Perú cerró este domingo una jornada electoral marcada por el desorden logístico, la fragmentación política y una decisión extraordinaria de las autoridades: ampliar la votación después de que miles de ciudadanos no pudieran sufragar a tiempo por retrasos en la instalación de mesas y en la llegada del material electoral, sobre todo en Lima y en algunos puntos del voto exterior. El proceso, que ya partía con un clima de fuerte desgaste institucional, acabó dejando una imagen incómoda para los organismos electorales.
La medida se adoptó en dos planos. En Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la ampliación del horario de votación hasta las 18.00 horas en todo el país y también extendió el plazo de instalación de mesas hasta las 14.00, después de registrarse demoras en varios centros de sufragio de Lima Metropolitana por problemas con el material electoral. Más tarde, las autoridades fueron un paso más allá y concedieron una prórroga de un día a decenas de miles de votantes afectados en Lima y en consulados de Estados Unidos, en concreto en Orlando y Paterson, donde también se denunciaron incidencias que impidieron votar con normalidad.
Un domingo de urnas y frustración
El alcance del problema fue considerable. Associated Press informó de que la extensión extraordinaria afectó a más de 52.000 votantes, una cifra que inicialmente se situó por encima de los 63.000 antes de ser corregida. En un país donde el voto es obligatorio para la población de entre 18 y 70 años, el fallo no era menor: no se trataba solo de una demora administrativa, sino de un obstáculo directo al ejercicio del sufragio en unas elecciones especialmente sensibles para un país que busca a su noveno presidente en una década.
La jornada elegía presidente, vicepresidentes y un nuevo Congreso bicameral, recuperado tras más de treinta años. El contexto explicaba parte de la tensión: 35 candidatos presidenciales, el mayor número de aspirantes en la historia reciente del país, una ciudadanía golpeada por la inseguridad, la desconfianza y la corrupción, y la práctica certeza de que nadie lograría superar el 50% necesario para ganar en primera vuelta. Reuters y AP coincidían antes de la votación en que el escenario más probable era una segunda vuelta en junio.
Con el escrutinio todavía parcial, las primeras cifras apuntaban precisamente en esa dirección. Reuters situó en cabeza a Keiko Fujimori con el 17,17% de los votos, seguida muy de cerca por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, con el 16,97%, con apenas el 37% del recuento procesado. La distancia era mínima y la dispersión del voto confirmaba el retrato de un país partido en múltiples bloques, sin un liderazgo nítido y con una oferta electoral que ha convertido la gobernabilidad en una incógnita incluso antes de conocerse el nombre del próximo presidente.
La ampliación del proceso añadió todavía más ruido a una elección que ya estaba bajo presión. En los días previos, las principales preocupaciones de los votantes giraban alrededor del crimen violento, la extorsión, la precariedad institucional y el cansancio ante una política incapaz de estabilizar el país. Varios candidatos habían endurecido su discurso en materia de seguridad, con propuestas que iban desde un mayor papel de las Fuerzas Armadas hasta medidas punitivas de corte más extremo. Ese clima de ansiedad social hizo que cualquier fallo en la organización electoral tuviera un impacto político mayor.
Las autoridades intentaron contener el golpe sobre la marcha. El presidente peruano pidió a la ciudadanía que siguiera acudiendo a votar tras la ampliación del horario, mientras organismos como Reniec activaban medidas excepcionales para facilitar el sufragio, entre ellas permitir el voto con DNI vencido o próximo a caducar. Pero la imagen de mesas abiertas tarde, locales con incidencias y miles de ciudadanos pendientes de una prórroga dejó expuesto el coste de una mala planificación en una jornada que exigía justo lo contrario: rapidez, confianza y capacidad de respuesta.
Un país atrapado en la inestabilidad
Ese desgaste no nace de esta jornada. Perú arrastra una crisis política que ha dejado de percibirse como excepcional para convertirse en una forma de funcionamiento. El país busca en estas elecciones a su noveno presidente en diez años, después de una secuencia de renuncias, destituciones, interinidades y mandatos abortados que han vaciado de autoridad a la Presidencia y han disparado la desconfianza hacia todo el sistema. Cada relevo prometía cerrar una etapa, pero lo que hizo fue agrandar la sensación de provisionalidad en un país donde casi nada logra asentarse.
Buena parte de esa erosión se explica por el choque permanente entre el Ejecutivo y el Congreso. La presidencia gobierna con márgenes estrechos, bajo amenaza constante, mientras el Parlamento ha reforzado en los últimos años su capacidad para condicionar, desgastar o directamente derribar gobiernos. Ese pulso terminó por devorar la estabilidad institucional y convirtió la política peruana en una sucesión de movimientos defensivos, alianzas de urgencia y crisis abiertas. El resultado es un sistema en el que casi nadie parece gobernar del todo y donde casi todos actúan en clave de supervivencia.A esa fractura institucional se suma una fatiga social cada vez más visible. La campaña de este año ha estado atravesada por el crimen violento, la extorsión, la corrupción y el cansancio de una ciudadanía que lleva años viendo cómo la política cambia de nombres sin cambiar de rumbo.
La larga sombra del fujimorismo
Sobre esa inestabilidad sigue proyectándose, además, la larga sombra del fujimorismo. Keiko Fujimori reapareció otra vez entre las candidatas con opciones reales de avanzar, en un país cansado de la inestabilidad pero todavía atrapado en apellidos que arrastran una fuerte carga política e histórica. No es solo la persistencia de una marca electoral. Es también la prueba de que una parte relevante del sistema peruano continúa girando alrededor de un legado que nunca terminó de resolverse del todo y que sigue dividiendo al país entre quienes lo presentan como sinónimo de orden y quienes lo identifican con una forma autoritaria de ejercer el poder.
La figura de Keiko Fujimori no puede separarse de esa herencia. Su presencia constante en la política peruana refleja la capacidad del fujimorismo para sobrevivir al desgaste, reciclar su discurso y volver a presentarse como respuesta en contextos de miedo, inseguridad y frustración social. Pero también deja al descubierto una debilidad más profunda: la dificultad de Perú para construir alternativas sólidas que desplacen del centro del tablero a un espacio político marcado por un pasado de concentración de poder, deterioro institucional y una relación problemática con los límites democráticos. Que el apellido Fujimori siga siendo competitivo no habla solo de su fortaleza electoral; habla también del vacío que han dejado los demás.
Ese regreso permanente tiene, además, un efecto corrosivo sobre la propia conversación pública. Cada nueva elección devuelve a Perú al mismo eje de polarización, al mismo reparto entre adhesiones duras y rechazos viscerales, sin que el país logre salir de esa lógica de bloqueo. El fujimorismo conserva un suelo político estable y una notable capacidad para capitalizar el malestar, pero también representa una forma de hacer política que ha pesado durante años sobre la calidad democrática del país. Por eso su protagonismo en estas elecciones no puede leerse solo como una candidatura más en una contienda fragmentada. También funciona como recordatorio de que la crisis peruana no se explica únicamente por la debilidad de sus gobiernos recientes, sino por la persistencia de viejas culturas de poder que siguen buscando una nueva oportunidad.