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”.
El procedimiento, que forma parte de las investigaciones relacionadas con el entorno familiar y político del presidente del Gobierno, mantiene abierto un escenario de posibles consecuencias judiciales y tensiones institucionales. La causa sigue bajo la dirección del magistrado del Tribunal Supremo, quien deberá decidir si se abre juicio oral a partir de los escritos de acusación presentados por las partes personadas.
El PP también entra en escena
La acusación particular presentada por la defensa de Alberto González Amador se suma a la creciente presión política que rodea la continuidad de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. Desde el Partido Popular, se califica la situación de “máxima gravedad” y, en palabras de varios dirigentes, se advierte que el fiscal general “está a medio telediario de sentarse en el banquillo”.
Por otro lado, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha elevado el tono de su acusación y solicita seis años de prisión y doce de inhabilitación para García Ortiz, a quien considera presunto autor de los delitos de prevaricación y revelación de secretos.
El escrito de acusación incide, además, en que García Ortiz eliminó sus mensajes de WhatsApp en cuanto se inició la causa y sustituyó su teléfono móvil. No obstante, la defensa de González Amador considera que existía otra vía para acceder a esos mensajes y reprocha que el fiscal general se haya negado a activarla.
Ha asegurado que, "de esta forma, el acusado Álvaro García Ortiz ha procedido a la eliminación de todos los soportes remotos donde debería estar alojada su inocencia, y posee en sus manos el soporte de registro local del que debería aflorar su inocencia, decidiendo no aportarlo al órgano al que nos dirigimos para que la imparcial fuerza actuante, la UCO, pueda someterlo a su pericia, y ello por evidentemente contener unos (los borrados) y otros (los no entregados) el registro detallado de su actividad delictiva"