El Gobierno de Donald Trump ha anunciado la creación de un fondo de casi 1.800 millones de dólares destinado a compensar a personas y entidades que aseguren haber sido víctimas de una utilización política de la Justicia durante la Administración de Joe Biden. La medida, presentada por el Departamento de Justicia como un mecanismo de reparación para afectados por el llamado lawfare, nace ya envuelta en polémica: los demócratas y organizaciones de vigilancia institucional la consideran un “fondo de favores” para aliados del presidente republicano.
El llamado “Anti-Weaponization Fund” estará dotado con 1.776 millones de dólares, una cifra de evidente carga simbólica por su referencia al año de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El fondo forma parte de un acuerdo para cerrar la demanda de 10.000 millones de dólares que Trump había presentado contra el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, por la filtración de sus declaraciones fiscales. A cambio, Trump y la Organización Trump retiran la demanda y reciben una disculpa formal, aunque no una indemnización directa.
Un fondo nacido de la demanda de Trump contra Hacienda
El origen de la operación está en una de las batallas judiciales más personales de Trump: la publicación de sus datos fiscales, durante años protegidos con celo por el magnate. La filtración fue atribuida a un antiguo contratista del IRS, Charles Edward Littlejohn, condenado en 2024 por revelar información tributaria confidencial. Trump sostuvo que aquella filtración dañó su reputación, su negocio y su posición pública, y reclamó una compensación multimillonaria al Gobierno federal.
La solución pactada, sin embargo, no entrega el dinero directamente al presidente, sino que abre una bolsa pública para terceros que aleguen haber sido perseguidos por motivos políticos, personales o ideológicos. Según el Departamento de Justicia, el fondo podrá revisar solicitudes, emitir disculpas formales y conceder compensaciones económicas. El dinero saldría del fondo federal que se utiliza para pagar sentencias y acuerdos judiciales contra el Gobierno de Estados Unidos.
La fórmula ha disparado las alarmas en Washington porque traslada una demanda privada de Trump a un mecanismo de compensación mucho más amplio, potencialmente accesible a sus colaboradores, simpatizantes y figuras del movimiento MAGA. La Administración defiende que el fondo será “no partidista” y que servirá para reparar abusos del poder público. Sus críticos, en cambio, denuncian que se trata de una vía extraordinaria para devolver dinero público a personas cercanas al presidente bajo el argumento de que fueron víctimas de persecución política.
Los posibles beneficiarios: del círculo MAGA al 6 de enero
El Departamento de Justicia no ha publicado una lista cerrada de beneficiarios, pero la propia naturaleza del fondo apunta al universo político que Trump lleva años presentando como víctima de una supuesta “caza de brujas”. Entre quienes podrían reclamar compensaciones figuran aliados investigados o procesados durante los años de Biden, personas relacionadas con las pesquisas sobre la trama rusa, asesores del expresidente y condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Medios estadounidenses han señalado como potenciales solicitantes a figuras como Steve Bannon, Peter Navarro, Rudy Giuliani o Michael Flynn, todos ellos símbolos del ecosistema trumpista y protagonistas, de una u otra forma, de causas judiciales, investigaciones o sanciones profesionales en los últimos años. También se ha especulado con la posibilidad de que algunos condenados por el ataque al Capitolio intenten acogerse al fondo, lo que convertiría la medida en un nuevo frente de la batalla por reinterpretar aquel episodio.
Trump lleva años construyendo un relato según el cual el aparato judicial estadounidense fue “armado” contra él y contra sus seguidores. Ese discurso ha sido una pieza central de su regreso al poder y de su ofensiva contra fiscales, jueces, funcionarios y agencias federales. La creación del fondo convierte ahora esa narrativa política en una estructura administrativa con capacidad para repartir indemnizaciones, lo que para sus adversarios supone un salto cualitativo: de la denuncia retórica al uso de fondos públicos.
Los demócratas denuncian un “fondo de favores”
La oposición demócrata ha reaccionado con dureza y cuestiona la legalidad de la medida. Legisladores del partido sostienen que el Ejecutivo no puede comprometer una cantidad de esta magnitud sin autorización expresa del Congreso y advierten de que el fondo puede convertirse en una caja de compensación para aliados políticos. El congresista Jamie Raskin, una de las voces más visibles contra Trump en la Cámara de Representantes, lo ha descrito como una operación corrupta y contraria a los controles constitucionales.
El control del fondo será otro de los puntos más controvertidos. Según las informaciones publicadas, una comisión de cinco miembros evaluará las reclamaciones, bajo supervisión del Departamento de Justicia. El papel de Todd Blanche, actual responsable interino de Justicia y antiguo abogado defensor de Trump, añade combustible político a la polémica: para la Casa Blanca es una garantía de que se corregirán abusos; para los críticos, una muestra de la confusión entre los intereses del presidente y los del Estado.
La Administración Trump insiste en que no se trata de premiar lealtades, sino de reparar daños. El presidente afirmó que el fondo servirá para “reembolsar” a personas que, a su juicio, fueron tratadas de forma injusta. Pero la decisión llega en un contexto en el que el propio Departamento de Justicia ha sido acusado de orientar investigaciones contra adversarios políticos de Trump, lo que debilita el argumento de neutralidad institucional que invoca el Ejecutivo.
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