La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la postura que ha mostrado con respecto a la ley de amnistía.
García Ortiz, hizo referencia este sábado a la futura norma durante el discurso que pronunció en el XXIV Congreso de la Asociación de Fiscales celebrado en Jerez de la Frontera (Cáidz)
En este contexto, precisó que "cualquier posicionamiento del Ministerio Fiscal respecto a la misma, "exige, en todo caso,conocerla en su literalidad, y ese posicionamiento se hará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que el ordenamiento jurídico demanda nuestra intervención".
Del mismo modo, recordó a los presentes que "la carrera fiscal y, por supuesto, este Fiscal General velarán siempre por la independencia de los tribunales y procurarán ante éstos la satisfacción del interés social. Es nuestro imperativo constitucional y legal".
La Asociación responde
Pues bien, en respuesta a esas declaraciones, la Asociación ha lamentado "su pasividad en la defensa del Estado de Derecho, la efectiva separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal".
Del mismo modo, ha reiterado su "rotundo rechazo a la amnistía y al concepto de 'lawfare' (guerra judicial)" que contiene el pacto entre PSOE y Junts.
"La aprobación de la amnistía supondría la quiebra del Estado de Derecho y el incumplimiento de los deberes y obligaciones de España ante la Unión Europea", ha indicado, al tiempo que ha subrayado su "compromiso con el Estado de Derecho y la Constitución" y su reconocimiento a "todos los servidores públicos que la defienden".
En las conclusiones aprobadas en el Congreso, la Asociación de Fiscales ha manifestado su "absoluto respaldo a las actuaciones judiciales realizadas y el total rechazo al concepto 'lawfare' y a las comisiones que se anuncian que quebrarían la separación de poderes y el Estado de Derecho".
Por otro lado, en el documento que ha emitido la AF tras el congreso, se han recogido "reivindicaciones históricas" para la mejora de la Carrera Fiscal, tales como el fortalecimiento del Consejo Fiscal, la ampliación de plazas de segunda categoría, la autonomía presupuestaria, el estudio de cargas de trabajo y la mejora de las retribuciones y de los derechos laborales "con especial significación a la mejora retributiva del servicio de guardia".
Contrarios a la ley
Cabe recordar que el jueves de esta misma semana, la Asociación de Fiscales ya emitió un comunicado de los vocales lectivos mostrando su "más firme oposición" a la aprobación de la ley de Amnistía y a un acuerdo que contempla la posibilidad de "establecer comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales que pueden generar acciones de responsabilidad".
"La Constitución Española encomienda al Ministerio Fiscal la misión de velar porla independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción delinterés social, al igual que promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad,de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Pues bien, los Vocales de la Asociación de Fiscales entendemos que el contenido del acuerdo de investidura pactado entre el PSOE y Junts, publicado hoy, y los efectos de la anunciada Ley de Amnistía inciden de forma dramática en la función constitucional propia del Ministerio Fiscal", comenzaba diciendo el texto.
A continuación, se precisaba que "la aprobación de un instrumento que mutile la función de jueces y fiscales llevará a una quiebra flagrante de la separación de poderes al subordinar el PoderJudicial,en el que el Ministerio Fiscal se encuentra integrado con autonomía funcional,exclusivamente a la conveniencia y necesidades aritméticas del candidato a ser investido Presidente del Gobierno.
El comunicado terminaba diciendo que "la inclusión de lo que el acuerdo denomina “lawfare o judicialización de lapolítica” supone la asunción por los firmantes de que la actividad jurisdiccional desarrollada ha servido a fines espurios,planteamiento que sólo puede merecer nuestro más absoluto y tajante rechazo. Y la misma repulsa merece el anuncio de que los procedimientos judiciales serán supervisados por comisiones de investigación parlamentarias, so juzgando al Poder Judicial y rompiendo el principio democrático básico de la separación de poderes".
Ya el viernes, la portavoz de la Asociación, Cristina Dexeus, mostró en el encuentro desarrollado en la localidad gaditana su "rechazo absoluto" a la ley, por ser, dijo, "un ataque sin precedentes a la independencia judicial".
