Naciones Unidas ha dado un paso sin precedentes al incluir por primera vez a Israel y Rusia en su denominada "lista negra" de actores responsables de cometer de forma sistemática actos de violencia sexual en conflictos armados. La decisión figura en el último informe anual presentado por el secretario general de la ONU, António Guterres, y supone un nuevo foco de presión internacional sobre ambos países por las actuaciones de sus fuerzas de seguridad y militares.
El documento, coordinado por la representante especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, Pramila Patten, concluye que tanto las fuerzas israelíes como las rusas han estado implicadas en patrones de abusos sexuales relacionados con la guerra. Se trata de la primera vez que ambas potencias aparecen en esta clasificación específica, aunque ya figuraban en otros mecanismos de seguimiento de Naciones Unidas relacionados con violaciones de derechos humanos durante conflictos armados.
La ONU alerta además de un deterioro global de la situación. Según el informe, los casos verificados de violencia sexual relacionada con los conflictos armados se duplicaron durante el último año. Las investigaciones documentan violaciones, esclavitud sexual, matrimonios forzados, mutilaciones genitales y trata de personas en 21 países afectados por la guerra. En total, la denominada "lista negra" de Naciones Unidas identifica a 15 actores estatales y 62 actores no estatales que operan en esos escenarios de conflicto.
Acusaciones contra Israel
En el caso israelí, Naciones Unidas atribuye a agentes estatales una serie de abusos cometidos contra civiles palestinos y personas detenidas. Entre las prácticas documentadas figuran violaciones, agresiones físicas, descargas eléctricas dirigidas a los genitales, desnudez forzada y otras formas de violencia sexual utilizadas como método de tortura. Según el informe, la ONU verificó incidentes de violencia sexual relacionada con el conflicto contra 14 hombres, siete mujeres, nueve niños y una niña. En varios de estos casos, las agresiones fueron además filmadas o fotografiadas.
El informe señala específicamente a las Fuerzas de Defensa de Israel, al Servicio de Prisiones israelí —incluidas las fuerzas especiales Keter— y a la Unidad Policial Antiterrorista (Yamam) por incidentes ocurridos principalmente durante detenciones, interrogatorios y operaciones de seguridad. Según Naciones Unidas, las mujeres palestinas sufrieron sobre todo amenazas de violación y registros corporales humillantes, mientras que hombres y menores fueron víctimas de violaciones y graves agresiones genitales que, en algunos casos, provocaron lesiones severas sin recibir atención médica adecuada.
La organización internacional reclama a Israel que investigue todas las denuncias, garantice un trato digno a los detenidos palestinos y permita el acceso de observadores y organismos humanitarios independientes. La ONU subraya además que estos abusos se producen en un contexto marcado por las duras condiciones de vida y los desplazamientos masivos de población en Gaza. El informe recuerda que más de 9.000 palestinos permanecen detenidos por Israel y que más de 4.000 de ellos se encuentran bajo el régimen de "detención administrativa", una figura que permite mantener a personas encarceladas sin cargos ni juicio.
Naciones Unidas también denuncia un grave problema de impunidad debido a la escasa rendición de cuentas en numerosos casos documentados. El informe destaca que la ausencia de acusaciones por violencia sexual en algunos procedimientos judiciales y la posterior retirada de cargos contribuyen a reforzar esa percepción. Como ejemplo, cita el caso de cinco soldados reservistas de las FDI acusados en febrero de 2025 por una agresión física grave en el campamento de Sde Teiman que incluía la inserción de un objeto en el ano de la víctima. Según el documento, pese a la naturaleza de los hechos, no se formularon cargos por violación o violencia sexual y, posteriormente, todas las acusaciones fueron retiradas.
El informe también documenta varios casos de abusos cometidos por miembros de las fuerzas ucranianas, aunque destaca que las autoridades de Kiev han mantenido la cooperación con los observadores internacionales y han impulsado reformas legislativas y programas de asistencia a las víctimas.
Rechazo de Israel y Rusia
La decisión de añadir a Rusia en esa “lista negra” se basa en los patrones documentados por la organización durante la invasión de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, y supone un nuevo golpe a la imagen internacional del Kremlin en un momento en que continúan acumulándose denuncias por posibles crímenes de guerra. Según el último informe de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos, las fuerzas rusas recurrieron a este tipo de abusos como una herramienta de humillación, castigo y control contra la población civil y los prisioneros de guerra ucranianos. La investigación recopila 310 casos ocurridos entre 2022 y 2025, con un total de 280 hombres, 26 mujeres y cuatro niñas identificados como víctimas.
La mayoría de los afectados fueron hombres, tanto civiles como prisioneros de guerra. El informe describe prácticas especialmente brutales, incluyendo violaciones individuales y en grupo, agresiones con objetos, mutilaciones genitales, descargas eléctricas y palizas utilizadas para castigar, intimidar o forzar confesiones. En el caso de mujeres y niñas, Naciones Unidas documenta abusos cometidos en viviendas particulares, puestos de control y centros de detención ilegales.
Uno de los aspectos que más preocupa al organismo internacional es la falta de acceso a los territorios bajo control ruso. Moscú negó sistemáticamente la entrada a observadores de la ONU, lo que obligó a los investigadores a reconstruir los hechos a través de entrevistas realizadas tras la liberación o huida de las víctimas. Según el informe, muchos supervivientes siguen enfrentándose al estigma y al temor a represalias, especialmente en las zonas ocupadas.
Abusos por parte de fuerzas ucranianas
El informe no limita sus conclusiones a Rusia. Naciones Unidas también verificó 31 casos de violencia sexual atribuidos a miembros de las fuerzas ucranianas, que afectaron a 27 hombres y cuatro mujeres. Nueve de esos episodios se produjeron durante 2025.
Las agresiones incluyeron descargas eléctricas, golpes dirigidos a los genitales y desnudez forzada. Sin embargo, la ONU subraya una diferencia significativa respecto a Rusia: las autoridades de Kiev permitieron el acceso de observadores internacionales, abogados y familiares, además de impulsar reformas legales y mecanismos de reparación para las víctimas.
Entre las medidas destacadas figura la aprobación de la Ley n.º 4067-IX para facilitar reparaciones urgentes a los supervivientes y la puesta en marcha de un programa nacional contra la trata de personas con fines de explotación sexual para el periodo 2026-2030. Además, Ucrania amplió durante el último año su red de asistencia especializada para las víctimas.
La ONU exige responsabilidades
Ante la gravedad de los hechos documentados, Naciones Unidas reclama al Gobierno de Vladimir Putin que ordene el cese inmediato de cualquier forma de violencia sexual, investigue los casos denunciados, garantice la rendición de cuentas de los responsables y permita el acceso sin restricciones de observadores internacionales y organizaciones humanitarias.
Al mismo tiempo, insta a las autoridades de Volodímir Zelenski a continuar cooperando con los mecanismos de supervisión de la ONU y a asegurar que cualquier responsable de abusos sexuales dentro de las fuerzas ucranianas sea llevado ante la justicia.
La publicación del informe ha provocado una inmediata reacción de Moscú. El Ministerio de Defensa ruso rechazó las acusaciones y calificó el documento como una muestra de la "doble moral" y la "hipocresía" de Naciones Unidas, argumentando que la organización minimiza o ignora los abusos cometidos por Ucrania y los países occidentales.
La inclusión de Rusia en la lista negra de la ONU aumenta la presión internacional sobre el Kremlin y puede reforzar futuras actuaciones judiciales. El informe llega en un contexto en el que ya existe una orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin por la deportación ilegal de menores ucranianos a territorio ruso.
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