Vox ha llevado a distintos ayuntamientos su ofensiva contra la inmigración, a la que responsabiliza de aumentar la presión sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales. La formación de Santiago Abascal ha impulsado iniciativas municipales que vinculan la presencia de población extranjera con el deterioro de las prestaciones públicas, desde Boadilla del Monte hasta Huesca o San Cristóbal de La Laguna. El argumento se repite en localidades con realidades demográficas y administraciones diferentes, aunque las propuestas examinadas no aportan datos suficientes para acreditar que los problemas asistenciales denunciados tengan su origen en la inmigración.
Uno de los últimos ejemplos se encuentra en Boadilla del Monte (Madrid), donde el grupo municipal de Vox anunció el pasado 6 de octubre una moción para reclamar más inversión, personal e infraestructuras sanitarias y educativas. La iniciativa, presentada por su portavoz, Juan Pineda, parte de un diagnóstico sobre la saturación de los servicios públicos que el partido relaciona con lo que denomina un "exceso de inmigración". Vox reclama actuaciones tanto al Gobierno central como a la Comunidad de Madrid, aunque es esta última la administración competente en la gestión de la sanidad y la educación públicas en el municipio.
"No podemos seguir aumentando la presión sobre unos servicios públicos que ya están saturados. Los españoles pagan sus impuestos y tienen derecho a recibir una sanidad y una educación de calidad", sostiene Pineda. El portavoz también reclama conocer el coste de la inmigración para el sistema sanitario, combatir el denominado turismo sanitario y garantizar suficientes plazas educativas. La comunicación difundida por Vox no incluye cifras municipales sobre listas de espera, plantillas sanitarias, escolarización o evolución de la población extranjera que permitan establecer la relación causal que plantea.
La propuesta tampoco supone un cambio de rumbo en la política municipal del partido. En abril, Vox ya había presentado en Boadilla otra moción para introducir el principio de "prioridad nacional" en el acceso a ayudas sociales, vivienda y prestaciones públicas. Entonces defendió que los ciudadanos españoles debían tener preferencia en el acceso a determinados recursos y atribuyó parte de las dificultades del sistema al crecimiento de la población extranjera. La iniciativa de octubre recupera ese planteamiento, ahora con especial atención a la sanidad y la educación.
De Madrid a Canarias: las mismas acusaciones llegan a otros plenos
La estrategia no se limita a la Comunidad de Madrid. El 30 de septiembre, Vox anunció en Huesca una moción para reclamar más recursos sanitarios y educativos y exigir cambios en las políticas migratorias. Su portavoz, José Luis Rubió, denunció las listas de espera, la falta de profesionales y las dificultades de algunos centros educativos, antes de vincular esas carencias con las decisiones del Gobierno central en materia de inmigración.
"Los recursos públicos no son infinitos. No se puede prometer todo a todos mientras los españoles encuentran cada vez más dificultades para acceder a una sanidad o una educación de calidad", afirmó Rubió. La formación situó así dos reclamaciones en una misma propuesta: reforzar las prestaciones públicas y endurecer la política migratoria. No obstante, la información publicada por el partido tampoco permite determinar qué proporción de la demanda sanitaria o educativa de Huesca corresponde a población extranjera ni cómo ha evolucionado la financiación de esos servicios.
Una argumentación semejante apareció el 8 de octubre en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Allí, el portavoz municipal de Vox, Manuel Rodríguez Pardo, relacionó los problemas de los centros de salud y los servicios sociales con la falta de planificación, la escasez de recursos y el aumento de la inmigración irregular. El partido solicitó una auditoría sobre el dinero municipal destinado a atender a personas en situación administrativa irregular y sobre sus posibles efectos en la atención a los vecinos. Según el propio grupo, su iniciativa no obtuvo el apoyo de ninguna otra formación.
Los tres casos muestran cómo Vox utiliza las carencias de los servicios públicos para defender modificaciones en la política migratoria, aunque las competencias de las administraciones implicadas no siempre coinciden. La sanidad y la educación dependen fundamentalmente de los gobiernos autonómicos, mientras que las políticas de extranjería corresponden al Estado y los ayuntamientos desempeñan funciones propias en ámbitos como los servicios sociales. Esa distribución competencial resulta relevante para determinar qué administraciones deben responder por los recursos y las deficiencias denunciadas.
El PP no responde igual en todos los municipios
Los antecedentes de esta ofensiva también permiten observar las diferentes respuestas del Partido Popular, socio de Vox en algunos gobiernos territoriales y competidor electoral en otros. En Majadahonda, el grupo de Abascal presentó en marzo una moción contra la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La formación advirtió de que la medida agravaría los problemas de acceso a unos servicios públicos que consideraba saturados, pero su propuesta fue rechazada con los votos del PP.
La situación fue distinta en Pozuelo de Alarcón, donde el pleno municipal aprobó el 19 de febrero una iniciativa de Vox contra esa misma regularización. La propuesta salió adelante con los votos de los 17 concejales del Partido Popular y dos ediles no adscritos, mientras que los representantes del PSOE y Más Madrid votaron en contra. El Ayuntamiento justificó su posición al considerar que la medida gubernamental podía agravar los problemas de convivencia, seguridad y servicios públicos.
La comparación refleja que las propuestas migratorias de Vox no reciben una respuesta uniforme de los populares. Mientras en Pozuelo el PP respaldó la iniciativa, en Majadahonda rechazó una moción de orientación semejante. Tampoco cabe interpretar esas votaciones como una prueba de la saturación que denuncia Vox: acreditan la posición política de los grupos municipales, no las causas de los problemas asistenciales.
Las iniciativas comparten un elemento que va más allá de las medidas solicitadas. Vox vincula las dificultades de acceso a la sanidad, la educación o las ayudas sociales con la inmigración, aunque en las comunicaciones consultadas no presenta un análisis que permita comprobar esa relación en los municipios afectados. Las listas de espera, la falta de profesionales y las carencias de infraestructuras son problemas que pueden documentarse, pero atribuirlos a un único factor requiere examinar la evolución de la población, los presupuestos, las plantillas y la demanda de cada servicio.
El crecimiento demográfico puede aumentar las necesidades asistenciales de una localidad, independientemente de la nacionalidad de sus habitantes. También influyen el envejecimiento, la distribución territorial de los centros y las decisiones de inversión de las administraciones. La mera presencia de residentes extranjeros no permite determinar si existe saturación, ni mucho menos establecer su responsabilidad sobre las deficiencias detectadas. Del mismo modo, conocer cuántos migrantes utilizan determinados servicios no basta para calcular su impacto económico sin tener en cuenta otros factores, incluida su contribución fiscal.
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