En las últimas horas el informe de la Guardia Civil que ha desembocado en la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos ha generado mucha polémica y el asunto aún colea. Durante toda la jornada de este martes, la oposición se despachó a gusto contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, poco a poco se van conociendo más detalles del informe en cuestión y ya es evidente que contenía inexactitudes, noticias falsas, citas inexistentes, datos erróneos y se obvian cuestiones claves.

Así lo publica El País, que llega a considerar que el informe no era sino un “artefacto político” que fabrica una acusación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la celebración de la manifestación del 8M con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El documento, que consta de 83 páginas donde los agentes analizan 177 concentraciones convocadas entre el 5 y el 14 de marzo, contiene argumentos que los autores no contrastaron con el Ministerio de Sanidad.

Para empezar, sostienen que se produjo un trato diferente con respecto a otras concentraciones porque había 130 manifestaciones convocadas en distintos puntos esos días y 35 se desconvocaron, 12 de ellas por motivos sanitarios. Según el citado medio de comunicación, los convocantes de dichas manifestaciones han explicado que lo hicieron motu proprio y no por presión u orden de ninguna administración u órgano. Además, el informe no destaca que las 12 concentraciones canceladas fueron después del 9 de marzo.

Una de las citas más llamativas del documento es la que advierte del “riesgo en eventos multitudinarios de cualquier tipo”. Esta cita procede de un documento firmado por Pilar Aparicio, directora de Salud, fechado a 6 de marzo. No obstante, se omite que en ese mismo documento se especificaba que se referían únicamente a eventos multitudinarios “con alto porcentaje de presencia de personas procedentes” de países en riesgo. Esto último fue aniquilado por el autor del informe de la Guardia Civil, dotándole de un cariz bien distinto.

En este punto, se pone como ejemplo el congreso de evangelistas, que se iba a celebrar en la Caja Mágica y fue suspendido el 6 de marzo. Cabe recordar, que se suspendió porque era un recinto cerrado y se esperaba la afluencia de personas de muy distintos países, entre ellos, países con elevado riesgo. Además, ya en esa fecha se había detectado un foco infeccioso en un centro de evangelistas.

El informe europeo

El Centro Europeo de Control de Enfermedades elaboró un protocolo de actuación el 3 de marzo para distintos escenarios de riesgo. En el informe de la Guardia Civil se recoge que la recomendación era no celebrar concentraciones multitudinarias; pero no figura que el protocolo europeo especificaba que aconsejaba “la cancelación de concentraciones masivas en países que estuvieran en los escenarios 3 y 4”. España, a 8 de marzo, estaba todavía en el escenario 1.

Pues bien, no fue hasta el 9 de marzo cuando la dirección general de Salud de Madrid emitía un informe en el que señalaba que se había confirmado la existencia de transmisión comunitaria y era aconsejable tomar medidas de aislamiento social. Y el mismo día Sanidad reunió también al Consejo Interterritorial de Salud para adoptar medidas de contención en Madrid, La Rioja y País Vasco.

Con toda una plaga de inexactitudes, la conclusión es que la Delegación del Gobierno en Madrid conocía los riesgos y aún así no se adoptaron medidas. La juez que instruye esta causa ha citado como imputado el 5 de junio a Franco por un supuesto delito de prevaricación por omisión.

Lo que Simón no dijo

El polémico informe menta además unas declaraciones del doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, en las que reconocía que existía transmisión comunitaria del virus y, por tanto, no se podía contener controlando a las personas infectadas porque se desconocía quiénes estaban contagiados Sin embargo, Simón jamás dijo tal cosa, todo lo contrario: aún no había transmisión comunitaria y por tanto no era aconsejable tomar medidas restrictivas.