El Partido Popular ha prometido este lunes una medida que consiste en elevar al 7% la reserva de empleo público para personas con discapacidad en las oposiciones de las diferentes administraciones públicas.  Así lo ha comunicado el propio Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, a un hombre con discapacidad que se ha encontrado paseando la tarde de este lunes por el municipio cántabro de Torrelavega, acompañado por la candidata autonómica popular, María José Sáenz de Buruaga.

Feijóo ha caminado por las calles peatonales del centro de la localidad, donde ha tenido la oportunidad de conversar con diversos vecinos que se han acercado a saludarle. Una de estas personas ha sido un hombre con discapacidad que iba en una gran silla de ruedas motorizada y que le ha hablado sobre la "tensión política" actual y  la situación de las personas con discapacidad en nuestro país. "Un día tiene que contar, cuando sean las generales, qué planes tiene usted para los discapacitados con una licenciatura superior... ¿qué pueden esperar del PP?", le ha preguntado el vecino de Torrelavega al líder de dicha formación.

Por su parte, Feijóo ha decidido adelantarle una de las promesas que piensa llevar en su programa para las elecciones generales previstas para finales de este año 2023: "Buena pregunta. Yo te respondo así a la primera: 7% de oferta de empleo público para personas con discapacidad. De cada 100 plazas, 7 para discapacidad", le ha contestado el líder popular muy convencido. "¿Sabes por qué propongo un 7%? Porque el porcentaje de discapacidad está entorno al 8% o 9%", respecto a la población general, ha añadido. 

Esta promesa que se ha sacado de la manga Feijoo y que ha decidido anunciar personalmente a los ciudadanos españoles llega, nada más y nada menos, que dos meses después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara el 16 de marzo en segunda vuelta el anteproyecto de la Ley de la Función de la Administración del Estado que pretende, entre otras cuestiones, incrementar del 7% actual hasta el 10% el número de plazas reservadas para personas con discapacidad en las futuras ofertas de empleo público. Por tanto, la medida no solo se encuentra en vigor, sino que el Gobierno socialista la ha mejorado hace apenas 60 días.

Además, cabe destacar que en el año 2007, durante el mandato del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público que obliga a todas las Administraciones a destinar al menos un 7% de las plazas ofertadas de empleo a personas que tengan una discapacidad según el artículo 59 del mismo. 

Sin embargo, fuentes de Génova asumen que el líder del PP "se ha comprometido  a cumplir las leyes que el Gobierno incumple", refiriéndose a esta normativa, sobre la que señalan, Ángel Gabilondo hizo una advertencia al Ejecutivo como Defensor del Pueblo.

"A propósito de ello, el presidente Feijóo se ha referido hoy, en el transcurso de una conversación informal con una persona con discapacidad y no en un acto electoral, a la necesidad de que el Gobierno cumpla las propias leyes que promulga como debe hacer cualquier Ejecutivo con todas las normas que se aprueban en el Consejo de Ministros", apuntan los populares mientras defienden que ni el aumento del 7% en las plazas ni la medida de hace dos meses "se cumple". 

Más de 125.000 personas con discapacidad trabajan en el sector público

Los datos del INE del año 2021 señalan que el 24% de los asalariados con discapacidad trabajan en el sector público, lo que supone más de 125.000 personas, un porcentaje ligeramente superior al del resto de la población -un 23%-.

Además, las cifras indican que su presencia se ha incrementado en los últimos años, con 35.000 nuevas incorporaciones desde 2014, un aumento del 40% frente al 15% registrado en la población sin discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad, el perfil medio se corresponde normalmente con el de una mujer (56%) de entre 45 y 64 años (93%) y con una discapacidad asociada a la movilidad y la audición.

Los trabajadores con un 45% de discapacidad podrán jubilarse antes

El Gobierno sigue blindando los derechos sociales, además de garantizar a partir del mes de junio el derecho al olvido oncológico, este mismo lunes ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará el martes la flexibilización de las condiciones en que los trabajadores con discapacidad del 45% o superior pueden acceder a la jubilación anticipada.

Gracias a esta nueva medida se reducirá de 15 a 5 años el período obligatorio de cotización con la discapacidad para poder solicitar la jubilación anticipada, a la vez que se permitirá “agregar” varias dolencias a la hora de acreditar que se alcanza ese 45% de discapacidad. Asimismo, el Gobierno asegura que se está "trabajando en la protección a trabajadores con problemas neurológicos, polio, daño cerebral o anomalías genéticas".