Una de las iniciativas más conocidas en favor de la causa palestina, The Sameer Project, se ha visto obligada a frenar sus actividades tras una caída “drástica” de sus fondos. Una situación que se ha visto motivada a su vez por la detención del activista Fergie Chambers en Ibiza, acusado de haber cometido presuntos delitos de financiación al terrorismo, de quien han reclamado su puesta en libertad.
En un comunicado de la organización, al que ha tenido acceso este periódico, la iniciativa, que trabaja por y para el pueblo de Gaza afectado por la violenta ofensiva israelí tras los atentados de octubre de 2023, han dado a conocer la suspensión de su funcionamiento habitual que tendrá “un impacto directo y medible sobre miles de personas”.
Un desplome de fondos que ha coincidido en tiempo y forma con la retención en nuestro país del filántropo propalestino James ‘Fergie’ Chambers desde el pasado mes de julio a petición de la Justicia de Estados Unidos y el Gobierno de Donald Trump, acusándole de presuntos delitos de financiación al terrorismo. Todo ello pese a que el activista donó 250.000 dólares a la causa para sacar adelante una panadería, una planta desalinizadora y una clínica médica pública, un gesto que fue considerado como un “salvavidas” para la población gazatí.
Cuando aconteció el arresto de Chambers, la organización pidió públicamente su inmediara liberación, reconociendo a su vez buena parte de sus proyectos dependían de sus donaciones, debido a que el activista es heredero de la fortuna de la familia Cox –expertos en telecomunicaciones- y uno de los más grandes contribuyentes con la causa palestina invirtiendo más de un millón de dólares.
Los activistas han entendido su detención como “una señal de advertencia hacia otros grandes donantes de causas propalestinas” por parte de fuerzas internacionales como Estados Unidos. Una sensación de “vacío” que, según alegan, no sólo se siente en la organización, sino también, tal y como relató el periodista Julian Sayarer, Chambers “venía cubriendo, junto a un grupo de allegados, los gastos hospitalarios de una niña palestina evacuada de Gaza a Egipto para tratar una enfermedad renal que ya se había cobrado la vida de su hermana”, de 8.000 euros cada dos meses. “La siguiente dosis del tratamiento debía administrarse antes del 20 de agosto, por lo que su encarcelamiento deja en una situación de incertidumbre inmediata la continuidad de ese cuidado médico”, han ahondado.
Según recogió El País esta semana, quien contó con el testimonio de la esposa de Chambers, Stella Schnabel, una orden de detención internacional de Interpol le acusa de presunto lavado de dinero, disturbios y conspiración para disturbios –este último no existe en el ordenamiento español-, que en Estados Unidos son penas castigadas con hasta 30 años de prisión. Todo ello alegando una supuesta financiación a Hamás, pese a que la causa es plenamente solidaria con la población civil de Gaza.
Washington cuenta con un plazo de hasta el 26 de agosto para enviar la documentación que avale la solicitud para que España entregue a Chambers a sus autoridades y sea juzgado en un tribunal estadounidense. A la contra, la familia del activista trabaja a contrarreloj para tener la solicitud formal de extradición, confiando en que el Gobierno central de Pedro Sánchez pueda apreciar motivación política en la acusación y poder frenar el procedimiento.
Actualmente, la revisión del proceso está en manos de la Audiencia Nacional, pero la última palabra al respecto recae en el Consejo de Ministros, que se celebrará ya entrado el mes de septiembre. Un escenario que, en el escenario geopolítico, coincide con el choque entre Madrid y Washington que viene alentando este último, tanto por el gasto en Defensa en la OTAN como la reciente crisis migratoria en Ceuta.
El alcance de la causa
En lo que concierne al habitual funcionamiento del proyecto, en el mismo comunicado han alegado que los impactos directos del cierre de financiación se notarán en que, como ejemplo, la cocina comunitaria dejará de distribuir al menos 3.000 comidas diarias, que llegaban hasta a 9.000 personas y la panadería, que llegó a producir hasta 5.000 panes cada día, cesará su actividad dejando de alimentar a cientos de familias. Los camiones cisterna detendrán el reparto de 350.000 litros de agua potable por jornada, un bien fundamental dada la escasez de suministro en la zona limitado por Israel. Las clínicas médicas del proyecto dejarán de atender a unos 400 pacientes y los 200 trabajadores locales sobre el terreno se quedarán sin poder desempeñar su labor.
Debido a ello, la organización insiste en que busca donantes recurrentes para poder retomar sus operaciones, subrayando que “el genocidio no ha terminado, así que tenemos que adaptarnos”. Pese a esta realidad, han aclarado que mantendrán sus campamentos activos, aportando 185.000 litros de agua al día, porque cortar ese suministro dejaría a esas comunidades sin ninguna alternativa.
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