Donald Trump ha vuelto a hacer saltar las alarmas en la comunidad científica estadounidense. La Administración republicana ha destituido de forma abrupta a los miembros del National Science Board, el Consejo Nacional de Ciencia, un órgano independiente creado en 1950 que supervisa la Fundación Nacional de Ciencia y asesora tanto al Gobierno como al Congreso en materia de investigación, innovación y política científica. La decisión, comunicada por correo electrónico y sin explicaciones detalladas, llega en un momento especialmente sensible: el organismo ultimaba un informe sobre el deterioro de la posición científica de Estados Unidos frente al avance de China.
La fulminación del consejo supone un golpe directo a una de las instituciones clave del ecosistema investigador norteamericano. Según la información adelantada por medios estadounidenses, los miembros recibieron un mensaje de la Oficina Presidencial de Personal en el que se les notificaba la “terminación inmediata” de sus cargos. El movimiento ha sido calificado por antiguos responsables del organismo y por representantes demócratas como un ataque político a la ciencia y a la innovación, precisamente cuando Washington afronta una competición estratégica cada vez más dura con Pekín.
El informe incómodo: China pisa el acelerador
El dato más revelador no está solo en los ceses, sino en el contexto en el que se producen. El Consejo Nacional de Ciencia trabajaba en un informe sobre el estado de la ciencia estadounidense que, según una de sus integrantes cesadas, Yolanda Gil, advertía de la creciente superioridad científica de China en áreas estratégicas. El documento apuntaba al avance sostenido de Pekín en inversión en I+D, producción científica y capacidades tecnológicas, al tiempo que Estados Unidos mostraba síntomas de retroceso por los recortes, la incertidumbre presupuestaria y la politización de sus agencias públicas.
La lectura política es difícil de evitar. Trump, que ha construido buena parte de su discurso internacional sobre la promesa de restaurar la supremacía estadounidense, se encuentra ahora con un diagnóstico que contradice esa narrativa: China no solo compite, sino que en determinados terrenos empieza a superar a Estados Unidos. En lugar de reforzar la independencia del organismo encargado de analizar ese desafío, la Casa Blanca ha optado por vaciarlo de golpe, abriendo la puerta a su sustitución por perfiles más afines a la agenda presidencial.
El Consejo Nacional de Ciencia no era un comité ornamental. Entre sus funciones figuraban aprobar grandes partidas de financiación, orientar la estrategia de la Fundación Nacional de Ciencia y ofrecer recomendaciones al Congreso y al Ejecutivo. La NSF, por su parte, es una de las grandes columnas vertebrales de la investigación básica en Estados Unidos, con un presupuesto cercano a los 9.000 millones de dólares y un papel decisivo en universidades, laboratorios y proyectos tecnológicos de largo alcance.
La decisión se produce además tras meses de presión sobre la propia Fundación Nacional de Ciencia. La Administración Trump ya había propuesto recortar más de la mitad de su presupuesto, aunque el Congreso bloqueó esos planes. Para sus críticos, la destitución del consejo allana el terreno para nuevos recortes y reduce los contrapesos internos frente a una Casa Blanca que pretende redibujar la política científica desde parámetros ideológicos y de lealtad política.
La dimensión institucional del golpe es profunda. El National Science Board fue concebido con mandatos escalonados de seis años para garantizar continuidad y autonomía frente a los vaivenes electorales. Esa arquitectura buscaba precisamente impedir que un presidente pudiera sustituir de una sola vez a todos sus integrantes y convertir el órgano en una extensión partidista del Ejecutivo. La purga de Trump rompe ese equilibrio y plantea dudas jurídicas y políticas sobre el alcance real del poder presidencial sobre organismos creados por ley.
La comunidad universitaria también ha reaccionado con preocupación. La Asociación de Universidades Americanas expresó su inquietud por el despido de los miembros del consejo, en un contexto de creciente tensión entre la Casa Blanca y las instituciones académicas. Para buena parte del sector científico, el problema no es solo la salida de 22 expertos, sino el mensaje que se envía a investigadores, universidades y centros tecnológicos: los diagnósticos incómodos pueden tener consecuencias políticas.
La paradoja es evidente. Mientras China refuerza su planificación tecnológica, su inversión pública y su estrategia industrial, Trump desmantela uno de los órganos encargados de medir la competitividad científica estadounidense. La Casa Blanca defiende que las operaciones de la NSF no se verán afectadas y ha sugerido que las competencias del consejo podrían necesitar una actualización, pero no ha ofrecido una explicación convincente sobre la urgencia ni sobre el cese simultáneo de todos sus integrantes.
El episodio encaja en una ofensiva más amplia contra estructuras independientes de asesoramiento científico. Durante su segundo mandato, Trump ha impulsado cambios drásticos en organismos federales, ha cuestionado a expertos técnicos y ha tratado de reforzar el control político sobre agencias que tradicionalmente habían funcionado con márgenes de autonomía. En este caso, el objetivo es especialmente sensible: la ciencia como palanca de poder nacional, crecimiento económico y seguridad estratégica.
El resultado inmediato es una incógnita institucional. Si el Consejo Nacional de Ciencia queda paralizado o es reconstruido con perfiles leales al presidente, Estados Unidos puede perder una herramienta esencial para evaluar con rigor su posición frente a China. Y eso ocurre justo cuando los datos apuntan a que la competición ya no se libra solo en aranceles, defensa o comercio, sino en laboratorios, patentes, universidades, semiconductores, inteligencia artificial y capacidad de atraer talento.