Vox vuelve a colocar la inmigración en el centro de su estrategia electoral con una propuesta que ha generado una enorme polémica: revisar la nacionalidad española de más de 300.000 ciudadanos de origen marroquí que han adquirido la ciudadanía durante la última década. La formación de Santiago Abascal considera que estas nacionalizaciones podrían ser fraudulentas por el hecho de que Marruecos no reconoce, en determinadas circunstancias, la renuncia efectiva a su nacionalidad de origen. Una interpretación que, además de presentar importantes matices jurídicos, pone bajo sospecha a cientos de miles de personas que son españolas a todos los efectos.
La propuesta aparece en el programa electoral con el que Vox concurrirá a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Aunque el documento se limita a prometer la "revisión de las concesiones fraudulentas de la nacionalidad", fuentes del partido han ido mucho más lejos al asegurar que consideran fraudulentas todas las nacionalizaciones de ciudadanos marroquíes.
Los datos reflejan la dimensión de la cuestión. Durante los últimos diez años, más de 300.000 personas de origen marroquí han obtenido la nacionalidad española, con una media superior a las 30.000 concesiones anuales. En 2017 se registraron 17.082 nacionalizaciones, mientras que en 2023 se alcanzó el máximo, con 54.027.
El propio Santiago Abascal alimentó esta polémica el pasado 4 de noviembre durante una intervención en Onda Cero. El líder de Vox aseguró que España y Marruecos no tienen un tratado de doble nacionalidad y que, según le habían trasladado algunos notarios, se estaban "regalando" nacionalidades españolas porque los ciudadanos marroquíes no renunciaban realmente a la suya. Sus declaraciones reflejan la intención del partido de convertir una cuestión administrativa y jurídica compleja en un argumento político contra un colectivo concreto.
Sin embargo, la realidad legal es bastante más compleja de lo que plantea Abascal. El artículo 23 del Código Civil español establece que quienes adquieren la nacionalidad deben declarar que renuncian a su nacionalidad anterior, pero no exige presentar un decreto marroquí que certifique su pérdida efectiva. De hecho, el Gobierno reconoció en octubre de 2025, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox, que no existe habilitación legal para exigir esa prueba.
Además, tampoco es correcto afirmar sin matices que la nacionalidad marroquí sea irrenunciable. Su legislación contempla la posibilidad de perderla, aunque el procedimiento es complicado y depende de una autorización oficial que debe publicarse mediante decreto. Esta diferencia entre lo que exige la legislación española y lo que reconoce la marroquí explica que una persona pueda ser considerada española por España y marroquí por Marruecos.
Lo más llamativo es que esta situación no afecta exclusivamente a los ciudadanos de origen marroquí. También existen miles de personas con nacionalidad española y británica o estadounidense, pese a que España tampoco mantiene tratados de doble nacionalidad con esos países. Sin embargo, Vox ha decidido centrar su discurso en la población de origen marroquí.
La propuesta también choca con un límite importante: el Código Civil establece que la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, de buena fe y con base en el Registro Civil, permite consolidarla incluso aunque posteriormente se anule el título que la originó. Por tanto, la pretensión de revisar nacionalizaciones no supone que el partido pueda retirar automáticamente la ciudadanía a todas las personas afectadas.
La ofensiva también alcanza a la Ley de Nietos
La ofensiva de Vox contra las nacionalizaciones no termina con los ciudadanos de origen marroquí. El partido también pretende derogar la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos, que ha permitido a descendientes de españoles emigrados acceder a la nacionalidad. Hasta agosto de 2026, alrededor de 600.000 personas habían obtenido la ciudadanía española al amparo de esta normativa, mientras que cerca de dos millones de solicitudes continuaban pendientes de tramitación.
Abascal ha calificado repetidamente este proceso de "gigantesco fraude" y de mecanismo para alterar el censo electoral. Vox incluso consiguió que el Tribunal Supremo excluyera del censo a 163.000 nacionalizados que no acreditaron ser descendientes de exiliados, e intentó sin éxito retirar el derecho al voto a casi 190.000 hijos mayores de edad de personas nacionalizadas mediante esta ley.
La formación también plantea endurecer los requisitos para conseguir la nacionalidad española. Actualmente, el periodo general de residencia legal exigido es de diez años, aunque existen excepciones, como la de los ciudadanos iberoamericanos, que pueden solicitarla tras dos años de residencia. El argumento de Vox es que la nacionalidad española no debe regalarse. Sin embargo, sus propuestas parecen ir más allá de garantizar el cumplimiento de la legislación.
Otra de las medidas más controvertidas del programa electoral es la intención de imponer impuestos a las remesas que los inmigrantes envían a sus países de origen. En un documento que promete una "rebaja masiva de impuestos" para combatir lo que Vox denomina el "infierno fiscal", esta es una de las pocas subidas tributarias anunciadas y tiene un destinatario muy concreto, la población migrante.
La iniciativa sigue el modelo del gravamen del 1% aplicado por la Administración de Donald Trump a determinadas remesas desde el 1 de enero de 2026. Vox pretende trasladar una fórmula similar a España, aunque la medida podría plantear importantes problemas jurídicos y fiscales. Los expertos advierten de que el dinero enviado por los inmigrantes ya ha tributado en España a través del IRPF y de otros impuestos correspondientes.
La contradicción resulta especialmente evidente. Mientras Vox promete reducir impuestos a empresas y ciudadanos, plantea una carga específica para quienes envían parte de sus salarios a familiares que viven fuera de España. El partido justifica la medida afirmando que el dinero generado en el país debe beneficiar a la economía y a los servicios públicos españoles. Sin embargo, no plantea un gravamen equivalente sobre la repatriación de beneficios de empresas extranjeras.
El programa electoral también recoge otras medidas que endurecerían considerablemente las condiciones de vida de la población migrante. Entre ellas destaca la denominada "prioridad nacional", que pretende dar preferencia a los españoles en el acceso a servicios públicos y ayudas sociales.
Vox va incluso más allá y propone reservar el ingreso mínimo vital exclusivamente a ciudadanos españoles, pese a que actualmente alrededor del 17% de sus beneficiarios son extranjeros. También plantea promover el retorno a sus países de origen de quienes, según su criterio, no contribuyan económicamente o vivan de subsidios públicos, aunque no explica cómo se aplicaría esta medida ni qué garantías existirían para evitar situaciones injustas. A ello se suman propuestas como prohibir el empadronamiento de inmigrantes en situación irregular, impedirles acceder al alquiler de viviendas y limitar su asistencia sanitaria a los casos de "urgencia vital".
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