El titular del juzgado número 2 de Badajoz, Emilio García Cancho, ha iniciado diligencias previas para investigar si, tal como denuncia la asociación HazteOir en una querella, la exmilitante del PSOE Leire Díez y el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada intentaron influir o maniobrar contra la jueza instructora del caso que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La querella, que se fundamenta en presuntos delitos de cohecho, estafa procesal, revelación de secretos y tráfico de influencias, presentada el pasado 6 de junio, tras la difusión de unos audios en los que Leire Díez solicitaba información sensible sobre agentes de la UCO de la Guardia Civil vinculados a investigaciones próximas al Gobierno, así como sobre miembros del poder judicial. Según esta entidad, el objetivo habría sido “sabotear” la causa abierta contra David por su contratación en la Diputación de Badajoz, desacreditando a la jueza instructora, Beatriz Biedma, para forzar un eventual archivo.
La relación del juez con VOX
El juez decano de Badajoz coincidió en 2023 con Santiago Abascal en el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, pudiendo relatarse, a través de redes sociales, que es un admirador suyo. Le pidió un selfie y le deseó “buena suerte” al líder de Vox en un instante que tuvo de cercanía con el público.
Se inició una campaña de recogida de firmas en la que se solicitaba al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que abriese un expediente disciplinario a García Cancho, al tratar en entredicho “su imparcialidad” por las imágenes vistas públicamente. Este gesto se contempla como una muestra pública de afinidad política, lo que supone una vulneración del deber de neutralidad que se exige a todo magistrado.
El PSOE también puso el foco en el selfie que el juez de Badajoz solicitó a Santiago Abascal. El diputado socialista José Zaragoza, desde los pasillos del Congreso, criticó que la justicia “a veces no guarda las maneras que ha de guardar”, tras conocerse que la instructora había citado por primera vez a declarar a David Sánchez por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Zaragoza enmarcó la imputación dentro de lo que calificó como una “estrategia de la derecha”.