Naciones Unidas ha dado un paso que retrata mejor que cualquier discurso el punto en el que está Cuba. Este miércoles presentó en La Habana un Plan de Acción Ampliado para reforzar la respuesta humanitaria en la isla, con un objetivo inmediato: sostener los servicios básicos en plena crisis energética. No se trata sólo de reparar lo que dejó atrás el huracán ‘Melissa’ en octubre. El problema ahora es otro y atraviesa todo lo demás: sin combustible, sin corriente estable y con una red eléctrica bajo presión, la ayuda no basta con anunciarla; hay que conseguir moverla.
La foto es ya demasiado concreta como para esconderla bajo lenguaje burocrático. Hospitales con limitaciones operativas. Cirugías aplazadas. Programas de vacunación ralentizados. Medicamentos que necesitan frío y dependen de una cadena eléctrica frágil. Bombas de agua que se paran porque más del 80% del sistema de bombeo funciona con electricidad. La crisis energética ha dejado de ser en Cuba un problema de producción o de infraestructuras. Ha entrado de lleno en la sanidad, en la higiene, en la comida y en la vida diaria. Así lo advirtió en febrero la ONU en Ginebra, al alertar de que los apagones ya estaban poniendo en riesgo los servicios esenciales en todo el país.
El nuevo plan quiere responder justo a ese deterioro. Según la información difundida por el sistema de Naciones Unidas en Cuba, la operación concentrará esfuerzos en logística, salud, agua y saneamiento, seguridad alimentaria, habitabilidad, protección y educación. El alcance tampoco es menor: dos millones de personas, repartidas en 63 municipios y ocho provincias. La cifra da una idea de la magnitud del problema, pero también del cambio de fase. La ONU ya no trabaja sólo sobre los estragos de un temporal. Está intentando evitar que se resientan todavía más los servicios que sostienen lo básico.
El combustible manda
Ahí aparece el cuello de botella real. El coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, ha puesto el acento en un punto muy concreto: la disponibilidad de combustible. No como una pieza más del engranaje, sino como un “imperativo” para que la respuesta sea viable. La razón es simple. Sin diésel no se transportan suministros a las provincias afectadas, no se garantizan las operaciones logísticas, no se distribuye agua potable con regularidad y no se mantienen las visitas de seguimiento sobre el terreno. En una emergencia así, el combustible no es contexto. Es la llave.
El problema se ha agravado todavía más en marzo. Associated Press informó hace apenas unos días de que Cuba sufrió un apagón total el sábado 21 de marzo, el tercero de ese mismo mes. La caída del sistema se produjo tras un fallo inesperado en una unidad generadora de la central termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, y volvió a dejar al país entero a oscuras. El Gobierno cubano atribuye parte del deterioro a la vieja infraestructura, pero también al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos y al corte de suministros externos. El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que la isla lleva tres meses sin recibir petróleo de proveedores extranjeros y que hoy apenas produce el 40% del combustible que necesita.
Ese dato explica bastante mejor el alcance del plan de la ONU. En Cuba no falla sólo la generación eléctrica. Falla la capacidad de sostener la rutina mínima de un país. Cuando no hay corriente, se interrumpe el bombeo de agua. Cuando falta combustible, se atasca el transporte. Cuando se alargan los apagones, se echa a perder la comida refrigerada, se alteran tratamientos médicos y se acortan jornadas de trabajo. La ayuda internacional entra, en ese escenario, a apuntalar lo que todavía aguanta.
La organización admite además que parte de esos seis ejes ya estaban activados por los daños del huracán ‘Melissa’, que golpeó con fuerza el este del país el pasado octubre. Lo nuevo es el giro de la emergencia. La prioridad ya no pasa sólo por reconstruir techos, viviendas o infraestructuras dañadas por el temporal. Ahora urge concentrar recursos en los puntos donde la crisis energética está apretando más: salud, agua, transporte de suministros y protección de población vulnerable. También obliga a usar cada litro de combustible con trazabilidad y acceso seguro, ajustando la respuesta a sectores muy distintos entre sí.