Vox se querella contra el presidente de Adif, Marco de la Peña, y la expresidenta del organismo, Pardo de Vera, por un total de seis delitos entre los que se incluye el homicidio imprudente, tras la tragedia de Adamuz a pesar de que no se conocen las causas por las que los trenes perdieron el control.
Según han emitido en un comunicado los de Santiago Abascal, consideran a ambos responsables de una grave negligencia por falta de mantenimiento en las vías ferroviarias.
Al mismo tiempo, solicitan que declare en calidad de testigo el ministro Óscar Puente y la anterior persona que estuvo en el cargo, José Luis Ábalos, entre otros.
Para el partido de extrema derecha, los hechos son "extremadamente graves, con independencia de las distintas causas y de la autoría inmediata, que pudieran haber causado el accidente, bien sea por falta de diligencia, de forma accidental, o una concurrencia de ellas”.
“En todo caso aparece una grave negligencia en la falta de mantenimiento y cuidado de las vías ferroviarias", alega la formación en el documento al que han tenido acceso los medios de comunicación y que aparece en su página web.
En el mismo, destaca cómo la pérdida de vidas, las lesiones de víctimas, y la restitución de la confianza de los usuarios en la utilización del tren obligan "a la investigación a analizar de forma exhaustiva la situación y evolución previa del estado de la red ferroviaria en todo el trayecto", la adjudicación y la ejecución de la "contratación pública al respecto, las personas intervinientes y beneficiadas en las mismas, y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad y salud".
Vox considera que “se puede determinar aquellas personas que deben responder penalmente de los delitos incluidos en la querella, con independencia del análisis de las causas del siniestro que quedará a expensas de la necesaria investigación”, todo ello obviando que la investigación está totalmente en pañales.
La formación de ultraderecha, que es la que más ha polarizado el accidente, señala como “evidente la responsabilidad de los querellados, la existencia de un resultado objetivo como son los fallecimientos, lesionados, y los daños materiales vinculados al accidente”. “Por tanto, se deduce en la exigencia de investigación judicial y la responsabilidad penal de los querellados, dimanante del deber de cuidado inherente a las competencias legales de sus cargos”, completa.
Según Vox, resulta “innegable obviar los diferentes avisos que se han producido a lo largo de los últimos meses (incluso años) en referencia a las incidencias y averías que se han producido en el tramo donde ha sucedido el brutal accidente: por parte de los maquinistas, el sindicato Semaf, InfoAdif y numerosos usuario”.
