Un segundo intento ha servido para que este jueves en el Congreso de los Diputados se aprobara la revalorización de las pensiones. La medida que fue rechazada hace un mes por incluirse en el decreto "ómnibus", presentándose esta vez sola ante el Pleno, ha logrado la mayoría de los votos verdes en el hemiciclo. A pesar del resultado, Vox ha sido el único partido que ha optado por dar portazo y votar en contra de la subida de las pensiones.
Este último decreto ley respaldado por gran parte de los diputados, revalorizará las pensiones un 2,7 % con carácter general, mientras que en el caso de las mínimas llegará al 7% y al 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital. La resolución, que ha sido rescatada por parte del Ejecutivo en las Cortes al margen del decreto que incluye el escudo social, será tramitada como proyecto ley.
La segmentación de la revalorización de las pensiones respecto al decreto "ómnibus" surgió tras las críticas y quejas por parte de la derecha del Congreso. Desde el Partido Popular, Vox y Junts rechazaron apoyar la propuesta que contenía medidas como la prohibición de desahucios a inquilinos vulnerables o el bono eléctrico, entre otras, argumentando que la moratoria de los desahucios suponía proteger la 'okupación'.
Durante el Pleno, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha salido en defensa de la subida de las pensiones justificando que se trata de "una medida justa, urgente y necesaria para la estabilidad del sistema", destacando que beneficiará alrededor de 13 de millones de pensiones y prestaciones.
"La actualización de las pensiones conforme al IPC es un derecho que garantiza la dignidad y el poder adquisitivo de los mayores y un compromiso del Gobierno con quienes contribuyeron al sistema de la Seguridad Social", ha añadido la ministra.
Saiz no ha querido centrarse solo en los más mayores y ha enfatizado en como esta medida influenciará en las futuras generaciones: "Esto también va de fortalecer el sistema público de la Seguridad Social para que las siguientes generaciones encuentren la misma protección que hoy existe".
A parte del incremento en los subsidios, el decreto también ampara la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos y eliminan la exigencia de presentar la declaración de la renta a aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo.
De igual forma, en el sector de bomberos forestales y agentes medioambientales la norma añade una cotización adicional para que estos cuenten con la posibilidad de jubilarse anticipadamente, y en el ámbito de médicos de atención primaria, de familia y pediatras aportan una prórroga para que puedan compatibilizar el trabajo con el cobro de la pensión.
Asimismo, el decreto ley recoge la ampliación en diez años del plazo de cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social, al igual que la actualización de la cotización por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
Las críticas de la derecha
A pesar del voto a favor por parte de los populares, estos junto a Vox han manifestado su descontento con la situación de los pensionistas. Ha sido el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua quien ha reprochado a la ministra Saiz las acusaciones sobre que la formación de Alberto Núñez Feijóo no apoyaba la revalorización de pensiones junto al IPC, y catalogando sus palabras como descaradas ha asegurado que el pasado mes de noviembre desde Génova se realizó una proposición de ley relacionada.
Al mismo tiempo, Paniagua ha acusado a los del Gobierno de utilizar a los pensionistas como “rehenes", mientras "están perdiendo poder adquisitivo" "por la subida de impuestos, la no deflación del IRPF y el incremento de la cesta de la compra".
Por su parte, el diputado de la extrema derecha José María Figaredo ha expresado que se ha posicionado en contra del decreto justificando que "los españoles son cada día más pobres". Además, ha advertido que en los próximos 25 años el sistema de pensiones atravesará una etapa "insostenible" y "terrorífica".
En cuanto a los que han respaldado la norma, desde el PNV, la diputada Idoia Sagastizábal ha comentado que el Ejecutivo "tratar de utilizar derechos tan sensibles como las pensiones como herramienta de tensión política", derivando esto a un "chantaje" que también le ha afeado el diputado de UPN Alberto Catalán.
Respecto al marco de la izquierda, Bildu, Sumar, BNG y Podemos han votado a favor de la norma sobre pensiones. Diputadas como Águeda Micó de Sumar ha destacado el compromiso generacional, aunque Podemos y ERC pidieron que las pensiones mínimas igualen el SMI. Coincidiendo con la votación, se ha entregado un manifiesto apoyado por cien juristas para blindar las pensiones en la Constitución.