El Gobierno de Giorgia Meloni se ha servido de la crisis migratoria vivida en Ceuta para endurecer sus críticas a la política migratoria española y advertir del supuesto riesgo de un efecto llamada en el conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, Italia mantiene en funcionamiento un modelo de entrada regular de trabajadores extranjeros que, sobre el papel, contempla hasta 500.000 permisos para personas extracomunitarias durante el periodo 2026-2028.
La aparente contradicción refleja una tensión entre el discurso político de la coalición italiana, la circunstancia electoral de la ultraderecha italiana y las necesidades de un país marcado por el envejecimiento demográfico, la baja natalidad y la demanda de trabajadores en sectores como la agricultura, la industria, el turismo o los cuidados.
Un sistema basado en cuotas laborales
El mecanismo italiano, conocido como Decreto Flussi, está vigente desde 1998 y permite a empresarios solicitar trabajadores extranjeros en sus países de origen. Las contrataciones se realizan mediante cuotas y afectan tanto a empleos permanentes como temporales y por cuenta propia.
Italia mantiene acuerdos con países como Bangladesh, Pakistán, Egipto, Túnez, Marruecos o Sri Lanka. Desde la llegada de Meloni al poder, el Ejecutivo ha incrementado considerablemente las cuotas: después de prever hasta 450.000 permisos entre 2023 y 2025, anunció otros 500.000 para el periodo 2026-2028. En términos potenciales, las dos programaciones sumarían hasta 950.000 autorizaciones en seis años.
Un mecanismo con una elevada tasa de fracaso
Los datos de la campaña Ero Straniero, integrada por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, reflejan las dificultades del sistema. En 2024, de las 146.850 plazas previstas, apenas se concedieron algo más de 24.800 permisos, alrededor del 17% del cupo. Un año después, con 181.450 plazas disponibles, solo se expidieron 14.349 permisos, lo que equivale a que aproximadamente ocho de cada cien solicitantes completaron el proceso.
El problema no termina necesariamente con la llegada a Italia. Parte de los trabajadores que acceden legalmente al país se encuentran después sin empleo porque el empresario que figuraba en su solicitud desaparece, retira la oferta o deja de contratarlos. En algunos casos, las dificultades administrativas impiden que puedan regularizar su situación mediante un nuevo empleo.
Denuncias de estafas y explotación
Las organizaciones sociales también han documentado casos de personas que pagan grandes cantidades de dinero a intermediarios, empleadores ficticios o redes que prometen contratos inexistentes. Algunos migrantes llegan a Italia endeudados y sin trabajo, pese a haber iniciado su viaje mediante un procedimiento formalmente legal.
El caso de Asili Raman, ciudadano de Bangladesh, ilustra esas dificultades. Según su testimonio, pagó 10.000 euros a un intermediario que le prometió empleo y documentación. Al llegar a Italia descubrió que la oferta no existía. Finalmente consiguió regularizar su situación con asistencia jurídica, pero asegura que otros migrantes en circunstancias similares no lograron hacerlo.
La campaña Ero Straniero alerta de que estas situaciones pueden desembocar en asentamientos precarios, falta de recursos e incluso explotación laboral mediante el denominado caporalato, una práctica de intermediación y explotación de trabajadores especialmente extendida en determinados sectores agrícolas.
La paradoja de la política de Meloni
El funcionamiento del Decreto Flussi plantea así una paradoja en la política migratoria italiana. Mientras el Ejecutivo de Meloni ha convertido la lucha contra la inmigración irregular en uno de sus principales ejes políticos, el principal mecanismo diseñado para favorecer las entradas legales presenta importantes dificultades para alcanzar los objetivos anunciados.
Guariso considera que el sistema resulta "altamente inoperativo" por su complejidad burocrática y por la lentitud de los procedimientos. A su juicio, el Estado italiano tampoco está respondiendo plenamente a las necesidades de empresas y agricultores que reclaman mano de obra extranjera.
Discurso antimigratorio frente a necesidad de trabajadores
El contraste entre el discurso político y la realidad económica constituye uno de los principales elementos del debate migratorio italiano. La coalición de Meloni defiende canales legales y controlados de entrada cuando responden a las necesidades productivas, pero rechaza fórmulas de regularización extraordinaria para quienes ya se encuentran en el país.
Organizaciones de derechos humanos y migrantes acogidos al sistema denuncian sus deficiencias y falta de eficacia. Según estas críticas, algunos solicitantes ni siquiera llegan a Italia y otros terminan en situación irregular. Además, se han detectado casos de estafa y de empresarios que, pese a comprometerse a contratarles, finalmente no se presentan o desisten de la contratación
El caso italiano muestra, por tanto, que la discusión migratoria no se limita al control de las fronteras. También implica decidir cómo cubrir las necesidades de mano de obra de una economía envejecida y cómo garantizar que las vías legales de entrada no terminen generando precisamente situaciones de irregularidad que el Ejecutivo italiano pretende combatir.
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