El Gobierno de Castilla y León encabezado por Alfonso Fernández Mañueco (PP) y asistido por su vicepresidente Francisco Igea (Ciudadanos) ha resistido el golpe asestado por la moción de censura del PSOE. No hubo KO, pues los socialistas no contaban con los apoyos necesarios dada la negativa de los naranjas; pero el Ejecutivo regional sí que ha quedado tocado.
Los socialistas únicamente consiguieron el sí de sus propios procuradores y los dos parlamentarios de Podemos. El diputado de UPL, el de Por Ávila y la exnaranja María Montero -ahora no adscrita-, se abstuvieron. Así las cosas, los 29 del PP, los 11 de Ciudadanos y el de Vox votaron en contra.
En total, el bloque de las derechas sumó 41 procuradores, la cifra mágica de la mayoría absoluta en el parlamento de Castilla y León. He ahí el quid de la cuestión.
Mañueco e Igea han resistido, pero por el camino se han dejado la mayoría absoluta que ostentaban. Entre PP y Ciudadanos sumaban 41 diputados, mayoría absoluta (29+12). Sin embargo, con la marcha de María Montero de la formación de Inés Arrimadas, la corpulencia parlamentaria ha menguado los justo como para perderla.
La consecuencia inmediata de la moción es que ahora ambos partidos suman 40 escaños, por lo que Mañueco e Igea deberán pactar todas y cada una de sus leyes e iniciativas.
En manos de Vox
PP y Ciudadanos tienen dos opciones: bien tratar de seducir a los diputados regionalistas o al PSOE; o bien recurrir a la opción fácil, el diputado de Vox.
De manera que, pese a que Pablo Casado rompió la foto de Colón durante su intervención en la moción de censura de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez y pretende desvincularse de Vox desde entonces, los populares depende de la formación ultra más que nunca.
Sus gobierno autonómicos han perdido músculo parlamentario tras el terremoto en Murcia. Tanto es así que en la Región, en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid necesita de los ultras más que nunca.