Italia ha acudido a las urnas este lunes dejando un resultado que no ha favorecido al Gobierno de Giorgia Meloni: más del 54% de los votantes no han apoyado la reforma judicial de la primera ministra, frente al 46% que sí ha apoyado la iniciativa. Un escenario por el que la dirigente italiana ha asumido la derrota.
“La soberanía pertenece al pueblo y los italianos hoy se han expresado con claridad. El Gobierno hizo lo que había prometido: llevar adelante una reforma de la justicia que estaba escrita en nuestro programa electoral. La hemos apoyado hasta el final y después hemos dejado la elección en manos de los ciudadanos”, ha lamentado Meloni a través de redes sociales.
En estos términos, la mandataria italiana ha dicho “respetar la decisión” de la ciudadanía, aunque ha remarcado su descontento al entender que se ha declinado en “una oportunidad perdida de modernizar Italia”, aunque no ha dado la batalla por finalizada: “No cambia nuestro compromiso para continuar, con seriedad y determinación, trabajando por el bien de la nación y honrar el mandato que se nos ha encomendado”, ha garantizado a su vez.
Italia dice ‘no’ a la reforma judicial de Meloni
Con el 53,92% de los votos en contra, y teniendo en cuenta que la participación ha sido del 58,51% los dos días de consulta popular, Italia ha dado portazo a una de las medidas clave del mandato de Meloni desde que asumió el Gobierno italiano en 2022.
Los colegios electorales han cerrado este lunes sobre las 15:00 horas (hora local) tras dos días de votación. La pregunta que han tenido que responder los ciudadanos italianos alude a una reforma de los artículos 87, 102, 104, 105, 106, 107 y 110 de la Constitución italiana.
La reforma en cuestión, de corte complejo y de contenido muy técnico, plantea, a rasgos generales, separar las carreras de jueces y fiscales en dos órganos distintos, con dos consejos superiores de la judicatura separados, que funcionen de forma autónoma, y un nuevo órgano disciplinario común para los magistrados.
Uno de los puntos más controvertidos de la modificación de Meloni se concentra en que algunos miembros del Consejo Superior de la Judicatura -formado por 33 miembros, 20 de los cuales son elegidos por los propios magistrados y otros diez por el Parlamento- sean seleccionados por sorteo, un mecanismo defendido por el Gobierno para poner fin al llamado “faccionalismo”.
Detractores de la medida defienden que el sorteo eliminaría la representatividad sin garantizar imparcialidad, produciéndose así una fuerte asimetría entre los cargos elegidos por el Parlamento italiano y aquellos elegidos por los magistrados, que no tendrán legitimidad y serán más susceptibles a influencias políticas.
De esta manera, los partidos de la oposición a Meloni vienen defendiendo que la separación de carreras es un problema inexistente, puesto que el cambio de un cargo a otro solo se permite una vez y durante los primeros diez años de carrera, con la condición de trasladarse a otro distrito judicial o región a fin de garantizar la imparcialidad.
Por otro lado, convertir a los fiscales en un organismo independiente -regulado por su propio consejo superior- conllevaría, a juicio de sus detractores, el riesgo de alejarles de una cultura profesional compartida con los jueces y podría convertirles así en figuras más parecidas a agentes de policía, dando paso a una lógica de resultados, con preferencia por lograr más detenciones y condenas.
La medida tampoco lograría mitigar las ineficiencias del sistema judicial, según afirma la oposición, puesto que multiplica los costes y la burocracia, asignando las mismas funciones que realiza un solo organismo a tres diferentes.
La oposición a Meloni también ha venido presentando dudas sobre la convocatoria de referéndum, debido a que, si el Gobierno hubiese querido intervenir para separar las carreras judiciales, hubiera bastado con plantear una ley ordinaria. La consulta, además, es un referéndum confirmatorio en el que no se necesita alcanzar ningún quórum para que sea válido.
Cabe remarcar que la legislación fue planteada por Silvio Berlusconi durante su mandato como primer ministro en el contexto del escándalo de 'Manos Limpias' y que obtuvo luz verde en el Parlamento en octubre de 2025, si bien al ser una reforma constitucional debía aprobarse por consulta popular al no conseguir dos tercios en la Cámara.