El presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, Karina Milei, actual secretaria de la Presidencia, han sido denunciados este miércoles por una presunta trama de corrupción en el aprovisionamiento de medicamentos gestionado a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, conocido por haber representado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y describe un entramado de “cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos”.
Además de los hermanos Milei, la acusación incluye al director de Andis, Diego Spagnuolo; al asesor de Karina, Eduardo “Lule” Menem; y al empresario Eduardo Kovalivker, dueño de Suizo Argentina. A los cinco se les imputan presuntos delitos como cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio público e infracción a la Ley de Ética Pública.
Audios que comprometen a la Presidencia
La denuncia se sustenta en audios difundidos por el canal de streaming Carnaval y replicados por medios como Clarín. En ellos, Spagnuolo menciona un sistema de “recaudación ilegal”, detallando porcentajes: “De lo que cobran de medicamentos tienes que poner el 8 %, lo tienes que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia” y agrega que “A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria”. También señala que habló con Milei —“Él no está metido, pero es toda la gente de él”— y afirma que se pedirá dinero a los prestadores.
Dalbón ha pedido el registro de Andis, la Secretaría de Presidencia y Suizo Argentina, además de que la Unidad de Información Financiera (UIF) investigue los movimientos bancarios de la empresa y se evalúen posibles vínculos societarios entre esta y funcionarios del Ejecutivo.
La denuncia coincide con la derrota política del Gobierno: el Congreso rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad con 172 votos a favor, 72 en contra y dos abstenciones, una derrota clave para Milei.
De la criptomoneda a la Corte Suprema: las causas que acorralan a Milei
Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier Milei ha ido acumulando un frente judicial cada vez más amplio y diverso. El episodio más mediático hasta ahora es el del escándalo de la criptomoneda $LIBRA, un activo digital que el propio presidente promocionó públicamente y que se desplomó de forma abrupta pocas semanas después de su lanzamiento. El colapso generó pérdidas millonarias a miles de pequeños inversores y derivó en múltiples denuncias por estafa, asociación ilícita e incumplimiento de deberes de funcionario público. La justicia argentina abrió una investigación penal conocida ya como el “criptogate”, mientras que en Estados Unidos el caso también ha llegado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y al Departamento de Justicia, donde se han registrado demandas colectivas de afectados.
A ese frente judicial se suman otras polémicas que han tensionado la gestión del mandatario en el terreno interno. La muerte de casi un centenar de personas por el consumo de fentanilo clínico contaminado desató críticas contra la desregulación sanitaria y la falta de controles estatales. En paralelo, Milei aprobó por decreto una normativa que restringía el derecho a huelga y limitaba las medidas de fuerza de los sindicatos, aunque la justicia suspendió las cláusulas más severas al considerarlas violatorias de libertades constitucionales. Tampoco estuvo exento de cuestionamientos el nombramiento por decreto de dos jueces para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, una maniobra que fue rechazada en el Senado y señalada por organismos internacionales como un intento de alterar el equilibrio de poderes.
En el plano social, el presidente también ha sido objeto de denuncias. La familia del niño autista Ian Moche lo acusó de promover un clima de hostigamiento en redes sociales tras sus mensajes públicos, aunque la justicia terminó desestimando la causa al interpretar que Milei actuó como ciudadano y no en calidad de presidente. Al mismo tiempo, en el ámbito internacional, un fallo judicial en Estados Unidos amenaza con obligar a la Argentina a entregar parte del paquete accionario de YPF como compensación en un litigio por la expropiación de la petrolera, lo que abriría un frente de consecuencias económicas y diplomáticas de gran magnitud. Todas estas causas, sumadas a la reciente denuncia por corrupción en la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, conforman un escenario judicial y político cada vez más complejo para el mandatario y su entorno inmediato.