Cuando todas las miradas en el plano internacional asisten a las decisiones que emanan de la Casa Blanca con respecto a la escalada bélica que sacude Oriente Próximo tras la oleada de ataques de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero, la Justicia del país parece actuar como contrapeso a las aspiraciones de Donald Trump. Unos movimientos que no solo actúan para frenar sus decisiones de hoy, sino que en los últimos meses han actuado como obstáculo ante muchas de las amenazas y planteamientos surgidos de la boca y la cabeza del magnate estadounidense.
En mitad del conflicto bélico en Irán, este martes un juez federal arrebataba de las manos de Trump su idea de construir un salón de baile en el ala este de la Casa Blanca, unas obras cifradas en 400 millones de dólares, y que supone ocupar un espacio de 8.000 metros cuadrados. El magistrado Richard Leon concluía que el presidente estadounidense no posee la autoridad necesaria para financiar la instalación de este espacio ni tampoco para llevarla a cabo. En el fallo, el juez subraya que, pese a que Trump es “el custodio de la Casa Blanca”, no es el propietario, por lo que “ninguna ley se acerca a otorgarle al presidente la autoridad que dice tener”. De hecho, el magistrado insta a Trump a que le mencione al menos una ley que le autorice a demoler la zona del ala este de la Casa Blanca.
Sin embargo, el más reciente varapalo de la Justicia a Trump llega cuando el presidente estadounidense ya había comenzado las obras para su proyecto. Fue el pasado mes de octubre cuando el magnate derribó parte de esta zona, donde hasta entonces se ubicaba la oficina de la primera dama y un cine. Al conocerse todo ello, se generó una cascada de críticas especialmente por parte de la oposición y por la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, quien tiene la potestad sobre la mayoría de las obras en los edificios gubernamentales y que no había autorizado el proyecto de Trump. A todo ello, se suman las exigencias del Fondo Nacional para la Preservación Histórico que había pedido frenar la demolición y que provocaron la reacción inmediata de Trump, quien se refirió a este Fondo como “un grupo de lunáticos de izquierda”. Por su parte, los demócratas pusieron de relieve que la Casa Blanca es patrimonio de los estadounidenses y que, por tanto, su actual inquilino no puede cambiar sus estancias a su gusto y conveniencia.
Con todo, este varapalo de la Justicia al presidente de Estados Unidos es tan solo uno de tantos durante el último año. Bajo el marco de las redadas contra la población migrante en el país desplegadas a principios de este año y las detenciones violentas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a principios de marzo una jueza federal en Washington bloqueaba por tercera vez el intento de Trump de exigir a los miembros de Congreso notificar con siete días de antelación las visitas a centros de detención del ICE, a la vez que concluía que esta política de arrestos era ilegal con una elevada probabilidad. “El poder del dinero recae en el Congreso, e incluso una agencia con grandes recursos económicos debe cumplir con las restricciones del Congreso sobre los usos permitidos de los fondos asignados”, alegó la jueza en el fallo.
Al hilo de ello, la magistrada rechazó el argumento ofrecido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos según el cual la medida sería financiada con recursos de la “gran y hermosa” reforma fiscal de Trump aprobada el año pasado. En su contra, la jueza tildó estos argumentos de “poco convicentes” y concluyó que el lenguaje de supervisión “se extiende a los gastos más incidentales, pero no obstante necesarios, que hacen posible la creación y la aplicación de la política de notificación”. Asimismo, la juez federal añadió que “los demandados deben cumplir con los términos de la orden judicial y actuar de conformidad con los principios jurídicos establecidos en este dictamen”.
En otro orden de cosas, también este año, en febrero el Tribunal Supremo de Estados Unidos fallaba en contra de los aranceles generales que impuso el magnate en 2025 considerando la mayoría de estos como ilegales. En su fallo, el Supremo señaló que Trump excedió su autoridad al aprobar dichos gravámenes comerciales invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977. Con ello, el Alto Tribunal estadounidense rechazó la interpretación del Gobierno de que la IEEPA concedía a Trump la facultad de imponer unilateralmente aranceles ilimitados y que no está sujeto a las significativas limitaciones procesales de otras leyes arancelarias, a la vez que subrayó que la Casa Blanca debe “aducir una autorización clara del Congreso” para justificar su extraordinaria atribución de la facultad de imponer aranceles.
Una decisión que, pese a suponer otro portazo a decisiones del inquilino de la Casa Blanca, provocaba que Trump anunciara la subida del 10% al 15% los aranceles globales que impuso en represalia al dictamen del Tribunal Supremo del país contra su política actual de gravámenes. "Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer, aumentaré con efecto inmediato el arancel mundial del 10% al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%", añadía el magnate.
Al margen de todo ello, y con mayor anterioridad en el tiempo, en julio del año pasado otro juez federal bloqueaba la política del Gobierno de Estados Unidos que prohibía a los migrantes que cruzaban la frontera desde México solicitar asilo. La decisión se amparaba en que consideraban esta política una extralimitación de las funciones de la Administración al pasar por alto la ley de inmigración. "El presidente no puede adoptar un sistema de inmigración alternativo que sustituya a las leyes promulgadas por el Congreso", señaló el juez Randolph Moss en la sentencia. En esta línea, el magistrado subrayó que "ninguna disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad ni de la Constitución otorga al presidente o a sus delegados la amplia autoridad que se afirma en la proclamación y en las directrices de aplicación”.
Una decisión que era aplaudida por organizaciones como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que a principios de 2025 presentó, junto a otros grupos, una denuncia contra una proclamación presidencial que restringía el asilo en la frontera de Estados Unidos con México y que, según los demandantes, ponía en peligro miles de vidas al impedir que esas personas buscaran refugio en Estados Unidos. "Esta es una enorme victoria para quienes huyen del peligro y del Estado de derecho", celebró el abogado de la ACLU Lee Gelernt. "El tribunal ha reconocido correctamente que el presidente no puede simplemente ignorar las leyes aprobadas por el Congreso", añadió.
Todo ello refleja un escenario en el que la Justicia estadounidense actúa como freno constante frente a los intentos del Ejecutivo de ampliar sus competencias. Desde la política migratoria hasta las medidas económicas o incluso las intervenciones en la propia Casa Blanca, los tribunales han insistido en los límites legales del magnate y la autoridad del Congreso en materias clave.