El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, José Ceres, que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular valenciano a través de la trama Gürtel, cuenta en su poder con varios correos electrónicos que probarían que las empresas del capo de la trama, Francisco Correa, actuaban bajo las órdenes y supervisión de altos cargos de Presidencia de la Generalitat Valenciana.
Una de las líneas de investigación que actualmente sigue el juez Ceres se basa en delimitar qué altos cargos de la Conselleria de Presidencia, en donde se agrupaba el “núcleo duro” del entonces presidente Francisco Camps, estaban al tanto de los chanchullos que llevaba entre manos la empresa Orange Market de Álvaro Pérez “el Bigotes, “amiguito del alma” de Camps y a quien el jefe del gobierno “quería un huevo”, según la grabación realizada por la policía la Nochebuena de 2008.
Altos cargos bajo sospecha
Los correos electrónicos en poder del juez confirman la participación de la exdirectora general de Promoción Institucional, Dora Ibars –destituida ya por dos veces por su implicación en la trama Gürtel- pero el magistrado sospecha de la participación de otros altos cargos con más poder institucional y más cercanos a Francisco Camps. Entre ellos, Ana Michavila, hermana del exministro de Justicia en el último gobierno de Aznar. Ana Michavila dimitió de jefa de Gabinete de Camps en 2011 tras permanecer diez años en el cargo. Las miradas de la justicia también se dirigen hacia la que fuera secretaria autonómica de comunicación, Nuria Romeral, que tras la dimisión de Camps encontró cobijo en RTVV y es actualmente directora de Radio 9.
El juez Ceres, que por ahora no ha citado a declarar ni a Michavila ni a Romeral, ha solicitado a la Generalitat información sobre todas las personas que entre 2008 y 2009 desempeñaron trabajos en Promoción Institucional y qué grado de intervención tuvieron en la adjudicación de contratos con Oranke Market.
Las evidencias de dos correos electrónicos
Uno de los correos electrónicos que forman parte de la instrucción del sumario contiene una comunicación el 20 de enero de 2009 entre la responsable de Ventas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Vanesa Borrás, y Cándido Herrero, el número dos de El Bigotes en el que aquella le dice que “desde Presidencia nos han remitido el presupuesto del stand -(en referencia al paquellón valenciano en Fitur)- pero como reindiqué en mi mail del pasado 07/01, el pago del stand de la Ciudad de las Artes y las Ciencias lo asumimos entre dos sociedades en la cuantía 2/3 y 1/3 por lo que te agradecería nos remitáis de nuevo dos presupuestos ya con el desglose”.
En un segundo correo electrónico fechado el 7 de enero del mismo año, Borrás comunica a Herrero que “el importe de la facturación cuando nos lo facilite Dora Ibars se desglosará en 2/3 CAC, SA y 1/3 PRV, SA”, siglas referidas a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y Parques Reunidos, la empresa privada que gestiona el Oceanográfico.
La referencia a Dora Ibras y a Presidencia de la Generalitat en los dos correos electrónicos muestra el funcionamiento de la presunta financiación ilegal del PP valenciana y la facilidad con que obtenía dinero público a través de la trama Gürtel. Precisamente, el juez volvió a imputar a Dora Ibars el pasado 28 de febrero, una semana después de interrogar a Vanesa Borrás sobre la implicación de aquella en los contratos bajo sospecha.
La doble destitución de Ibars
En Dora Ibars se da la extraña circunstancia de que es el único alto cargos de la administración autonómica que ha sido destituido dos veces del mismo puesto. El pasado uno de marzo cesó por segunda vez como directora general de Promoción Institucional tras imputarla el juez Ceres en la pieza separada del caso Gurtel, la que investiga el supuesto delito de prevaricación en la contratación entre la Generalitat y Orange Market, por su supuesta implicación en el montaje del expositor valenciano en la edición de Fitur de 2009.
El Gobierno valenciano ya destituyo a Dora Ibars el pasado 26 de octubre por su imputación en la supuesta financiación irregular del PP, aunque el 12 de diciembre Alberto Fabra la volvió a nombrar para el mismo cargo después de que el juez sobreseyera su imputación.
Seis diputados del PP imputados
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tienen abiertas dos piezas separadas del caso Gürtel en las que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en los comicios generales de 2008. Como imputados en estos dos procedimientos figuran hasta seis dirigentes del PP que en la actualidad ocupan un escaño en las Corts Valencianes.
El ex vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, las ex conselleras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such y el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa figuran entre los imputados, así como el vicesecretario de organización y la ex tesorera del partido, David Serra y Yolanda García, respectivamente. El ex presidente de la Generalitat y del partido, Francisco Camps, ha quedado por ahora al margen de este proceso.