Vox ha incumplido la ley de partidos al no revelar la identidad del banco que le prestó más de nueve millones de euros para financiar sus campañas electorales de 2023, según informa El País. El partido de Santiago Abascal argumenta que no publica esta información para evitar la "demonización" de las entidades bancarias que les conceden créditos. Sin embargo, la ley de financiación de partidos políticos exige que se hagan públicos los datos de los préstamos, incluyendo la entidad que los concede, el importe, el tipo de interés y el plazo de amortización, en un plazo máximo de un mes tras enviarlos al Tribunal de Cuentas.
Fuentes cercanas a Vox apuntan que una entidad húngara vinculada al primer ministro Viktor Orbán podría ser la responsable de los créditos, pero la falta de transparencia del partido no permite verificar esta información. La ley prohíbe que los bancos subsidien a los partidos mediante la condonación de deudas o la concesión de préstamos con intereses por debajo del mercado.
Las cuentas publicadas por Vox en su web revelan que, por primera vez en su historia, la formación recurrió a préstamos bancarios: uno de 6,5 millones de euros, ampliado posteriormente, para las elecciones generales, y otro de 2,6 millones para las municipales, sumando un total de más de 9 millones de euros. Aunque Vox ha devuelto parte de los créditos, aún quedan pendientes más de 7 millones de euros.
El País también destaca que, en contraste con Vox, otros partidos como el PSOE y el PP cumplen con la ley, publicando de manera detallada los datos de sus préstamos y créditos. La falta de transparencia de Vox podría acarrearle sanciones, ya que la ley califica como infracción grave el incumplimiento de las obligaciones contables.
El contexto político de Vox ha generado más preguntas. En julio, el partido abandonó el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) liderado por Giorgia Meloni, para unirse al grupo Patriotas por Europa, encabezado por Orbán y al que también pertenece Marine Le Pen. Esta decisión sorprendió porque el ECR ya estaba constituido y Vox incluso había obtenido una vicepresidencia. El cambio ha fortalecido el grupo de Orbán, convirtiéndolo en el tercero más grande del Parlamento Europeo, en detrimento del ECR.
Más problemas para Vox
Los problemas patra la formación presidida por Santiago Abascal no dejan de reproducirse. Al margen de la ley de financiación de partidos, incumplida por la extrema derecha, además de sus lazos con los ultras húngaros, cercanos a Vladimir Putin, cabe destacar los dolores de cabeza que están asumiendo internamente.
En lo judicial, esta última semana se conocía que un Juzgado de Madrid inadmitía una de sus querellas por tráfico de influencias contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus trabajos en la Universidad Complutense de Madrid. Además de este fallo, la Audiencia de Madrid ha solicitado las diligencias completas del caso que instruye el polémico juez Juan Carlos Peinado para estudiar si proceder a su archivo.
En lo político, Vox abre el curso político como lo acabó, con tiranteces con las autonomías, a quienes obligó a salirse de los gobiernos autonómicos que colideraba junto al PP. Además, la sombra de una pérdida de votos sigue sobrevolando en la sede de Bambú, con un Alvise Pérez que sigue siendo de cerca los pasos de la extrema derecha española y un PP que aspira a erigirse en la fuerza aglutinadora de la derecha apelando al voto útil frente al Gobierno de Pedro Sánchez y la unidad parlamentaria del bloque de izquierdas.