La solidaridad fiscal no está en entredicho. La financiación singular para Cataluña que subyace del pacto de investidura de Salvador Illa suscrito con ERC no pone en jaque la redistribución ni favorece a las autonomías más ricas. Así lo ha defendido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en el debate monográfico a petición del Partido Popular. La número dos del Ejecutivo, que desgranó la “contradicción” constante de la principal fuerza de la oposición y expuso su “irresponsabilidad fiscal”, ha defendido que bajo ningún concepto afecta a la “igualdad interterritorial”, mientras que recuerda que el vocablo “solidaridad” no es sinónimo de “dumping fiscal”, en alusión a la política impositiva de los territorios de signo conservador.

La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, al contrario de lo que se desprende del argumentario de la oposición, ofrecen cobertura legal al controvertido concierto económico catalán. El proyecto, emanado del acuerdo que el PSC de Salvador Illa suscribió con ERC para su investidura, no atenta contra los principios “ni de igualdad ni de solidaridad”. Al menos así lo ha defendido la vicepresidenta primera en sede parlamentaria este mismo jueves, mientras instaba al Partido Popular a abandonar su posición “destructiva” y mirar este pacto fiscal como “un estímulo” que favorezca acuerdos entre todas las fuerzas para robustecer la financiación autonómica y evitar el “inmovilismo” que provoca la “confrontación” constante entre territorios.

Durante aproximadamente unos 45 minutos, la también ministra de Hacienda recopilaba las píldoras argumentales que se han vertido desde Ferraz y Moncloa en estas últimas fechas para defender un acuerdo que no sólo está blindado por la Ley fundamental sino que también se ampara en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. De hecho, ha precisado que, lejos de poner en jaque la igualdad interterritorial, el concierto económico para Cataluña “no quiebra” en absoluto el principio de solidaridad entre las diferentes autonomías. No obstante, eso sí, ha deslizado que para garantizar la equidad en la calidad de los servicios públicos en todo el país, las comunidades deberán acometer un “esfuerzo fiscal” para igualar la cantidad de recursos. Especialmente las de dominio popular, a quienes se ha referido en el grueso del tiempo utilizado para su alocución.

Un PP “irresponsable”

A tenor de las queja constante del Partido Popular, recordaba que no hace tanto eran los conservadores quiénes defendían un modelo “singular” para Cataluña. Montero se retrotrajo hasta los tiempos en los que Josep Piqué lideraba el PP catalán o incluso cuando el actual presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, sostenía que se podía hablar de este tipo de cuestiones “cuando era presidente de la Xunta de Galicia”. De inmediato, abordó  las “contradicciones” estratégicas de los populares, detectando cierta hipocresía en su recetario al haber territorios bajo su dominio que demandan más dinero al Gobierno mientras dan la espalda a los objetivos de déficit. “¿Dónde está la coherencia del PP? Cuesta trabajo seguir el hilo argumental. Contradicciones sin propuestas sinceras”, ha rematado.

Montero percutió en la batalla argumental con una alusión a la única aportación del Partido Popular en este debate en clave propositiva: un “decálogo” elaborado por los conservadores que el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, presentó con una puesta de escena similar al del Palacio de la Moncloa. Al hilo de esto, la vicepresidenta primera ironizó sobre lo “larga y cuesta arriba” que se le está haciendo la legislatura al PP si “tienen que buscar decorados presidenciales para animar” a su máximo responsable.

Sornas mediante, Montero rescató de ese documento la “lealtad institucional” que exigía el PP en términos de financiación. Demanda que contrasta, según exponía la vicepresidenta, con la actitud de dicha formación; máxime cuando desde Génova se ordena a sus emisarios en el extranjero que “hablen mal” de España. “Lealtad institucional es trabajar al servicio del país sin importar el color político”, agregó. “Lo dicen sin ningún pudor”, abundaba una María Jesús Montero que advertía del notorio incremento en inversión autonómica desde que Sánchez llegara a Moncloa en el año 2018: “300 mil millones de euros más que el Gobierno de Rajoy”.

Solidaridad no es dumping

La vicepresidenta primera, que ha acusado a los populares de “practicar una política fiscal irresponsable”, ha garantizado que el concepto de “solidaridad” no está en jaque con el acuerdo suscrito entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña. “Aseguramos que para un extremeño o gallego, la provisión de servicios de su autonomía tiene que estar al nivel de la que tiene un catalán, con un esfuerzo fiscal similar”, ha verbalizado Montero, quien preguntaba al PP si de verdad esta cuestión “atenta” contra el principio de igualdad.

Así, el acuerdo no hace sino blindar la autonomía catalana y garantiza la solidaridad, además de avanzar en una “visión compartida” de federalismo. “Este acuerdo supone un estímulo y la oportunidad de aproximarnos al debate de financiación autonómica con una nueva mirada. Tenemos que salir de ese callejón sin salida porque los territorios se mantienen en posiciones de máximos”, expone la número dos de Sánchez, quien entiende que esta situación ha llevado a todos al “inmovilismo” porque nadie está dispuesto a ceder en pos de un “acuerdo global”. “Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo; primero, en el interior de nuestros partidos, y después en esta Cámara”, ha apostillado.

