La Comisión Europea ha abierto un nuevo frente en el debate sobre la política climática europea con una propuesta para reformar el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), considerado hasta ahora el principal instrumento de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque el Ejecutivo comunitario defiende que los cambios permitirán compatibilizar la descarbonización con la competitividad industrial, organizaciones ecologistas y representantes de los Verdes europeos alertan de que la reforma supone una relajación de uno de los mecanismos más eficaces de la agenda climática comunitaria.
El ETS, en funcionamiento desde 2005, obliga a las grandes empresas contaminantes a adquirir derechos para emitir CO₂, creando un incentivo económico para invertir en tecnologías más limpias. El sistema, que posteriormente se amplió al transporte marítimo y a la aviación dentro de la UE, ha contribuido a reducir un 47% las emisiones de los sectores afectados respecto a los niveles de 2005, convirtiéndose en un referente internacional e inspirando mercados de carbono similares en países como China o Nueva Zelanda.
La revisión presentada por Bruselas llega en un contexto especialmente delicado. Europa ha vivido durante los últimos meses una sucesión de fenómenos meteorológicos extremos, con incendios forestales de gran magnitud en España y olas de calor históricas. Al mismo tiempo, la Comisión pretende adaptar el ETS al nuevo objetivo climático comunitario de reducir un 90% las emisiones para 2040, un paso intermedio hacia la neutralidad climática prevista para mediados de siglo.
Sin embargo, el Ejecutivo europeo también ha tenido que responder a las crecientes presiones de varios Estados miembros, encabezados por Italia y respaldados por otros nueve países, que consideran que el sistema encarece la energía y perjudica la competitividad de la industria europea frente a competidores de terceros países con menores exigencias ambientales y laborales.
Entre las principales novedades figura la ampliación del periodo durante el que sectores altamente contaminantes, como el acero o el cemento, podrán seguir recibiendo derechos gratuitos de emisión. En lugar de desaparecer en 2034, estas asignaciones gratuitas se mantendrán hasta 2038, aunque las empresas deberán acreditar planes de inversión en tecnologías limpias dentro de la Unión Europea para acceder a ellas. El 80% de los permisos gratuitos se concederá sobre la base de esos compromisos de inversión y el 20% restante se entregará una vez ejecutados los proyectos.
La Comisión también plantea ralentizar la reducción anual del número de derechos de emisión disponibles. Si actualmente el límite disminuye un 4,3% anual, a partir de 2031 pasaría a hacerlo un 3,7% y desde 2036 el descenso sería del 1,7%. Según WWF, esta modificación permitiría emitir alrededor de 2.000 millones de toneladas adicionales de CO₂, lo que, a su juicio, pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos fijados para 2040.
Las organizaciones ecologistas consideran que la reforma debilita la señal económica que ha impulsado hasta ahora la transición energética. Desde WWF advierten de que el éxito del ETS reside precisamente en la combinación entre un límite de emisiones cada vez más estricto, un precio suficientemente elevado para contaminar y unos ingresos destinados a financiar tecnologías limpias. Alterar cualquiera de esos elementos, sostienen, amenaza el equilibrio del conjunto del sistema.
En la misma línea se ha pronunciado el eurodiputado alemán de Los Verdes Michael Bloss, quien acusa a la Comisión de conceder a la industria "una licencia para contaminar durante más tiempo y a menor coste", penalizando a las empresas que ya han apostado por procesos de producción sostenibles.
Bruselas, sin embargo, rechaza esas críticas. El comisario europeo de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra, sostiene que el objetivo no es rebajar la ambición climática, sino evitar la deslocalización industrial. Según explicó, algunas compañías están optando por trasladar su producción fuera de Europa en lugar de invertir en la descarbonización de sus instalaciones, una situación que, a su juicio, termina perjudicando tanto al empleo como al clima global.
La propuesta incorpora además otras medidas de mayor ambición ambiental, como la inclusión de la gestión de residuos municipales en el mercado de emisiones para incentivar el reciclaje, la extensión del sistema a determinados vuelos de media distancia y la incorporación, por primera vez, de los jets privados. Paralelamente, la Comisión presentó un plan para duplicar el grado de electrificación de la economía europea hasta alcanzar el 46% en 2040 y eliminar progresivamente los cerca de 97.000 millones de euros que cada año siguen destinándose a subvencionar los combustibles fósiles.
El proyecto deberá ahora ser negociado entre los 27 Estados miembros y el Parlamento Europeo, donde previsiblemente volverá a enfrentarse la visión de quienes priorizan la competitividad industrial con la de quienes consideran que cualquier flexibilización supone un paso atrás en la lucha contra el cambio climático.
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