La Administración de Donald Trump ha impuesto nuevas sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, en una nueva escalada de su enfrentamiento con el organismo encargado de investigar y juzgar algunos de los crímenes más graves del derecho internacional. El anuncio, realizado este viernes, 9 de octubre, coincide con la concesión del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay, antigua jueza del tribunal y reconocida por su trayectoria en defensa de la justicia internacional. La decisión supone un nuevo paso en la estrategia de presión de Washington contra una institución que ha investigado presuntos crímenes de guerra y emitido órdenes de detención contra dirigentes internacionales, entre ellos el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El Gobierno estadounidense ha sostenido que la corte excede sus competencias al intentar ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no forman parte de ella.
Sin embargo, las consecuencias de las sanciones pueden ir mucho más allá de una disputa diplomática. Las restricciones amenazan con dificultar las relaciones financieras y comerciales de la CPI, así como el acceso a servicios bancarios, tecnológicos y de seguros necesarios para mantener su actividad. La medida también vuelve a colocar a los aliados europeos de Estados Unidos ante una disyuntiva: respaldar la posición de Washington o defender a una institución internacional de la que forman parte.
Pese a la dureza del anuncio político, las medidas incluyen excepciones para determinadas operaciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense ha publicado licencias que permiten mantener algunas transacciones vinculadas a la CPI. Entre las operaciones autorizadas figuran determinados pagos de salarios, pensiones, seguros médicos, alquileres, suministros y servicios rutinarios. También se contemplan transacciones relacionadas con telecomunicaciones y programas informáticos empresariales, así como servicios necesarios para la salud y la seguridad de las personas bajo custodia del tribunal.
Según el texto difundido sobre las medidas, algunas de estas autorizaciones estarán vigentes hasta el 7 de abril de 2027. Estas excepciones muestran que el régimen de sanciones no implica necesariamente la interrupción inmediata de toda relación económica con la corte, aunque su alcance concreto dependerá de las operaciones permitidas y de las condiciones establecidas por el Tesoro. Washington sostiene que las medidas buscan presionar a la institución y a los Estados que la respaldan para que atiendan sus preocupaciones. Rubio ha asegurado que Estados Unidos había esperado una respuesta de la CPI y de los países firmantes del Estatuto de Roma antes de endurecer su posición.
El secretario de Estado también ha lanzado un mensaje directo a los aliados de Washington: espera que contribuyan a frenar las actuaciones del tribunal. Esa exigencia amenaza con abrir un nuevo frente entre Estados Unidos y los gobiernos europeos, que tendrán que valorar cómo proteger sus relaciones con Washington sin renunciar a sus compromisos con la justicia internacional.
La coincidencia temporal entre las sanciones y el Nobel de la Paz concedido a Navi Pillay añade un significado simbólico a la jornada, aunque no demuestra que ambos acontecimientos estén causalmente relacionados. Pillay, jurista sudafricana de 85 años, fue jueza de la Sala de Apelaciones de la CPI entre 2003 y 2008 y ocupó posteriormente el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre 2008 y 2014. Su carrera también ha estado vinculada a la defensa de activistas contra el apartheid y a la investigación de crímenes internacionales. El Comité Nobel ha reconocido su contribución a la paz y al derecho internacional, destacando su trabajo para que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio puedan ser perseguidos judicialmente.
Trump redobla la presión sobre el tribunal
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha justificado las sanciones con el argumento de que Washington no permitirá que la CPI procese a ciudadanos estadounidenses. “El presidente Trump jamás permitirá que la CPI procese a ciudadanos estadounidenses”, ha afirmado antes del anuncio oficial. Rubio ha anunciado asimismo que Estados Unidos prohibiría las transacciones con el tribunal para privarlo de recursos y limitar su capacidad de funcionamiento. La Administración republicana ha acusado a la institución de estar politizada y de utilizar sus competencias de forma abusiva.
Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, y rechaza que el tribunal pueda ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses sin el consentimiento de Washington. Esta oposición no es nueva: durante el primer mandato de Trump ya se impusieron sanciones contra integrantes de la corte, posteriormente revocadas durante la presidencia de Joe Biden. Tras el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero de 2025, Washington recuperó esta política de presión.
La novedad de las últimas medidas es su alcance. En lugar de limitarse a determinados fiscales y jueces, las sanciones se dirigen ahora contra la propia institución y pueden afectar a empresas que mantengan relaciones con ella. Según la información publicada por Reuters, esta ampliación eleva el riesgo de que entidades financieras, aseguradoras y compañías tecnológicas interrumpan sus servicios por temor a sufrir consecuencias de las autoridades estadounidenses.
La CPI denuncia un ataque al Estado de derecho
La fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional, Nazhat Shameem Khan, ha condenado las sanciones y ha asegurado que no impedirán que el organismo continúe con su trabajo. “Las sanciones pretenden socavar el Estado de derecho a nivel internacional y la labor que realiza una institución judicial independiente”, ha declarado Khan a Reuters. La fiscal adjunta ha insistido en que la actividad de la corte continuará en sus investigaciones y procedimientos judiciales.
La respuesta de la CPI refleja la preocupación de que las medidas económicas puedan convertirse en una herramienta para dificultar investigaciones que deberían desarrollarse con independencia de las presiones políticas. La capacidad de un tribunal para investigar posibles crímenes internacionales depende no solo de sus competencias jurídicas, sino también de disponer de personal, financiación, sistemas informáticos y servicios financieros operativos.
La corte ya había comenzado a prepararse para este escenario. Según la información difundida por Reuters, sus responsables habían adoptado medidas para reducir la dependencia de proveedores tecnológicos estadounidenses, entre ellas la sustitución de determinados programas informáticos de Microsoft por alternativas de código abierto, además de revisar sus sistemas bancarios y de seguros.
Israel y Afganistán, en el centro del enfrentamiento
El conflicto entre Washington y la CPI tiene varios antecedentes. Uno de los principales es la actuación del tribunal respecto a Israel, después de que emitiera órdenes de detención contra Netanyahu y otros responsables israelíes en relación con presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad vinculados a la guerra de Gaza. La CPI también ha investigado anteriormente las actuaciones de soldados estadounidenses en Afganistán, aunque esa investigación ya se ha cerrado, según la información recogida por Reuters.
La Administración Trump presenta su oposición al tribunal como una defensa de la soberanía estadounidense y de sus militares frente a una jurisdicción que considera ilegítima. Esa es la posición oficial de Washington, pero no resuelve por sí misma la controversia jurídica sobre la independencia de la corte ni sobre las obligaciones de los países que sí han aceptado su jurisdicción. La CPI fue creada en 2002 para perseguir individualmente delitos como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, además del crimen de agresión bajo las condiciones previstas en su marco jurídico. Cuenta con 125 Estados miembros, entre ellos todos los países de la Unión Europea.
Que Estados Unidos no forme parte del Estatuto de Roma explica su rechazo a la jurisdicción de la corte sobre sus ciudadanos, pero no significa que el tribunal carezca automáticamente de competencias en cualquier caso que afecte a estadounidenses o a ciudadanos de países no miembros. La jurisdicción depende de las circunstancias y de las bases jurídicas aplicables a cada investigación.
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