El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado a comienzos de esta semana la petición de la Administración de Donald Trump para aplicar su plan de restricciones al voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato, previstas para el próximo 3 de noviembre. La decisión respalda así la orden de una jueza federal que había declarado ilegal la medida impulsada por la Casa Blanca.
En un breve comunicado, el Supremo ha anunciado que deniega la solicitud presentada por el Gobierno y considera que existen pocas posibilidades de que su recurso prospere. La decisión mantiene, por tanto, la medida cautelar dictada a principios de septiembre por la jueza federal de distrito Indira Talwani, que había frenado la aplicación de la normativa.
El fallo incluye dos opiniones. El magistrado Brett Kavanaugh, nominado por Trump en 2018, considera que existe una posibilidad razonable de que la norma definitiva pueda encajar dentro de las competencias legales del Servicio Postal. Sin embargo, sostiene que su aplicación en las elecciones de 2026 sería "arbitraria y caprichosa", ya que los funcionarios electorales estatales y locales no disponen de tiempo suficiente para ponerla en marcha antes de los comicios, lo que supondría vulnerar la Ley de Procedimiento Administrativo.
En sentido contrario se ha pronunciado el juez Samuel Alito, quien cuestiona la legitimidad procesal de algunos de los demandantes y considera que el resto de las reclamaciones no justificarían la intervención del Supremo. También responsabiliza a los estados demandantes y a los tribunales de parte de la demora en la tramitación del caso.
La resolución no especifica cuántos magistrados han votado a favor o en contra. Varios recursos sostienen que Trump habría excedido sus competencias, mientras que estados gobernados por demócratas advierten de que la medida podría generar caos y llegar a impedir el voto por correo a millones de personas.
El temor a que el nuevo sistema dejara millones de votos válidos fuera de las urnas
La polémica en torno al plan de Donald Trump no se limita a las dificultades técnicas que podía generar este cambio en el sistema a pocas semanas de las elecciones. Uno de los principales motivos de preocupación era que la medida otorgaba al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), que forma parte del ecosistema del Gobierno estadounidense, un papel hasta ahora ajeno a sus funciones, como era el de determinar qué personas podían votar por correo y decidir si sus papeletas cumplían los requisitos para ser entregadas. La orden impulsada por la Casa Blanca contemplaba que los estados proporcionasen listas de votantes autorizados a utilizar esta modalidad y que el USPS rechazase las papeletas asociadas a personas que no figurasen en esos registros o que no cumplieran las nuevas condiciones.
De esta forma, aunque Trump no planteaba formalmente eliminar el voto por correo, la aplicación de la norma podía reducir en la práctica el número de personas capaces de ejercerlo. Un error en las listas, una discrepancia entre las bases de datos estatales y federales por asuntos como la verificación de la ciudadanía (asunto especialmente tenso y complejo en Estados Unidos) o la ausencia de un elector en el nuevo sistema podían provocar que su papeleta no llegase a tramitarse. Los críticos de la iniciativa llegaron a advertir de que la modificación planteada para el sistema podía dejar fuera a millones de votantes que sí cumplen los requisitos legales para participar en las elecciones.
A ello se sumaba la cuestión de las competencias. La organización de las elecciones corresponde fundamentalmente a los estados y al Congreso, por lo que varios recursos judiciales sostuvieron que Trump estaba intentando atribuir al Gobierno federal y al USPS unas facultades que no le corresponden. Un segundo juez federal también concluyó que el Servicio Postal carecía de autoridad legal para imponer estas reglas.
La controversia aumentó además por el calendario, en el que las 'midterms' se aproximan. La normativa pretendía introducir nuevos requisitos, listas y sistemas de verificación cuando los estados ya tenían preparadas sus estructuras electorales y algunos habían comenzado incluso a distribuir papeletas. Los responsables del proceso de votación alertaron de que adaptar el sistema en tan poco tiempo podía provocar errores y terminar dejando papeletas válidas sin contabilizar. Un informe de un denunciante interno llegó a advertir del riesgo de rechazo de millones de papeletas.
De hecho, la preocupación en muchas regiones del país surgía debido a que el voto por correo no es un sistema marginal en Estados Unidos. Hay estados en los que una parte muy importante del electorado vota de esta manera y ocho estados celebran sus elecciones fundamentalmente por correo. En algunos de ellos, introducir de repente un sistema federal de validación de votantes y sobres habría supuesto rehacer buena parte de la infraestructura electoral.
El voto por correo, el aspecto en el que más insiste Trump desde que comenzara a hablar de fraude electoral en 2020
La decisión de Trump de endurecer las condiciones del voto por correo tiene además un marcado trasfondo político. Este sistema se convirtió en uno de los principales focos de las denuncias de fraude electoral del entonces presidente tras las elecciones de 2020, en las que Joe Biden se impuso en las urnas. Trump se negó a reconocer su derrota y sostuvo, sin aportar pruebas que demostraran un fraude generalizado, que se habían producido irregularidades que habrían alterado el resultado de los comicios.
Las acusaciones se dirigieron especialmente contra el voto por correo, que había adquirido una importancia mucho mayor durante la pandemia de coronavirus. Trump cuestionó reiteradamente la seguridad de este mecanismo y llegó a presentar el recuento de las papeletas enviadas por correo como una de las vías a través de las cuales, según él, se habría producido el supuesto fraude.
Estas afirmaciones contribuyeron a alimentar el clima de tensión política que desembocó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Mientras el Congreso se disponía a certificar la victoria electoral de Biden, miles de seguidores de Trump irrumpieron en la sede del Legislativo.
Por ello, el nuevo intento de la Casa Blanca de intervenir sobre el voto por correo recupera un asunto que lleva años formando parte del discurso electoral de Trump, no siendo otro que la insistencia en imponer mayores controles, a su manera, sobre un sistema que el republicano convirtió en uno de los símbolos de sus denuncias sobre las elecciones de 2020.
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