El Gobierno del popular Juan José Imbroda en Melilla mantiene en sus puestos a seis altos cargos que están imputados en casos de corrupción y sigue adjudicando contratos a empresas investigadas en las causas Tosca y Ópera.

En la lista de investigados se encuentran el vicepresidente y consejero de Economía, Daniel Conesa; el consejero de Educación, Antonio Miranda; los viceconsejeros de Administraciones Públicas, Hacienda, y Festejos María Ángeles Gras, Guillermo Frías y Francisco José Díaz; y el director general de Gestión Económica Administrativa de Medio Ambiente, José Pastor.

No son los únicos investigados, otros seis exaltos cargos siguen estando imputados en causas abiertas sobre corrupción, entre ellos, María Antonia Garbín, exresponsable de Bienestar Social, quien ha dejado su acta como diputada tras ser condenada a 10 años de inhabilitación por el caso Abogados , por la contratación irregular de letrados por parte de la consejería, según adelanta El País.

61 adjudicaciones a dedo

El caso Tosca afecta a empresas privadas que se habrían beneficiado de contratos a cambio de dar empleo a personas vinculadas con miembros del Gobierno de Melilla. Una de las compañías investigadas es el grupo Eulen, que desde 2015 ha obtenido 61 adjudicaciones discrecionales, unos cinco millones de euros, a pesar de su situación procesal.

El Gobierno de Melilla adjudicó seis millones de euros entre 2015 y 2017 en contratos a dedo a 13 empresas imputadas en Ópera y Tosca, que investigan una posible trama corrupta por supuestos delitos de prevaricación, cohecho, falsificación documental y malversación de fondos públicos.