Esperanza Aguirre se ha colocado en el centro del 'caso espías' que investiga desde hace seis años los seguimientos a Alfredo Prada y Manuel Cobo, altos cargos de la Comunidad de Madrid. Los agentes de la Guardia Civil imputados en el caso aseguraron, según revelan nuevas grabaciones publicadas por la Cadena SER, que la presidenta del PP madrileño les prometió mantenerlos en el puesto, al menos hasta el fin de la legislatura.

“Fue la propia Esperanza la que dijo que nos dejaran aquí, ¿no es cierto?”, se preguntaban entre ellos los agentes en una reunión que mantuvieron en octubre de 2012 con Francisco Granados en su chalet. El por entonces diputado de la Asamblea de Madrid y actualmente en prisión por la operación Púnica, les recomendó que para mantener su puesto debían hablar con Luis Armada, en aquel momento viceconsejero de Interior, y que le recuerden que "la presidenta nos garantizó la legislatura y nos parece muy mal que ahora no cumpláis". Los tres agentes no parecían muy convencidos, "si echan este órdago, ¿tú por qué crees que es?"

Caso espías
Con investigaciones por corrupción abiertas en toda España, el caso espías es uno de los que menos se habla actualmente en los medios de comunicación pero su instrucción, que se ha reabierto tres veces, dura ya seis años y en ella están imputados estos tres guardias Civiles, un funcionario y dos ex altos cargos de Seguridad de la Comunidad de Madrid por el supuesto uso de dinero público para financiar los seguimientos a altos cargos del Partido Popular.

Orden de Ignacio González
Dos de los tres agentes declararon ya en sede judicial que cumplían órdenes de sus superiores para espiar a los adversarios de Esperanza Aguirre dentro de su propio partido, y que, en cualquier caso nunca llegaron a espiar a ningún alto cargo. Además de los seguimientos reconocidos a Alfredo Prada y Manuel Cobo, también explicaron que se les ordenó realizarlos a Cristina Cifuentes y Alberto Ruiz-Gallardón, aunque se habrían negado a ello. Según explicaron en el juzgado, fue Sergio Gamón, uno de los altos cargos de seguridad imputados, el que les dijo que había sido el propio Ignacio González, por entonces vicepresidente de la Comunidad, el que había encargado los seguimientos.