Por lo tanto, para Montero un debate sobre financiación autonómica no puede desarrollarse en el campo de batalla de actual, donde predomina la “estrategia de confrontación territorial”. “Va de cómo somos capaces de incorporar tecnología al sistema sanitario o de cómo conseguir que la Educación pública sea de calidad y se convierta en ascensor social o sobre cómo garantizamos la mejora de la dependencia y atención a los más vulnerables…”, ha ejemplificado la vicepresidenta primera, que subraya que han de ser capaces de avanzar y que permita “aspiraciones de mayor autogobierno” y que conduzca a un estado autonómico descentralizado, que garantice la solidaridad y reconozca singularidades. En suma, describe el concepto solidaridad como “todo” a lo que el PP se ha opuesto o “ha boicoteado” en el Congreso de los Diputados, haciendo especial hincapié en su voto en contra de los objetivos de déficit contra el criterio de las autonomías que lo respaldaron.

El PP se enroca

A pesar de que Montero ha reiterado que la “solidaridad interterritorial” no se quebraría con la singularidad catalana, el Partido Popular se mantiene en sus trece. Así lo expuso desde la tribuna el portavoz económico de los conservadores, Juan Bravo, quien acusaba a la vicepresidenta de haber centralizado sus tres cuartos de hora de discurso en atacar al principal partido de la oposición en lugar de desgranar las interioridades del modelo fiscal. “No ha dicho nada”, reiteraba a gritos desde el atril del Hemiciclo, insistiendo en que supone una suerte de “secesionismo fiscal”.

Bravo reviste el acuerdo de elemento disruptor de la equidad  que debería comportar un reparto autonómico y entiende que el pacto con ERC como una fábrica de “generar independentistas de primera y españoles de segunda”, además de quebrar el principio de “igualdad entre españoles” y el de “convivencia”. “Erosiona la solidaridad”, remataba.

Por su parte, concluido el turno del Partido Popular, el portavoz económico de Vox, Pablo Sáez ocupaba su sitio en la tribuna del Congreso de los Diputados. El ultraderechista daba un paso más en el "ruido" que Montero atribuía a la oposición de las derechas.

Sáez considera que la financiación singular catalana comporta un "perjuicio de la unidad de España" que, al contrario de lo defendido por el Gobierno, "no favorece ni la igualdad ni la equidad". "O alguien recibirá menos o todos pagaremos más", apunta. En este sentido, el diputado de Vox cree que se trata de una "conspiración criminal" tanto de PSC como de Esquerra Republicana de Catalunya, precisando que su formación plantea una enmienda a la totalidad de la propuesta. 

ERC y Junts exhiben sus diferencias

ERC y Junts reorientaron el debate en un cara a cara en clave catalana. Los neoconvergentes, en plena negociación con el Gobierno para sacar adelante los objetivos de déficit, afean a los republicanos el acuerdo suscrito con el PSC, asegurando que no se puede equiparar al régimen del País Vasco. De hecho, recriminaban a los republicanos que su cooperación con el Estado ha dejado una ristra de anuncios "grandilocuentes" que no han llegado a buen puerto y "siempre a cambio de nada". 

Por su parte, el portavoz parlamentario del Grupo Republicano, Gabriel Rufián, reivindicaba los acuerdos suscritos con los socialistas arguyendo que han partido siempre de la "negociación". Al mismo tiempo, reorientaba la crítica neoconvergente sobre la financiación singular, precisando que no es si no una iniciativa que Junts siempre ha contemplado en sus programas electorales. 

Los aliados bendicen el concierto

Más allá del bloque catalán, el resto de fuerzas sobre las que se sustenta la coalición refrendaron su visto bueno a la financiación singular de Cataluña. Los vascos, tanto PNV como BIldu, tildan de beneficiosa la singularidad, aunque los abertzales demandan al Ejecutivo una mayor "convicción" para respetar la "plurinacionalidad". Al mismo tiempo, a través de su portavoz, Mertxe Aizpurua, los soberanistas vascos se preguntaban si el PP aceptaría un "concierto similar" al de su territorio y esgrimía que la "insolidaridad no es entre autonomías, sino entre clases". 

Por su parte, tanto Sumar, con Aina Vidal a la cabeza, como Podemos, dan el ok al denominado "cupo catalán". Los morados consideran que la "descentralización es una herramienta democrática" y, le "guste o no a PP y Vox", España es "plurinacional". Por su parte, la dirigente de los Comunes calificaba el actual sistema de financiación como "injusto y antiguo", defendiendo que el impulso de un mecanismo fiscal singular en un territorio ni atenta ni ensancha las diferencias con el resto de autonomías. "No va contra nadie", expuso.