El PP intenta dinamitar en Europa la regularización de migrantes de Sánchez alabada por instituciones internacionales

“Una estrategia económicamente sensata” o “una ayuda a acceder a derechos y servicios esenciales, preserva la dignidad y refuerza la cohesión social, en beneficio tanto de los individuos como de las comunidades”. Así calificaron la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, respectivamente, la regularización extraordinaria de migrantes que impulsó el Gobierno de coalición. Dos importantes instituciones internacionales, entre muchas, que ensalzaron las dos líneas argumentales enarboladas por la coalición, pero que no convencen a un Partido Popular (PP) que busca arañar votos a la extrema derecha.

Los de Alberto Núñez Feijóo están en contra de una regularización, similar a las que realizaron José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o Felipe González, que posibilita que algo más de medio millón de migrantes disfruten de una ganancia de derechos, tanto laborales (acceso a empleos legales y alta en Seguridad Social) como sociales (atención sanitaria y de servicios sociales, libre tránsito durante la duración del permiso, mayor facilidad para el acceso a la vivienda). Además, la contrapartida económica para el país, en términos de recaudación, es sustancial.

“Celebramos las medidas para regularizar la situación de los migrantes”, expuso la ONU. “Mientras Europa debate cómo gestionar la migración, España demuestra que las vías legales, la integración en el mercado laboral y la dignidad humana no son prioridades contrapuestas, sino la misma”, añadió la directora general de OIM, Amy Pope, quien celebró las salvaguardas asumidas con la regularización y sus efectos positivos en la economía de empresas y trabajadores.

Cientos de miles de personas que ya se encuentran en el territorio, pero que ahora podrán disfrutar de derechos ni cumplir con sus deberes. Sin embargo, el PP acudió raudo a Bruselas para poner en duda que la medida respetase los acuerdos de política migratoria europea, apoyándose en las tesis de Georgia Meloni y aprovechando el pronunciamiento contrario de voces reaccionarias del mundo, como Elon Musk. El Ejecutivo comunitario, dominado por el PP Europeo, a asestó un duro varapalo a los de Feijóo, que se niegan a ceder.

“Este caso es distinto porque son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración”, señalaba el comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner. Ahora, el PP presume de llevar de nuevo el debate a la Unión, pero en este caso al Parlamento. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo examinará con carácter de urgencia la regularización masiva de inmigrantes”, han anunciado este martes, insistiendo en “las dudas planteadas sobre su impacto y encaje en el marco jurídico comunitario”.

Espacio Schengen

El PP pretende con este movimiento que el Parlamento Europeo evalúe las “consecuencias sociales, económicas y legales de este proceso”. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, asegura que el Gobierno español ha legislado “a ciegas” y la regularización podría tener “efectos sobre la seguridad, los servicios públicos y la gestión administrativa”. Así, el PP insiste en relacionar migración y delincuencia y en insertar el miedo al colapso de unos servicios públicos que desmonta allí donde gobierna.

“Es una irresponsabilidad que ni España ni Europa se pueden permitir”, trasladan los conservadores, que también buscan generar el miedo en el continente ante posibles “repercusiones en otros Estados miembros, dado que los permisos de residencia concedidos en el espacio Schengen permiten la movilidad dentro de la UE”.  La regularización no da derecho a residencia ni trabajo en otros territorios, pero el PP señala el “riesgo de movimientos secundarios irregulares hacia otros países europeos, lo que podría generar responsabilidades adicionales para el Estado que concede dichos permisos”.

Sobre esta tesis ya se pronunció el comisario europeo, quien espetó que un "permiso de residencia no es un cheque en blanco" para desplazarse por el conjunto de la Unión Europea y recordó de que existen "reglas claras" que deben ser tenidas en cuenta a la hora de impulsar planes de regularización nacionales. Por ejemplo que si se detecta a un beneficiario de la medida residiendo ilegalmente en otro Estado miembro "debe regresar al país en donde se otorgó el permiso". Tesis ya conocidas y contempladas por el Gobierno español.