Vestidos de negro, con pasamontañas y coordinados para aparecer prácticamente al mismo tiempo. Cientos de activistas antimigración bloquearon a comienzos de septiembre los accesos al puerto de Dover, una de las principales puertas de entrada y salida de Reino Unido. Dos días después, escenas similares se repitieron en Portsmouth, donde otro grupo trató de impedir el traslado de solicitantes de asilo que acababan de llegar a tierra. Lo ocurrido no fue una sucesión casual de protestas locales, sino la demostración de una nueva forma de organización en los márgenes de la extrema derecha británica.
Uno de los grupos que está detrás de esta transformación es Patriot Platform, una estructura creada para reunir bajo un mismo paraguas a diferentes organizaciones antimigratorias locales. Su principal impulsor es Daniel Thomas, conocido como Danny Tommo, antiguo colaborador y guardaespaldas del activista ultraderechista Tommy Robinson. La organización reivindica mayor disciplina que las movilizaciones tradicionales, opera en buena medida a través de canales cerrados y ha demostrado capacidad para movilizar rápidamente a centenares de personas.
Pero Patriot Platform no aparece en un vacío. Una investigación de The Guardian ha localizado al menos 28 grupos de vigilantes antimigrantes surgidos en Reino Unido desde el verano de 2025, desde Irlanda del Norte hasta la costa sur de Inglaterra. Sus métodos son variados: patrullas callejeras, vigilancia de alojamientos para solicitantes de asilo, concentraciones junto a puertos o intentos de impedir movimientos de personas migrantes. Algunos justifican sus actuaciones asegurando que pretenden suplir lo que consideran una ausencia del Estado frente a la inmigración.
Una nueva estrategia en las calles
La diferencia respecto a buena parte de las movilizaciones antimigratorias anteriores está en el salto desde la protesta hacia la intervención directa. En Dover, activistas vestidos de negro bloquearon la A20, una de las principales vías de acceso al puerto, y provocaron varios kilómetros de retenciones. En Portsmouth, cientos de manifestantes intentaron evitar que un grupo de solicitantes de asilo pudiera ser trasladado desde la zona de desembarco para completar los procedimientos administrativos. Varios vehículos policiales, de la Guardia Costera y de Border Force sufrieron daños y algunos agentes resultaron heridos leves.
El episodio ha obligado al propio Gobierno británico a reaccionar. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, calificó este viernes a Daniel Thomas de activista de extrema derecha y “abiertamente racista” y aseguró que quienes cometan delitos durante estas movilizaciones se enfrentarán a la actuación policial. El Ejecutivo ha pedido además mejorar la recopilación de inteligencia después de que las fuerzas de seguridad reconocieran que fueron sorprendidas por la magnitud de algunas de las acciones.
La presión ha alcanzado incluso a quienes participan en operaciones de salvamento marítimo. La Royal National Lifeboat Institution (RNLI), la histórica organización de rescate británica, cerró temporalmente su estación de Portsmouth por razones de seguridad después del hostigamiento recibido por algunos de sus voluntarios tras ayudar en el desembarco de personas rescatadas en el Canal. La organización ha recomendado a determinados trabajadores evitar prendas con su logotipo cuando consideren que pueden convertirse en objetivo de agresiones.
La dimensión de esa controversia contrasta con los propios datos de la institución. Según la RNLI, solo el 1,2% de sus operaciones de rescate durante 2025 estuvieron relacionadas con travesías migratorias por el Canal de la Mancha. Su función, insiste la organización, es el salvamento marítimo independientemente de la nacionalidad o situación administrativa de las personas que se encuentren en peligro.
La inmigración domina el debate político británico
El crecimiento de estos grupos coincide con un momento de enorme presión política alrededor de la inmigración. El 42% de los británicos identifica actualmente la inmigración como uno de los problemas más importantes del país, según el índice de preocupaciones de Ipsos correspondiente a agosto. Es la cuestión más mencionada, por delante de la economía, que alcanza el 32%. Entre los votantes de Reform UK, el porcentaje que señala la inmigración como un asunto prioritario asciende al 81%.
Ese clima ayuda a explicar por qué las pequeñas embarcaciones que cruzan el Canal se han convertido en uno de los símbolos centrales de la batalla política británica, aunque no representen la totalidad de quienes solicitan protección internacional. Los datos oficiales del Home Office muestran que, durante los doce meses hasta junio de 2026, el 40% de los solicitantes de asilo —33.949 personas— había llegado en pequeñas embarcaciones. Otro 41%, unas 35.000 personas, tenía previamente un visado u otro permiso antes de presentar su solicitud.
Las cifras más recientes muestran además la volatilidad de las llegadas. En la semana terminada el 6 de septiembre, 625 personas alcanzaron Reino Unido a bordo de ocho embarcaciones, mientras las autoridades británicas y francesas aseguraron haber impedido otros diez intentos en los que participaban 282 personas. El propio Gobierno británico advierte de que estos datos semanales son provisionales y pueden modificarse posteriormente.
Alrededor de esas cifras se libra una batalla política mucho mayor. Reform UK, liderado por Nigel Farage, ha convertido la inmigración en uno de los pilares de su discurso y continúa disputando a laboristas y conservadores una parte relevante del electorado. En la encuesta de Ipsos publicada a finales de agosto, Labour aparecía con un 28% de intención de voto frente al 25% de Reform, una diferencia dentro de un escenario todavía muy abierto.
La formación de Farage dispone además de recursos económicos inéditos para un partido que hasta hace pocos años ocupaba una posición secundaria en Westminster. Este septiembre recibió dos donaciones de 36 millones de libras en apenas 48 horas, aportadas por los empresarios del sector de las criptomonedas Ben Delo y Christopher Harborne. Los 72 millones obtenidos superan, según Reuters a partir de datos de la Comisión Electoral, lo que laboristas y conservadores gastaron en la última campaña electoral.
Dos caras de un mismo malestar
Reform UK y los grupos que patrullan las calles no forman parte de una misma estructura ni utilizan los mismos métodos, y conviene no confundirlos. La coincidencia está en el terreno político sobre el que actúan. Mientras Farage intenta transformar el malestar migratorio en votos e influencia institucional, organizaciones como Patriot Platform buscan convertirlo en movilización directa alrededor de puertos, alojamientos y puntos de llegada.
La aparición de estas patrullas introduce además una dificultad adicional para las fuerzas de seguridad. Parte de su organización se produce mediante grupos privados, redes sociales y convocatorias rápidas, lo que reduce el margen de reacción policial. La propia Policía de Kent reconoció fallos en la gestión de la información previa a la movilización de Dover, pese a que existían advertencias sobre posibles acciones. El Gobierno ha reclamado desde entonces una mejora de los sistemas de inteligencia policial.
El debate británico entra así en una fase distinta. La inmigración continúa siendo un asunto legítimo de discusión política sobre fronteras, capacidad de acogida, seguridad, integración y funcionamiento del sistema de asilo. Lo nuevo es la aparición de grupos que pretenden actuar por su cuenta para vigilar, bloquear o interferir directamente en la gestión de quienes llegan al país.
Dover y Portsmouth han mostrado hasta dónde puede llegar esa transformación. La frontera británica ya no se discute únicamente en Westminster ni en las campañas electorales. También se disputa en carreteras, puertos y playas, donde grupos organizados vestidos de negro intentan trasladar a la calle una batalla migratoria que lleva años condicionando la política del Reino Unido.
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