La Justicia libra a Milei de la causa por la estafa de las criptomonedas sin interrogar a los acusados

El presidente argentino, Javier Milei, ha encontrado un motivo para celebrar y, de paso, volver a cargar contra periodistas y opositores. La Justicia argentina ha dictado el sobreseimiento del presidente, de su hermana Karina Milei y de otros nueve acusados en la causa $Libra, el escándalo de la criptomoneda que el mandatario promocionó en sus redes sociales en febrero de 2025 y cuyo desplome dejó pérdidas millonarias entre miles de inversores. La decisión judicial cierra la investigación contra los once imputados, pero también abre un nuevo frente de controversia por la forma en que se ha llegado a ella.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, respaldado por el dictamen de la fiscalía, considera que "los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal". En otras palabras, entiende que no existen elementos suficientes para acreditar los delitos investigados: estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

La resolución, sin embargo, llega sin que los acusados hayan sido llamados a declarar en indagatoria y sin que se hayan practicado algunas de las medidas de prueba reclamadas por los damnificados. Una circunstancia que ha alimentado las críticas de quienes consideran que la causa se ha cerrado antes de esclarecer por completo los hechos.  El caso estalló en febrero de 2025, cuando Milei difundió en su cuenta de X -antigua Twitter- un enlace para adquirir $Libra y presentó el proyecto como una iniciativa privada destinada a impulsar la economía argentina mediante la financiación de pequeñas empresas y emprendimientos.

El respaldo público del presidente disparó el interés por el activo, su volumen de operaciones y su precio. Horas después, el valor de la criptomoneda se hundió abruptamente, después de que sus creadores y algunos inversores retiraran fondos de liquidez. Según las estimaciones recogidas en la denuncia, unos 40.000 inversores sufrieron pérdidas, mientras que un grupo reducido habría obtenido ganancias de alrededor de 100 millones de dólares.

El asunto no era menor: el presidente de un país había promocionado personalmente un activo financiero que terminó desplomándose. Y aunque recomendar una criptomoneda no constituye por sí solo un delito, la operación planteó preguntas evidentes sobre quién estaba detrás del proyecto, qué información manejaba el entorno presidencial y qué papel pudieron desempeñar los contactos previos entre sus promotores y el Gobierno.

El juez reconoce que la investidura presidencial otorgó al lanzamiento "una repercusión y una visibilidad particulares". Sin embargo, sostiene que "la notoriedad de quien promociona un activo, la repercusión pública del lanzamiento o la confianza que su intervención pueda suscitar no equivalen, por sí solas, a un ardid defraudatorio".

Martínez de Giorgi considera que no se ha acreditado un engaño penalmente relevante ni una relación causal demostrada entre una maniobra fraudulenta y las pérdidas de los inversores. Tampoco acepta que el reparto final de beneficios y pérdidas permita deducir automáticamente la existencia de una estafa.

Las pruebas que no convencieron al juez

Entre los elementos analizados figuran peritajes informáticos realizados por expertos judiciales. En el teléfono de uno de los acusados se encontró el borrador de un supuesto contrato entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, creador de $Libra, por cinco millones de dólares. También se localizaron archivos que aludían a cantidades de dinero que presuntamente debían pagarse al presidente y a su hermana. Pese a ello, el magistrado consideró que esos elementos no bastaban para sostener una imputación penal.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, también queda sobreseída. Según la resolución, no se ha probado que solicitara o cobrara dinero para facilitar reuniones entre su hermano y los desarrolladores de la criptomoneda, que habían visitado en varias ocasiones dependencias oficiales antes del lanzamiento.

El sobreseimiento alcanza igualmente a Hayden Mark Davis; Julian Peh; Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores; los operadores financieros Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli; la hermana y la madre de este último, María Pía Novelli y Alicia Rafaele; y los intermediarios Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

Milei celebra el fallo y vuelve a disparar contra la prensa

El presidente no tardó en convertir la resolución judicial en una victoria personal. "¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?», escribió en X.

Milei calificó el caso de "tremenda operación política y mediática" con supuestos "fines políticos golpistas" y arremetió contra determinados comunicadores, a quienes definió como "periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones". Pero el sobreseimiento no convierte automáticamente en falsas todas las preguntas sobre el caso ni demuestra que las decisiones políticas del presidente fueran prudentes. Lo que establece el fallo es que, a juicio del magistrado, no hay base legal suficiente para mantener las imputaciones penales.

Las críticas más duras han llegado desde la oposición. Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica y presidente de la comisión parlamentaria que investigó el caso $Libra, acusó al juez y al fiscal Eduardo Taiano de garantizar la "impunidad" de los implicados. "En todo este tiempo no citaron a una sola persona a prestar declaración indagatoria. Escondieron y desecharon pruebas y trabaron todo avance en la investigación", denunció.

Juan Grabois, dirigente social y diputado peronista, también cuestionó el desenlace y el papel de la fiscalía. "Primero se encargaron de sacar del medio a las querellas que veníamos impulsando la causa", afirmó. A su juicio, una vez apartados los damnificados, las autoridades judiciales tuvieron "vía libre para consumar su maniobra y garantizar la impunidad de Milei y su séquito de estafadores".

Grabois añadió que el procedimiento resultaba especialmente llamativo porque "fue el mismo fiscal, y no los abogados defensores, el que pidió el sobreseimiento".

Por su parte, Pablo Juliano, diputado de la Unión Cívica Radical, puso el foco en un posible conflicto de intereses. Recordó que Milei firmó en julio el decreto de nombramiento de la esposa del juez y señaló que habían transcurrido doce días desde que Martínez de Giorgi apartara de la causa a los damnificados que ejercían como querellantes. "En Comodoro Py, la familia es lo primero", ironizó, en referencia a la sede de los tribunales federales argentinos.