La política que llegó a cobrar tres sueldos públicos, ve un privilegio la oficina de expresidente de Bono

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, quiere eliminar los privilegios de los expresidentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; esto es, de José Bono, ya que su predecesor, José María Barreda, renunció a ese estatus político y social, consistente en una oficina apoyada por dos secretarias y un conductor y que, siempre según los datos del propio Gobierno castellano-manchego, cuesta al erario público 160.000 euros al año, aunque en honor a la verdad esa cantidad “está trucada”, reconoce a ELPLURAL.COM un alto cargo del Ejecutivo del PP, “ya que las dos secretarias y el conductor son funcionarios y el inmueble es propiedad de la Junta de Comunidades”, concreta.

Una práctica común en todas las CC.AA.
“Privilegios” que disfrutan los expresidente de hasta doce CC.AA., bien a través de pensiones o puestos retribuidos en los consejos consultivos de cada autonomía. En este sentido, cabe destacar que tanto en las comunidades gobernadas por el PP o por el PSOE, la mayoría de los expresidentes cuentan con una oficina a su servicio, chofer y dos o tres personas a su cargo. En este sentido, hay que recordar que el PP presidido por Alicia Sánchez Camacho votó en contra de retirar la pensión a los expresidentes de la Generalitat Catalana (Pujol, Maragall y Montilla).

 “Todos tenemos que ser iguales”…
Pero esto no cuenta en tierras manchegas. La secretaria general del PP ha dicho en el Parlamento regional que todos los ciudadanos deben “saber que aquí cuando se abandona un cargo público todos tenemos que ser iguales”, al mismo tiempo que volvía a recordar que ella y el anterior jefe del Ejecutivo ya anunciaron en su día que renunciarían a sus privilegios cuando dejaran de ser presidentes de Castilla-La Mancha, aunque “hay otro que no”, ha manifestado en clara referencia a José Bono.

…Menos Cospedal, que sigue cobrando trienios sin trabajar
Ahora bien, Cospedal no considera un privilegio cobrar todos los años 3.542,58 euros por su condición de exabogada del Estado, cuyo despacho no pisa desde hace varios lustros. Tampoco es un privilegio que su núcleo duro reciba por el mismo concepto cantidades que muchos parados quisieran para sí, como por ejemplo los 6.568,10 euros que percibe el presidente de la Diputación de Toledo y diputado nacional por el PP, Arturo García-Tizón, cuyos  emolumentos anuales superar los 110.000 euros, 35.000 más que el presidente Rajoy, o los 6.031, también por trienios, que cada doce meses se lleva a su casa la senadora y portavoz del PP en Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos. Pero esto no es un privilegio, es “un derecho”.

57 millones para altos cargos
La presidenta de Castilla-La Mancha tampoco considera un privilegio contar con un total de 159 altos cargos, de los que 21 están a su servicio, a los que, eso sí, ha bajado este año el sueldo un 0,43%, por lo que cobrarán 18 euros menos al mes, según recogen los Presupuestos de la comunidad, que destina para la alta dirección la nada “privilegiada” cantidad de 56,82 millones de euros.

En Castilla-La Mancha, sí; en España, no
En el Parlamento se ha podido ver la doble vara de medir que aplica María Dolores Cospedal cuando se trata de debatir iniciativas propuestas para el PSOE. En este sentido, los socialistas han pedido a la secretaria general del PP que exija al Gobierno de Mariano Rajoy eliminar el complemento de los exaltos cargos, como así lo ha hecho ella en Castilla-La Mancha. Sin embargo, el PP ha votado en contra de esta medida porque una cosa son los “privilegios” del PSOE y otra distinta las prerrogativas del PP. Siempre ha habido categorías.