"Respecto de Esperanza Aguirre Gil de Biedma, desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid". Juez García Castellón. Auto financiacion ilicita PP de Madrid. 02.09.19

Con el visto bueno de la autoridad competente y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la que fuera todo poderosa lideresa del PP, por vez primera en sus 35 años de actividad pública, se sienta hoy en el banquillo para declarar como investigada en la Pieza Separada 9 del Caso Púnica en la que se instruye la financiación ilícita del PP de Madrid

Está acusada de delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral, “sin perjuicio que pueda revelarse la comisión de cualquier otro”.

Hasta hoy, por razones inexplicables, Aguirre solo había declarado por escrito y en el juicio oral en calidad de testigo por la PS 1999-2005 del Caso Gürtel. En su haber también hay que computar su presencia como compareciente en varias Comisiones de Investigación, tanto en el Congreso de los Diputados como en la Asamblea de Madrid.

En cualquier caso, sea porque su olfato le decía que más pronto que tarde acabaría donde ha acabado o porque el número de “ranas” le iban creciendo sin control, el hecho cierto es que entre el 2012 y el 2017 fue dimitiendo de todos sus cargos públicos (Presidenta CM, Diputada y Concejala Ayuntamiento de Madrid) y orgánicos en el PP de Madrid (Presidenta Regional y Junta Directiva Nacional).

Su suerte judicial, no obstante, estaba echada desde que en el 2008 se abren diligencias por el  Caso Gurtel, en el 2014 por el Caso Púnica y posteriormente en el 2016 por el Caso Lezo

Y es que muy a su pesar, Aguirre es protagonista absoluta del periodo que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional y que abarca, al menos, las siguientes cuestiones: 

01. Gastos de las campañas autonómicas del 2007 y 2011 y generales del 2008. Según la Fiscalía y el juez García Castellón, “por sus dimensiones escénicas y de medios, resultaba de todo punto imposible que se financiaran con los límites costes legalmente autorizables”. Para los investigadores resulta “difícil de imaginar que (Aguirre) no conociese la contabilidad en B que llevaba quien fuese su mano derecha y Gerente del PPCM, Beltrán Gutiérrez, lo que le hacía presumiblemente también conocedora de las omisiones de la contabilidad electoral presentada ante la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas. Los investigadores recuerdan que de las cuentas del PP ella fue cotitular. Y respecto “de los diversos artificios que utilizó el PPCM desde las elecciones autonómicas de la CAM del año 2007 para sufragar, al margen de las cuentas electorales, los gastos de los proveedores de las campañas, no es verosímil que todo esto ocurriese sin su conocimiento y consentimiento”. 

02. Subvenciones de la CM y donaciones privadas a Fundescam (2007-2011). Aguirre en su doble condición de Presidenta y patrona, según la Fiscalía y el juez García Castellón, a lo largo de ese periodo presuntamente habría autorizado a Beltrán Gutiérrez, Gerente del PPCM “a desarrollar una continuada dinámica de falsedad electoral en la presentación de las contabilidades ante la Cámara de Cuentas de Madrid por las campañas autonómicas 2007 y 2011 y ante el Tribunal de Cuentas por la campaña a las elecciones generales del 2008”.

04. Adjudicación de contratos públicos. Según los investigadores hay suficientes Indicios racionales de criminalidad que apuntan a que Aguirre “podría haber asegurado el control de las partidas de publicidad, promoción, divulgación y anuncios de las adjudicaciones de cualquier Consejería al más alto nivel del Gobierno Regional, decidiendo que la máxima instancia decisoria fuese la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno, ocupada por el investigado Ignacio González, con intervención en las decisiones sobre qué empresa debía ser la adjudicataria”. Según la Fiscalía y el juez García Castellón era conocedora “del desvío continuado de fondos públicos utilizando los contratos de las Consejerías de Transportes y de Presidencia, de la CAM (2003-2011), a través de las partidas de publicidad licitadas desde las diversas Consejerías de la CAM (2005-2010), y en los últimos tiempos, siendo todavía Presidenta de la CAM y del PPCM, a través de las contrataciones de ICM y CANAL DE ISABEL II (2011-2014)”

Según la investigación, con la puesta en marcha de este plan, “se conseguiría detraer a lo largo de los años posteriores un importante caudal de fondos de las arcas públicas”. Plan que “se habría expuesto a los Consejeros de la CAM en una reunión presidida por ella que tuvo lugar a principios del año 2004 en la sede de la Presidencia de la CAM. En dicha reunión hubo una petición generalizada a los Consejeros de que adjudicaran contratos de publicidad e información institucional al empresario Horacio Mercado".

05. Trabajos de reputación on line. Según la Fiscalía y el juez García Castellón, Esperanza Aguirre tuvo conocimiento de los trabajos de reputación que realizó para ella el investigado Alejandro de Pedro durante los años 2011 y 2012, que, pese a ser trabajos personales, habrían sido sufragados por fondos públicos. En este contexto aparecen en el sumario varios testimonios y documentos que vinculan a Isabel Díaz Ayuso, actual Presidenta de la CM, con los principales protagonistas de estos lavados de imagen.

06. Arpegio y el Plan Prisma. Para los más olvidadizos se recuerda que Aguirre fue la que firmó el Decreto que puso al servicio de Francisco Granados, a quien a la vez había nombrado Secretario General del PPCM, todo el suelo de la CM. También presidió el Consejo de Gobierno que le autorizó a firmar en nombre de la CM un Convenio con la empresa pública Arpegio, que entregaría la gestión y control de parte del presupuesto del Plan Prisma. Con esta decisión, Aguirre entregó un “cheque en blanco” a Granados y a Larraz, Consejero Delegado de Arpegio, para que amañasen con los miembros de la Mesa de Contratación de Arpegio-Prisma las adjudicaciones de obra civil y la contratación de publicidad.

Por último y aunque está siendo objeto de instrucción en otro juzgado de la Audiencia Nacional, recordar a nuestros lectores que  también están siendo investigadas las irregularidades en la puesta su frustrado Campus de la Justicia. 

Alea iacta est. Seguiremos informando.