La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, deberá someterse a una moción de censura ante el Parlamento Europeo, probablemente en la próxima sesión plenaria de julio, a raíz de la solicitud de un grupo de 74 eurodiputados, que reclaman su salida del Ejecutivo comunitario por ocultar sus mensajes de texto con el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, durante la pandemia de coronavirus.
El caso se ha llamado “Pfizergate” y se ha producido tras la negación de la presidenta de la Comisión de revelar los mensajes que había intercambiado con Bourla, tal como solicitaron varios periodistas. Según el fallo de las cortes europeas en mayo, esta decisión viola el principio de buena administración de acuerdo con las leyes europeas.
La moción fue presentada por el eurodiputado rumano, Gheorghe Piperea, miembro del grupo ultraderechista Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y consiguió el apoyo necesario -una décima de los diputados- para presentarla. Sin embargo, necesitará una mayoría de dos tercios del parlamento, compuesto por 720 diputados, para que la moción salga adelante.
Al mismo tiempo, fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press advierten que la iniciativa sobre la mesa no tiene visos de prosperar porque ningún grupo en la Eurocámara, tampoco los más críticos con la conservadora alemana, apoyan en bloque la moción. La presidenta asumió el rol en julio de 2024 con una mayoría ajustada de 401 votos a favor (de los 707 emitidos), 284 votos en contra, 15 abstenciones y siete votos nulos.
“He presentado la moción de censura en contra de Ursula Von der Leyen”, ha señalado Piperea este jueves. “Por procedimiento, el debate se llevará a cabo en el pleno de Estrasburgo en julio”, detalló en sus redes sociales, añadiendo que “en referencia a las probabilidades de voto y la presión para la retirada de algunas firmas, en otras ocasiones”.
En una entrevista con el Financial Times, Piperea ha asegurado que el caso es “sobre la transparencia y el proceso democrático justo”. Además, ha afirmado, según Politico, que: “Será sensacional ver como Ursula von der Leyen justifica la acusación de la moción, especialmente dado que la Corte de Justicia de la Unión Europea ha ordenado recientemente que la Comisión publique los detalles de su negociación en los contratos con Pfizer”.
La petición ha sido registrada y, una vez que se haya comprobado que se cumplen los requisitos establecidos por el reglamento europeo, se procederá a celebrar un debate parlamentario en la próxima sesión plenaria, prevista del 7 al 10 de julio en la ciudad francesa de Estrasburgo.
El contrato con Pfizer
El origen de esta polémica se remonta a una solicitud de un periodista del New York Times (NYT) en 2022 para acceder a los mensajes intercambiados entre Von der Leyen y el consejero delegado de Pfizer. El NYT denunció a Bruselas bajo el derecho de la libertad de información porque considera que, al ser un tema de interés público, “importa saber cómo se negoció la mayor obtención de contratos de la Unión Europea en la historia”.
La Comisión se negó a revelar los documentos solicitados que mostrarían cómo Bruselas negoció contratos de la compra de 650 millones de dosis en 2022 y otros 450 millones un año después. Varias organizaciones solicitaron estos documentos, pero muchos se encontraron con el silencio por parte de la Comisión. Se publicó un informe de la Corte Europea de Auditores que acusó a la Comisión de negarse a desvelar información sobre el papel personal que había llevado a cabo la presidenta en las negociaciones.
El NYT afirmó que, en varios momentos, “la Comisión cuestionó si estos mensajes existían” y que “afirmaron que no se encontraron ningunos mensajes”, a pesar de que la propia Von der Leyen había afirmado en 2021 que había alcanzado los acuerdos con llamadas y mensajes de texto. Por ello, se abrió el proceso judicial y señaló que el caso “marcó un precedente legal importante: si los mensajes de texto están sujetos a las leyes europeas del derecho a la información”.
Además de ganar el juicio, la propia resolución señala que “las respuestas de la Comisión se basan o en suposiciones o en información cambiante o imprecisa” y que este ha “fallado en el cumplimiento de sus obligaciones al procesar las aplicaciones para el acceso a documentos”, que, por lo tanto, “viola el principio de buena administración”.