La Asamblea General de la ONU ha dado un paso simbólico de importancia al reconocer la esclavitud de africanos durante la trata transatlántica como “el crimen más grave contra la humanidad”. La resolución, impulsada por Ghana, ha salido adelante con un amplio respaldo internacional, aunque no exento de divisiones, ya que, aunque 123 países votaron a favor, por su parte Estados Unidos, Israel y Argentina se posicionaron en contra y un total de 52 Estados, entre ellos el Reino Unido y la mayoría de miembros de la Unión Europea, optaron por la abstención.
El texto aprobado no tiene carácter jurídicamente vinculante, pero sus promotores consideran que supone un avance clave en el reconocimiento histórico y en el impulso de un debate global sobre la reparación. La iniciativa insta a los Estados miembros a considerar la posibilidad de emitir disculpas formales por su papel en la trata de esclavos y a contribuir a un eventual fondo de compensación, aunque no fija ninguna cuantía concreta.
Desde Ghana, principal impulsor de la resolución, se ha defendido el carácter histórico de la medida. El ministro de Asuntos Exteriores, Samuel Okudzeto Ablakwa, subrayó que el objetivo no es establecer comparaciones con otros episodios trágicos, sino “documentar un hecho histórico” y reconocer el sufrimiento causado durante siglos. En este sentido, la propuesta cuenta con el respaldo tanto de la Unión Africana como de la Comunidad del Caribe, dos organizaciones que llevan años reclamando justicia reparadora.
Entre los siglos XVI y XIX, entre 12 y 15 millones de personas fueron capturadas en África y trasladadas a América en condiciones infrahumanas. De hecho, se estima que más de dos millones murieron durante el trayecto, conocido como el “pasaje medio”. Aquellos que sobrevivían eran sometidos a trabajos forzados en plantaciones y minas, en un sistema que generó enormes beneficios económicos para las potencias coloniales.
La resolución aprobada por la ONU pone el foco también en las consecuencias actuales de aquel sistema. Según el texto, los efectos de la esclavitud siguen presentes en forma de desigualdades raciales estructurales y en el subdesarrollo que afecta a países africanos y a comunidades afrodescendientes en todo el mundo. Este argumento ha sido clave para reforzar la creciente campaña internacional en favor de las reparaciones.
En los últimos años, este movimiento ha ganado impulso en distintos foros internacionales. La Unión Africana dedicó 2025 a la “justicia reparadora”, mientras que líderes de la Commonwealth han reclamado la apertura de un diálogo global sobre este asunto. No obstante, la cuestión sigue generando profundas divisiones, especialmente entre los países occidentales.
El Reino Unido, que desempeñó un papel central en el comercio transatlántico, reconoció durante el debate el “daño y la miseria incalculables” causados durante siglos, pero expresó reservas sobre la resolución. Su embajador ante la ONU, James Kariuki, consideró que el texto plantea problemas desde el punto de vista del derecho internacional y advirtió contra la jerarquización de tragedias históricas. “Ningún conjunto de atrocidades debe considerarse más o menos significativo que otro”, afirmó.
Estados Unidos, por su parte, se alineó con esta postura crítica. Su representante ante la ONU rechazó la idea de establecer un derecho legal a reparaciones por hechos que, en su momento, no eran considerados ilegales bajo el derecho internacional. Además, denunció lo que calificó como un uso “cínico” de las injusticias históricas para justificar una redistribución de recursos en el presente hacia países o poblaciones con una relación indirecta con las víctimas.
