El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, junto al subdelegado en Ciudad Real El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, junto al subdelegado en Ciudad Real



Salir a la calle, protestar y mostrarse en contra de los salvajes recortes que lleva a cabo la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, en sanidad, educación y dependencia, puede costar muy caro en Ciudad Real, una localidad “tomada” por la Policía Nacional que controla el subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo, quien, según IU, PSOE, sindicatos y movimientos sociales, amenaza, coarta e impone y propone sanciones que oscilan entre los 300 y los 30.000 euros por el mero hecho de abuchear o protestar por la presencia de la también secretaria general del PP, que siempre se desplaza por la región acompañada por un séquito de una veintena de agentes para evitar ser increpada por los ciudadanos, lo que impide que esos policías realicen tareas tendentes a combatir la verdadera delincuencia, como así denunció el pasado mes de octubre el Sindicato Unificado de Policía, queja recogida por ELPLURAL.COM.

“Falta de respeto a la autoridad”
No es una exageración decir que quien mire a Cospedal sin esbozar una sonrisa está sujeto a una posible sanción por “falta de respeto a la autoridad”. Así, al menos, lo cree el líder de IU en Ciudad Real, Jorge Fernández, que ha dado a conocer que siete personas, incluido él, han sido denunciadas por la Subdelegación del Gobierno por protestar contra Cospedal cuando ésta reinauguró el Museo Provincial el pasado septiembre, por lo que considera que los ciudadanos “estamos sufriendo una persecución en toda regla, cuyas denuncias solo obedecen a motivaciones políticas”, sentencia.

“Los once del helicóptero”…
Pero estos siete ciudadanos son solo los últimos en sumarse a la nómina de mano dura del subdelegado del Gobierno, que no dudó en “empapelar” hasta a once ciudadanos que protestaban por el estrambótico acto de inauguración de una rotonda con un helicóptero de combate. La policía los identificó, el subdelegado les apercibió con sanciones de hasta 30.000 euros, como ya adelantó ELPLURAL.COM, y el raciocinio y el sentido común de los jueces, apoyándose en las bases que deben regir un Estado de Derecho, los ha absuelto recientemente.

Protestas de los preferentistas en Puertollano Protestas de los preferentistas en Puertollano



…y el “peligroso delincuente” preferentista
La subdelegación del Gobierno en Ciudad Real no consiente que un representante del PP, sea quién sea, viva dónde viva, sufra el rechazo de la sociedad y la consabida recriminación por parte de la ciudadanía. Tal es el caso del veterano sindicalista de Puertollano, Fulgencio Ruiz, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Preferentes, sancionado por protestar contra la visita de Cospedal a unas instalaciones de la ciudad. Ruiz asegura que el expediente auspiciado por la Subdelegación del Gobierno es “un ataque al libre ejercicio de las libertades políticas y ciudadanas”, al mismo tiempo que condena la “represión política y policial” y reclama la “defensa de los derechos y libertades fundamentales que consagra la Constitución Española”.

La Delegación del Gobierno, bajo el control del PP
Todo este cúmulo de despropósitos se entienden cuando sabemos que el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, es un destacado líder del Partido Popular, exconsejero en el Ejecutivo presidido por Cospedal, quien lo nombró responsable de la coordinación de Acción Electoral del PP castellano-manchego, además de secretario general de esta formación política en Toledo, o que su hombre en Ciudad Real, Fernando Rodrigo, ha sido antes de subdelegado concejal y diputado por el partido conservador. Con estos antecedentes no es de extrañar que los partidos políticos y los sindicatos pongan en tela de juicio la idoneidad de ambos para el cargo.