El partido de extrema derecha Vox vive una nueva crisis interna tras señalar públicamente a quien fue vicepresidente de su Comité de Garantías, José Francisco Garre, al que acusa de corrupción y de actuar como un “traidor” por haber alcanzado acuerdos con el Partido Popular sin el conocimiento de la dirección.
Garre, que ha abandonado recientemente tanto su cargo como su militancia en la formación, se encuentra ahora en el centro de una ofensiva interna que lo sitúa en el punto de mira de sus antiguos compañeros. Desde Vox sostienen que el exdirigente habría pactado con el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, del PP, “a espaldas del partido”, una circunstancia de la que, según aseguran, se enteraron “por la prensa”. Ante esta situación, la formación le exige que entregue su acta de concejal.
El propio Garre no ha negado los contactos, pero sí ha cuestionado el relato de su partido. En declaraciones recogidas a 'El País', ha reconocido que no consultó formalmente esos acuerdos con la dirección, aunque asegura que llevaba tiempo solicitando permiso. Argumenta además que estos pactos responden a una situación “desesperada” en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, donde —según ha explicado— existen contratos esenciales bloqueados o a punto de expirar, como los de recogida de residuos, mantenimiento de parques o suministro de agua.
Lejos de asumir las acusaciones, Garre ha sostenido que en Vox “lo sabían de sobra”, pero que optaron por no actuar porque consideraban que “no era el momento, había que aguantar y esperar”. En este sentido, ha denunciado un endurecimiento del funcionamiento interno del partido, que, según sus palabras, ha pasado de una etapa con cierta autonomía a operar “manu militari”.
A la acusación política se suma un frente económico. Vox ha señalado supuestas irregularidades en torno a dos pagos de 8.480 euros cada uno, realizados en 2025. Según el partido, Garre se comprometió a justificar estos ingresos —ordenados por el entonces portavoz en la Asamblea, José Ángel Antelo—, pero dicho compromiso “nunca se cumplió”.
Garre ha rechazado estas acusaciones y ha asegurado que los pagos corresponden a trabajos profesionales perfectamente documentados. A su vez, ha afirmado que existen facturas, que los importes están declarados a Hacienda y que responden a un acuerdo alcanzado en 2023 con el actual portavoz autonómico, Rubén Martínez Alpañez, para prestar asesoramiento jurídico a concejales del partido y elaborar informes legislativos.
Además, ha sostenido que ya ofreció explicaciones a la dirección, concretamente a la secretaria general adjunta, Montse Lluis, quien —según su versión— llegó a pedirle disculpas tras comprobar su trabajo. “Me dijo que no conocía mi labor y que el equipo jurídico estaba muy contento conmigo”, ha asegurado.
"Querella por injurias"
La respuesta de Garre no se ha limitado a la defensa pública. El exdirigente ha anunciado que presentará una querella por injurias contra Vox, al considerar que las acusaciones forman parte de un intento deliberado de “manchar su honorabilidad”. A su juicio, la estrategia del partido busca amedrentar a quienes discrepan internamente: “¿qué necesidad hay de atacar a alguien en lo personal, de poner en la picota a su familia, cuando ya te has cargado su carrera política?. El objetivo es amedrentar a la gente pero a mí, que pensaba marcharme sin hacer ruido, me han indignado”, ha lamentado.
Más allá del caso concreto, Garre ha dibujado un retrato crítico del funcionamiento interno de Vox en los últimos años. Sitúa un punto de inflexión en 2022, cuando —según ha explicado— se empezaron a producir intentos de controlar el Comité de Garantías, un órgano que hasta entonces había operado con independencia. Denuncia presiones directas en expedientes relevantes, como el que afectó a Iván Espinosa de los Monteros, en el que, pese a la falta de indicios, se insistió en buscar sanciones.
También ha mencionado otros casos, como los de José Ángel Antelo u Ortega Smith, que, en su opinión, reflejan prácticas internas cuestionables. Describe un clima en el que las denuncias internas pasaron de ser conflictos entre afiliados a expedientes impulsados desde la cúpula, con un mensaje implícito: forzar expulsiones. “Primero lo acosas y, cuando explota ante la prensa, lo expedientas por dañar la imagen pública del partido, que es una falta estatutaria. Creo que en su caso prima la libertad de expresión. No se puede ordenar a alguien que dimita. Esa orden es ilegítima", ha apostillado.
El conflicto ha alcanzado incluso el ámbito judicial. Garre ha revelado que recibió recientemente la visita de la Policía Judicial en su domicilio por un asunto que él mismo ha denunciado y que califica de “muy grave”, aunque ha evitado dar detalles por el carácter abierto de la investigación.