Una familia compuesta por una madre, su hija y su nieto ha sido desahuciada esta semana en Cornellà de Llobregat (Barcelona). Olga Jérez y Ángeles García, de 65 y 35 años respectivamente, fueron echadas de su hogar junto a un menor de 13 años, que en el momento de la expulsión estaba en clase. Según ha publicado eldiario.es, el piso era propiedad del banco BBVA, que puso en marcha el proceso para desahuciar a una familia que cuando comenzó a alquilar el inmueble, allá por 2013, el casero era un particular que dejó de pagar la hipoteca de buenas a primeras y desapareció para siempre, dejando a las afectadas en una situación de incertidumbre que no han podido resolver al ser ignoradas por todas las partes implicadas. Más de una década después, se ha producido la ejecución inmobiliaria de unas personas que aseguran que siempre quisieron pagar la renta, ya fuera al casero anterior o al banco. A las 12:00 horas del jueves, Ángeles y Olga esperaban en el piso junto a varias profesoras del instituto de su hijo e integrantes del Sindicat d’Habitatge del Baix Llobregat. Desde el salón donde llevaban 13 años residiendo, las mujeres aseguraban estar "agotadas" por la situación, con días sin apenas dormir ni comer y con episodios de estrés y ansiedad severos.
En el portal esperaban a la familia varios vecinos junto a una comitiva de activistas que se había desplazado para brindarles su apoyo. Entre ellos, otra madre del mismo instituto de Secundaria donde estudia el niño, el Neus Català, que también estuvo a punto de ser desahuciada días atrás. El mismo jueves, a su vez, otra familia con niños había sido desalojada también, y los vecinos denunciaban que este tipo de situaciones se han vuelto frecuentes en el barrio. Una vez ejecutado el desahucio, la familia no opuso resistencia y se quedaron a dormir en la casa de una vecina del mismo bloque. Los servicios sociales les ofrecieron alojamiento en un albergue, pero la familia lo rechazó tras ver el estado de la habitación. "Había cucarachas, manchas de sangre, polvo y suciedad. Llevar a un niño a un lugar así no es fácil, es totalmente indigno para cualquier persona", argumentaba Ángeles. "Le dan taquicardias y se queda sin respiración. Imagínate lo que pasaría si lo metemos en un sitio lleno de polvo o humedad", explicaba además sobre el pequeño, que padece diferentes alergias.
La familia se ha pasado meses buscando un alquiler al que puedan acceder, sabedores de que tarde o temprano este momento iba a llegar. "Solo pedía un poco más de tiempo hasta encontrar un piso donde poder ir con mi hija y mi nieto", lamenta la abuela de la familia. "Cualquiera que haya intentado buscar un piso de alquiler sabe lo difícil que es, y más en tan poco tiempo", destaca, por su parte, Alina Rodríguez, miembro del Sindicat d’Habitatge del Baix Llobregat.
El casero, once años desaparecido
Las mujeres ponen el foco en su antiguo casero. Durante los 13 años que han vivido en el piso solo lo vieron dos veces: el día que les enseñó la vivienda y en la entrega de llaves. En 2016, tres años después de entrar como inquilinas, el propietario les pidió que cambiaran el número de cuenta al que ingresaban la mensualidad, alegando que había pasado del BBVA al Banco Sabadell. Sin embargo, nunca les dio el nuevo número de cuenta y tras varios intentos fallidos de ponerse en contacto con él, Ángeles acudió al Banco Sabadell para obtener información, pero le trasladaron que no había cuenta alguna a ese nombre. Desde entonces, el propietario, identificado como Wilmer M., desapareció entre sospechas de haberse ido a otro país porque le debía dinero a algunas personas del barrio, como elucubran algunos vecinos.
En 2022 la familia descubrió que el casero llevaba desde antes de que ellas entraran en el piso sin pagar la hipoteca. Se lo comunicaron desde el juzgado, cuando acudieron a su domicilio a preguntar por el propietario y para informar que la vivienda había pasado ya a manos del banco. Entre 2016 y 2022 la familia buscó maneras de abonar el alquiler, y reconocen que no lo hicieron porque ni podían ni sabían cómo hacerlo ante la complicada situación que les había tocado vivir con la fuga del dueño y el caso omiso del resto de partes. "El problema nunca fue que no quisiéramos pagar las mensualidades, sino que no entendíamos qué pasaba y nadie nos hacía caso", argumenta Olga.
En 2023, con la cosa algo más esclarecida, intentaron negociar con el banco un nuevo contrato de alquiler o incluso la compra de la vivienda, pero aseguran que no recibieron respuesta por parte de la entidad. El BBVA, por su parte, argumenta que en ningún momento se planteó la negociación, sino que simplemente iniciaron el proceso de desahucio "de acuerdo con la normativa".
Veto del PP, Junts y Vox a los hogares vulnerables
Esta familia ha recibido, desde que empezaron los problemas, hasta cuatro órdenes de desahucio. La primera, en junio de 2024, aplazada hasta octubre y postergada nuevamente prorrogó hasta el 5 de febrero de 2025, fecha en que consiguieron retrasarla otro mes. Este jueves ya no hubo más margen para postergar la ejecución. "No encontrábamos ningún piso que pudiésemos pagar, y no nos han escuchado ni han querido negociar nada", lamenta Olga.
Por otro lado, Ignasi Acosta, militante del sindicato, recuerda que hasta hace poco existía un mayor margen operacional para negociar margen gracias a la moratoria estatal de desahucios para hogares vulnerables, pero esta fue vetada a finales de febrero en el Congreso con los votos en contra de PP, Junts y Vox. "A nosotros, quien nos ha ayudado principalmente es el Sindicat. En los servicios sociales no nos escuchaban", argumenta una de las mujeres.
Los servicios sociales del ayuntamiento de Cornellà de Llobregat se defienden alegando que han "intervenido desde el primer momento" asesorando a la familia e intermediando con la propiedad. También sostienen que han presentado al juzgado todos los informes que acreditan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, pero que no han servido de nada. Tras lo ocurrido, la familia se encuentra en lista de espera de la Mesa de Emergencia Habitacional, pero aún no tienen ningún piso asignado, por lo que la única alternativa de la que disponen es el alojamiento temporal en un albergue durante 15 días. Este viernes, los servicios sociales les propusieron trasladarse a otro "más limpio" que el mencionado anteriormente, en el que han dormido en la noche del viernes. Pese a esta calma (si se le puede llamar así siquiera) momentánea, la familia sigue sin una vivienda asignada y con todas sus pertenencias en el rellano del anterior domicilio.