Andan de un tiempo a esta parte los genoveses originales y genuinos de Génova 13 buscando una salida a la critica situación creada en la Comunidad de Madrid tras hacerse público el Caso Cifuentes y sus vinculaciones con un máster de la URJC que todo apunta que no hizo pero que, por el contrario, si que recibió.
De las soluciones posibles que pudieran evitar la Moción de Censura presentada por el PSOE y que cuenta con el apoyo de Podemos y Ciudadanos, y una vez descartada la Comisión de Investigación que inicialmente propusieron los de Rivera, se abre la hipótesis de que sea la propia Cifuentes quien días u horas antes de la Moción de Censura presente su dimisión y en consecuencia decaiga la iniciativa del PSOE y sea investido otro candidato del PP.
Esta salida dicen algunos genoveses que es la menos traumática para el PP de Madrid y sobre todo para el futuro inmediato de los 104 Altos Cargos y 143 asesores que han a lo largo de los últimos 23 años se han acumulando por los sucesivos gobiernos regionales. De hecho, algunos llevan allí desde la época de Ruiz Gallardón.
Los defensores de esta dimisión, abiertamente enfrentados a los hooligan que aún le quedan a Cifuentes, han insinuado que un buen ejemplo a considerar es el “modelo murciano” que fue el que se le aplicó a Pedro Antonio Sánchez tras verse procesado en el Caso Púnica y en el Caso Auditorio. En la practica acabó dimitiendo primero como Presidente de la Comunidad (4 de abril del 2017) y meses después como Presidente del PP y como diputado autonómico (27 de septiembre 2017). Tras sus dimisiones encadenadas fue sustituido “manu militari” por Fernando López Miras un joven y desconocido genovés formado en el aparato regional del PP y caracterizado por su discreción más que discreta.
Como es natural esta hipótesis es rechazada de plano por la propia Cifuentes que sabe bien que de aplicársela sería el principio del fin de su dilatada carrera política. Su entorno más personal y menos transferible, aunque también son conscientes de lo que supondría esa dimisión, se ven en la tesitura de tener que optar por su propio futuro o por acabar en el baúl de los recuerdos acompañando a una reliquia que pronto sería olvidada por los mismos que hasta hace poco la jaleaban.
Pero “el modelo murciano” no se agota con Pedro Antonio Sánchez. De hecho ofrece otras posibilidades que también se está contemplando en la convulsiva sede nacional del PP. Hablamos del “Caso Pilar Barreiro”. Esta senadora, actualmente adscrita al Grupo Mixto, durante 20 años fue alcaldesa de Cartagena y fue en los últimos años de su etapa al frente de esta Ayuntamiento cuando alcanzó una serie de acuerdos con Alejandro de Pedro, otro amigo de Cifuentes e investigado en el Caso Púnica, para que levantara su deteriorada imagen pública tras verse envuelta en el denominado Caso Novo Carthago. Estos tratos, tras ser examinados por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, llevaron al juez Eloy Velasco a elevar una exposición razonada ante el Tribunal Supremo para que la senadora fuera investigada por varios delitos. En estos momentos, tras declararse competente el alto tribunal, está siendo instruida una causa especial para determinar si se solicita o no su suplicatorio.
Los defensores de Cifuentes se rasgan las vestiduras cuando se la compara con el dimitido Pedro Antonio Sánchez o con la investigada Barreiro. Alegan que la aún Presidenta de la CM no está siendo investigada formalmente por ningún juez. Es como todo lo que rodea a Cifuentes una verdad a medias ya que es muy posible que si pierde su aforamiento como Presidenta ( por dimisión o moción de censura ) y a continuación se cuestiona abiertamente su continuidad e idoneidad como diputada autonómica sus posibilidades de ser citada como investigada por el juez García Castellón para que explique su papel en los contratos de adjudicación para la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid son contantes y sonantes.
Es en este marco y no en otro, con una ex Presidenta acosada judicialmente, cuando “el modelo Barreiro” va tomando cuerpo entre los que ya tienen descontado que la trayectoria política de Cifuentes carece de futuro.
Para que esta “solución” sea posible necesita ser designada senadora territorial por lo que, tal como establece el Estatuto de Autonomía, debe mantener no solo la actual condición de Diputada de la Asamblea. También tendría que superar otras dos condiciones:
1) Que cuenten con más votos a favor que en contra. Para que esto sea así, deberían abstenerse, al menos, el PSOE y Ciudadanos. Parece poco probable que esta abstención se produjera teniendo en cuenta que las razones por las que se ha visto obligada a dimitir, voluntariamente o por una moción de censura, continuarían siendo igualmente válidas para su no elección como senadora territorial.
2) Que previamente haya dimitido uno de los actuales 3 senadores que han sido elegidos con arreglo al criterio proporcional en función del número de miembros con que cada Grupo cuenta. Es decir, uno de estos tres senadores, Jaime González Taboada, Juan Soler-Espiauba o Jesús Fermosel , tendría que dimitir para hacer hueco a Cifuentes. Para los más olvidadizos recordarles que los dos primeros están vinculados con casos que actualmente están siendo objeto de investigación judicial.
En resumidas cuentas, la numantina resistencia de Cifuentes para asumir responsabilidades políticas y dimitir están directamente relacionadas con los intereses poco confesables de la inquilina de la Puerta del Sol que, hoy por hoy, no son otros que su Partido le garantice un doble aforamiento (diputada y senadora) ante probables iniciativas judiciales que la acabarían implicando en el Caso Púnica y en particular con la financiación irregular del PP de Madrid. Seguiremos informando.
