Las revelaciones de la declaración que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, realizó como imputada en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, constatan la complicidad de la edil y el constructor Enrique Ortiz durante la elaboración por los técnicos municipales del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. Una confabulación más que probada que no ha sido suficiente para que el Partido Popular obligue a Castedo y a su antecesor Díaz Alberi a dimitir de sus cargos y dejar el escaño que ocupan en el Parlamento valenciano, violentando de nuevo de forma flagrante el código ético del PP.

Dueño del 70% del suelo
A preguntas del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, durante la primera jornada del interrogatorio a que fue sometida el pasado 19 de octubre, Castedo admitió ante el juez que Ortiz es dueño del 70% del suelo urbanizable de la ciudad. “A dia de hoy- declaró- con el actual plan general, el señor Ortiz posee aproximadamente un 70% del suelo del término municipal de Alicante”. Esta afirmación fue interpretada por el fiscal como que “por pura estadística y matemática” no había nadie más interesado que el constructor en el nuevo PGOU, deducción que fue rechazada por la alcaldesa al manifestar que no conpartía esa afirmación: “ Significa que no hay nadie con más suelo que él, pero otra cosa es que puedan tener más o menos intereses».

“Un detalle” cada Navidad
Asimismo, y tras un intenso interrogatorio sobre la relación entre ambos y sus respectivas familias, la alcaldesa admitió que conoce al empresario “desde hace 16 o 17 años” y que le une a él “una amistad”. Castedo reconoció que el constructor le compraba “un detalle” cada año por Navidad. En 2008 el regalo fue una cazadora “que no llegaba a los 200 euros” y que al tener ya una igual la cambió en El Corte Inglés por una gabardina, un jersey y una camisa de Carolina Herrera. Sobre el viaje a Andorra que realizaron días después, señaló que los más de dos mil euros que costó la estancia de ella, la de su marido y la de su hija en el hotel, la abonó en efectivo a la agencia de viajes. Según resaltó el fiscal, la factura del viaje que realizaron a Andorra al año siguiente, “se la fabricaron artificiosamente para cubir las apariencias”, hecho que ella negó con rotundidad al señalar que el empresario jamás le había pagado ningún viaje.

“Si te preguntan si tienes el plano...”
Durante su comparecencia judicial, la alcaldesa tuvo que escuchar las grabaciones realizadas por la policía en las que se evidencia su connivencia con el empresario. En la realizada el 11 de julio de 2008, Ortiz admite que está en posesión del documento del PGOU, a pesar de que en esta fecha era un documento reservado y no estaba aún en exposición pública. En la reproducción se escucha cómo el constructor ordena a un empleado que no le diga a nadie que tiene el nuevo plan: “Si te pregunta alguien si tienes el plano, sea quien sea, le dices que no”.

“¿Qué prefieres, Ibiza o Palma?”
En otra de las eschchas, Ortiz le pregunta a Castedo a dónde prefiere realizar un viaje: “Oye una cosa, ¿dónde prefieres, Ibiza, Palma u otro sitio?”. “A mí me da igual”, responde ella. Al final se trasladaron a Ibiza en el yate del empresario, un viaje al igual que otros que, según el fiscal anticorrupción, habría pagado el empresario como regalo por los favores obtenidos en la redacción del plan general de la ciudad. En su declaración ante el juez, Castedo manifestó que en dicho viaje realizado en el verano de 2009 participaron su familia y la de Ortiz y que ella pagó la mitad de las comidas y las cenas que se realizaron en tierra.

Denegada la anulación de las escuchas
Por otra parte, el juez Climent ha rechazo el tercer intento de los abogados de Ortiz de anular las intervenciones telefónicas realizadas por la policía, fundamentales para probar las imputaciones, según el diario “Información” de Alicante. En una providencia de dos folios, el magistrado del TSJ-CV deniega la solicitud de la defensa por reiterativa y porque la petición ya fue resuelta. El juez no entra en su resolución en los motivos por los que la defensa solicitaba la nulidad, entre los que alegaba el derecho al secreto de las comunicaciones y a un proceso con todas las garantías.