Casi una centena de viviendas del barrio del Cerro del Moro de Cádiz están en una situación límite, con ratas, humedades, fachadas que se caen o suelos llenos de grietas. Una coyuntura que desde hace 30 años que la Junta de Andalucía les promete una rehabilitación para dar solución pero que todavía no llega. Es dentro de dos años, en 2026, cuando tiene que estar construido un nuevo edificio en la zona para realojar a las familias que viven estas casas, declaradas en ruina, pero ahora las condiciones han cambiado.

La Administración que lidera el popular Juan Manuel Moreno Bonilla les dará un nuevo hogar siempre que los vecinos las vendan, renuncien a la propiedad y vivan en régimen de alquiler. La promesa es que, en 50 años, puedan volver a comprarlas, pero los ciudadanos -en concreto 67 familias- denuncian haber sido "engañados" por el Gobierno andaluz y estar siendo forzados a contraer una deuda a largo plazo.

Moreno Bonilla promete mientras pide

Tal y como ha publicado este lunes elDiario.es, los vecinos del barrio del Cerro del Moro de Cádiz que quieran una nueva casa por rehabilitación de las suyas -declaradas en ruina- tendrán que renunciar a la propiedad de la antigua y permanecer en régimen de alquiler durante unos 50 años antes de volver a ser dueños de una vivienda. Todo ello antes del año 2026, cuando la Junta de Andalucía tiene que tener construido un nuevo edificio para realojar a estas familias.

Todo esto comenzó en los años 50, cuando se construyeron casas para gente en riesgo de exclusión. Los edificios iban a ser temporales, por lo que las levantaron con materiales baratos y de mala calidad. Estas, en 2024, siguen en pie y con 67 familias viviendo en su interior. Concretamente en las calles Trafalgar y Batalla del Callao del citado barrio, y en uno de ellos se puede leer en su fachada el lema Delegación Nacional de Sindicatos. Grupo San Fermín. 70 viviendas. 1956.

Junto a estas, también lleva en pie la promesa de rehabilitarlas desde hace 30 años, pero solo se ha restaurado seis de ocho partes, quedando todavía la séptima y octava fase del Cerro del Moro. Las cinco primeras eran de régimen en alquiler mientras la sexta era de propietarios, como las dos que aún siguen levantadas sin solución. Cabe destacar que en estas casas viven personas mayores, algunas de ellas con dificultades de movilidad, pero también hay jóvenes, por lo que muchas todavía tengan hipotecas.

Como recoge el citado medio, el plan iniciar era que los vecinos entregaran sus viviendas como depósito para que valieran como la entrada para una nueva casa. El resto lo podían pagar en plazos de entre 10 y 25 años, con la posibilidad de escriturarlas a los seis años. "Una vez transcurrido ese plazo, la casa vuelve a ser de tu propiedad", apunta Enrique Estévez, portavoz de los vecinos de la séptima fase, en declaraciones.

Renunciar para ser dueño... en 50 años

Sin embargo, al revisar la documentación de la licitación del nuevo edificio, hay un detalle en el que nadie había recaído y del que nadie les había informado. Concretamente figura que estas nuevas casas van a ser VPA o viviendas de protección del alquiler, algo que más tarde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha confirmado. De esta forma, los vecinos tienen que vender sus casas a la Junta, renunciando a la propiedad de la misma, para convertirse en inquilinos.

La Junta de Andalucía ha confirmado este cambio en las condiciones, aunque ha intentado convencerles de que no les va a perjudicar. De hecho, señalan que el nuevo edificio se paga en parte con el programa 6 Eco-Vivienda, de fondos europeos Next Generation, cuyos requisitos exigen que las viviendas deban destinarse a régimen de alquiler. Una vez transcurran 50 años, los inquilinos tendrían derecho a comprar las casas de nuevo.

Nos sentimos engañados. Lo que se promete es deuda

"La opción de compra se ofrece en el año 46 y se puede ejercitar a partir del 50. Si los inquilinos fallecieran, los herederos que cumplan los requisitos legales para acceder a una vivienda protegida, podrán subrogarse en el contrato de alquiler y futura compra", detallan textualmente. Pero incluso aseguran que los vecinos siempre han conocido estas condiciones, algo que los habitantes niegan. "Nos sentimos engañados. No es justo. Lo que se promete es deuda", dice una de las vecinas. “Nos ofrecieron un caramelo, pero, al final, nos han dado el papel nada más", apunta otra.

Los vecinos quieren mantener la propiedad de sus casas ahora dado que en 50 años desconocen la situación en la que se puedan encontrar. Cabe destacar que solo podrán quedarse con la casa si para entonces todavía reúnen las condiciones para recibir una vivienda protegida, es decir, estar en situación de vulnerabilidad con sueldos bajos. "Nos condenan a ser pobres siempre. Si quieres tener una casa, no puedes prosperar. Por no hablar de todo lo que puede pasar en 50 años", señala un vecino a elDiario.es.

"Es clasismo"

Por su parte, la oposición en el Ayuntamiento -Adelante Izquierda Gaditana y PSOE- ha denunciado esta situación en el último pleno, en el que se aprobó un nuevo trámite urbanístico para avanzar en la operación. Para el portavoz de Adelante, David de la Cruz, esta situación es de "clasismo", hasta el punto de que considera que "la Junta jamás plantearía algo así en un barrio rico". Por su parte, el alcalde, el popular Bruno García, ha elevado la petición de una solución al Gobierno andaluz de Moreno Bonilla.

Por ahora, ninguna de las 67 familias ha firmado nada, pero ya se han producido las primeras reuniones entre los vecinos y la AVRA para cerrar esta situación. La Agencia quiere convencer a los habitantes que esta es su única opción para poder tener una nueva casa. De hecho, esperan que la mayoría de los vecinos acepte, lo que crea presión para aquellos que están dudando, quienes se ven "sin casa nueva". Los vecinos han denunciado amenazas, presiones e intentos de dividirles en estos encuentros.