El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado este lunes que “un expresidente tiene derecho a la inmunidad absoluta del enjuiciamiento penal por acciones dentro de su autoridad constitucional”, en una sentencia favorable para el candidato republicano Donald Trump. No obstante, reconoce que “no hay inmunidad para los actos no oficiales”.

"La naturaleza del poder presidencial da derecho a un expresidente a la inmunidad absoluta de enjuiciamiento penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente y preclusiva; también tiene derecho al menos a la inmunidad presunta de enjuiciamiento por todos sus actos oficiales; no hay inmunidad por actos no oficiales", señala el Supremo, concediendo así una victoria para el expresidente republicano y candidato a la reelección.

Esta sentencia se ha aprobado con el voto a favor de los seis magistrados conservadores, incluidos los tres que nombró el propio Trump. En contra han votado las tres juezas progresistas. Para ser más exactos al entender la complejidad del caso, el texto de la sentencia ocupa cerca de 120 páginas. “El presidente no está por encima de la ley. Pero según nuestro sistema de separación de poderes, el presidente no puede ser procesado por ejercer sus principales competencias constitucionales, y tiene derecho al menos a una presunta inmunidad judicial por sus actos oficiales, que se aplica por igual a todos los ocupantes del Despacho Oval”, reza el fallo judicial, redactado por el presidente del Tribunal Supremo estadounidense, John Roberts.

Esta sentencia supone una victoria de Trump en el ámbito judicial coincidiendo con el periodo electoral en el que se ve inmerso el país, en el que el expresidente aspira a volver al mando principal de la Casa Blanca y desbancar a Joe Biden en las urnas el 5 de noviembre.  Trump lo ha calificado como "una gran victoria para la Constitución y la democracia": "Orgulloso de ser estadounidense", ha proclamado en redes sociales.

Trump, declarado culpable en un juicio penal

Pese a este escenario, cabe recordar que el pasado mes de mayo fue declarado culpable de 34 cargos en un juicio penal por presunta falsificación de registros comerciales por haber intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a la exactriz porno Stormy Daniels al tratar de comprar su silencio y evitar un escándalo en el marco de las elecciones de 2016.  

Tras darse a conocer este fallo, el mandatario republicano compareció ante los medios de comunicación, postulándose como una víctima de una “cacería política, pantomima y persecución” contra su figura y dentro del marco electoral de estos meses. "No hemos visto ningún otro candidato presidencial perseguido por la justicia, ningún presidente o candidato presidencial al que se le amenaza con ir a la cárcel. Lidero las encuestas, saco mucha ventaja al presidente Biden y lidero a los republicanos hacia la victoria, por eso me están persiguiendo", defendió entonces.

Cabe remarcar en este contexto que Trump aún tiene otras causas abiertas en los juzgados, como el expediente sobre la retención de documentos clasificados en relación con la defensa y obstrucción a la justicia en su mansión de Mar-a-Lago, causa por la que reclamó su inmunidad; también la de Georgia por sus intentos de revertir el resultado de las pasadas elecciones presidencias en 2020, motivo que declinó en el posterior asalto al Capitolio.

El Supremo, sobre el asalto al Capitolio

En este contexto, cabe traer a colación el también pronunciamiento del Supremo estadounidense acerca de los hechos poselectorales que sacudieron a la nación norteamericana. El Alto Tribunal decidió que acusar a los asaltantes del Capitolio el 6 de enero de 2021 de obstrucción a la justicia tras las palabras de Trump era inapropiado, determinando que el Departamento de Justicia de la Fiscalía se sobrepasó en su postura.

Por seis votos, el máximo tribunal determinó que la Fiscalía se excedió en su acusación, ya que contemplaba la actuación de cientos de personas. Una decisión también implicó a que tribunales de rango inferior apliquen a partir de ahora este estándar y que desestimen los cargos contra los acusados.