La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, ha anunciado que España ha presentado de manera formal una “declaración de intención” este viernes para participar en el proceso que la demanda por genocidio que está cometiendo Israel sobre la Franja de Gaza, una iniciativa presentada por Sudáfrica el pasado mes de diciembre.
De esta manera, España, como miembro de la ONU, participará dentro del marco que permite el artículo 63 del Estatuto de la CIJ: “Al hacer uso del derecho de intervención que le confiere el apartado 2 del artículo 63, España invoca su condición de parte en ‘La Convención sobre el Genocidio’”, ha detallado la corte.
Cabe recordar que el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ya adelantó a principios de este mes de junio que el Gobierno se sumaría a esta causa, pero no dio más detalles al respecto. Exteriores ha detallado que “España da este paso movido por su responsabilidad como Estado parte en la Convención, por el firme compromiso con el derecho internacional y con la labor de la CIJ”.
Además, en el texto del ministerio español también se hace mención a que nuestro país sigue la senda de otros Estados miembro en la misma dirección, tales como Colombia, Nicaragua, Libia, Palestina o México, así como “harán otros que ya han anunciado su intención de intervenir (Irlanda, Bélgica o Chile)”.
“Con esta intervención, España busca contribuir para que la paz regrese a Gaza y Oriente Medio. El objetivo es poner fin a la guerra y empezar a avanzar en la aplicación de los dos Estados, que es la única garantía para que los palestinos e israelíes puedan convivir en paz y seguridad, y se logre la estabilidad en toda la región”, agregan.
A su vez, también subraya que la convención "no es sólo un tratado de Derecho penal": "Contiene elementos claramente vinculados a la protección y la salvaguarda de valores fundamentales y principios del Derecho Internacional, entre ellos la protección de la dignidad humana y el principio de la rendición de cuentas", por lo que los países firmantes tendrían "obligaciones" que trascienden a la mera persecución penal.
En este sentido, y aunque en el texto dejan claro la "condena inequívoca" de los atentados "brutales, indiscriminados e injustificados" de Hamás en territorio israelí, se sugiere al tiempo que existen argumentos que sustentan las acusaciones contra Israel, entre ellas que los gazatíes pueden ser considerados un "grupo" particular, condición para que puedan ser víctimas de genocidio.
Asimismo, se hace el inciso sobre la "crisis humanitaria sin precedentes" en la Franja de Gaza y al hecho de que el "bloqueo" impuesto por Israel está derivando en una situación que "podría" estar contemplada en la citada convención, en particular el artículo que penaliza "destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".
España, sobre las declaraciones del ministro israelí
En relación con la "intención", condición 'sine qua non' para que exista un delito de genocidio, la solicitud que presenta el Gobierno español considera "útil" tener en cuenta declaraciones vertidas por altos cargos israelíes, citando así en concreto las esgrimidas por el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, que el pasado mes de octubre, cuando era responsable de Energía, instó a "toda la población civil de Gaza" a "irse inmediatamente" y prometió que "no recibirán una gota de agua o una sola pila hasta que se vayan del mundo".
España alude a las medidas provisionales dictadas por las CIJ y en las que hay ya "claras instrucciones" para que Israel "cumpla su obligación de prevención" de un genocidio en Gaza. Unas medidas "vinculantes", reza el texto, en la que se invita a la CIJ a examinar si efectivamente Israel está incumpliendo uno de los pilares de la Convención al desatender la supuesta prevención.
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