El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela ha colocado bajo el foco una operación de dimensiones extraordinarias, pero también rodeada de interrogantes sobre su ejecución y sus consecuencias para Caracas y Washington. Aunque no existe una información extensa en relación a este nuevo modelo de control del crudo venezolano por parte de la Administración Trump, sí se han conocido ya distintos aspectos en relación al mismo, como la cantidad de barriles que pasará a manejar EEUU o la inversión que realizará, así como se plantean interrogantes sobre en qué situación quedan las empresas españolas con inversiones en este país latinoamericano.
EEUU pone bajo su control 65.000 millones de barriles
El punto central del pacto es el acceso y control estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, alrededor de una quinta parte del total del país, en torno al 20%, que supera los 300.000 millones de barriles. La Casa Blanca asegura que el acuerdo permitirá a Estados Unidos ampliar su seguridad energética y disponer de crudo a largo plazo.
La operación contempla el desarrollo de 17 campos petroleros, los cuales contienen unos 90.000 millones de barriles de las reservas probadas del país. Nueve se encuentran en la Faja Petrolífera del Orinoco y corresponden principalmente a yacimientos de crudo pesado y extrapesado que requieren inversiones desde cero. Los otros ocho son campos maduros, ya explotados anteriormente y que necesitan una importante inyección de capital para recuperar su producción.
El objetivo es elevar la extracción venezolana hasta aproximadamente 1,5 millones de barriles diarios, aunque la recuperación de la industria no será inmediata. La infraestructura petrolera venezolana lleva años deteriorada y la magnitud de las inversiones necesarias convierte el proyecto en una apuesta de largo recorrido.
Una operación de hasta 100 años y más de 100.000 millones de inversión
Los detalles conocidos han ido ampliándose desde el anuncio inicial. La Casa Blanca ha confirmado que North American Blue Energy Partners (NABEP) recibirá concesiones durante un siglo para explotar los 17 campos, mientras que Estados Unidos obtendrá una participación del 35% en la matriz de la compañía a través de la Office of Strategic Capital del Departamento de Defensa. Washington tendrá además derecho a comprar a precio de coste el 20% de la producción y prioridad sobre el resto.
La inversión prevista supera los 100.000 millones de dólares, mientras que Venezuela calcula que podría obtener más de 209.000 millones en impuestos y regalías. El diseño pretende atraer capital privado para reconstruir instalaciones, perforar nuevos pozos y recuperar activos abandonados.
Sin embargo, todavía existen incógnitas sobre la participación concreta de las grandes petroleras internacionales y sobre cómo se articularán todos los contratos. Algunas compañías se muestran cautelosas ante los riesgos políticos, jurídicos y operativos del país.
Las dudas sobre la solidez del contrato
Uno de los principales interrogantes afecta a la duración y estabilidad del acuerdo. Venezuela atraviesa una transición política y el pacto ha sido cuestionado por su encaje constitucional y por la capacidad de las actuales autoridades para comprometer durante décadas unos recursos estratégicos. El riesgo es especialmente relevante porque el proyecto necesita inversiones notables y plazos muy prolongados para recuperar el capital. Cualquier cambio de Gobierno podría abrir la puerta a revisiones o impugnaciones.
Trump, además, ha presentado el acuerdo como una herramienta para reforzar el suministro energético estadounidense y reducir los precios de los combustibles, aunque los analistas advierten de que aumentar de forma significativa la producción venezolana requerirá años.
¿Qué papel juega España?
España no forma parte del acuerdo entre Washington y Caracas, pero sí tiene intereses empresariales directos en el sector petrolero venezolano. El principal exponente es Repsol, que mantiene actividad en el país desde 1993 y ha firmado durante 2026 nuevos acuerdos con el Gobierno venezolano y PDVSA.
La compañía española ha recuperado el control operativo de Petroquiriquire y prevé aumentar un 50% su producción bruta de petróleo en Venezuela en un año y triplicarla en tres, siempre que se mantengan las condiciones necesarias. Además, Repsol ha acordado estudiar el desarrollo del área de Horcón, en el entorno del lago de Maracaibo.
Por tanto, España no tiene un papel institucional en el pacto petrolero de Trump, pero una eventual transformación del sector venezolano puede afectar directamente a empresas españolas con inversiones sobre el terreno. El acuerdo estadounidense abre así un nuevo escenario para todos los operadores internacionales presentes en el país.
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