La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que abra una causa penal contra el agitador ultraderechista y eurodiputado Alvise Pérez por difamaciones contra el diputado del PSOE por León Javier Alfonso Cendón. A juicio del Ministerio Público, el líder de Se Acabó La Fiesta pudo haber cometido delitos de injurias, calumnias y amenazas en diferentes mensajes de su canal de Telegram al relacionar al diputado socialista con la trama del 'caso Mediador', una vinculación que hizo que otros usuarios le insultaran y amenazaran en mensajes privados. Cabe recordar que no sería la única causa que Alvise tendría abierta en el Supremo, ya que está pendiente de que el Tribunal haga lo propio por haber cobrado 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, dinero que justificó necesitar para así "no tener que cobrar su salario de eurodiputado".
El canal de Telegram de Alvise cuenta con más de 700.000 suscriptores y es la vía principal que utiliza para emitir sus mensajes, consistentes en propaganda de su partido político, bulos, desinformación y mensajes de odio, además de pedir constantemente dinero a sus acólitos. Habitualmente, el ultra asegura tener en su poder información confidencial de casos de corrupción con la que presionar al sistema, pero rara vez termina siendo cierto. En el caso de Javier Alfonso Cendón, el socialista llevó a Alvise ante los tribunales en febrero de 2023, momento en el que Pérez dedicaba mucho tiempo a hablar del caso Mediador, el caso de corrupción que involucraba al empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte y al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como el Tito Berni. Alvise aseguró tener audios que le permitirían desvelar hasta veinte políticos socialistas implicados en la trama, entre cuyos nombres se encontraba presuntamente el de Cendón.
Sin embargo, los audios nunca aparecieron pero el escarnio público sobre Cendón permaneció: Mensajes con su fotografía y listas con su nombre que, poco a poco, fueron extendiéndose a otros parlamentarios socialistas: "Nos legislan puteros, cocainómanos y comisionistas de nuestro dinero, y esa mierda se tiene que acabar ya", expresaba en mensajes que siguen pudiéndose leer en Telegram. Así las cosas, el dirigente del PSOE leonés le denunció a él y a otros agitadores de extrema derecha, explicando que a raíz de esas difamaciones había comenzado a recibir fuertes amenazas.
Ahora, es la Fiscalía quien pasa la pelota al Tribunal Supremo para investigar este caso, que podría llevar al agitador ultra a una nueva condena por difamación.